España. Año 2018. Tres policías y una secretaria judicial se presentan en la redacción del Diario de Mallorca y en la delegación de la agencia Europa Press e, invocando una orden judicial, se llevan el teléfono móvil personal de un periodista, ordenadores y diversa documentación.

Y ahora usted me dirá: "Eso es porque han cometido unos terribles delitos". Y tiene razón, cometieron el terrible delito de informar, una cosa que en la España del año 2018, efectivamente, es un terrible delito. Sobre todo cuando las informaciones no gustan a quien tiene el poder para decidir enviar a la policía a llevarse teléfonos móviles personales de periodistas. Pero, para entender la magnitud de la cosa, hagamos memoria de lo que ha sucedido aquí.

Resulta que los dos medios publicaron un informe policial sobre la actividad fiscal de las sociedades de Bartomeu (Tolo) Cursach. La Fiscalía y los abogados de Cursach consideraron que eso implicaba haber cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos e instaron al juzgado número 12 de Palma a investigar quién había filtrado el informe. Y por eso la policía fue a los dos medios y se llevó lo que consideró conveniente. Alegremente.

Pero, ¿quién es el señor Tolo? Pues es un "empresario" de discotecas, hoteles y prostíbulos de Palma y Calvià imputado por (apunte): narcotráfico, pertenencia a organización criminal, extorsión, blanqueo, prevaricación, amenazas, estafa, coacciones, delito fiscal, tráfico de influencias y delito contra los derechos de los trabajadores. O sea, ahora hubiera sido más rápido decir los delitos del código penal por los cuales no está imputado. Después de un año en prisión provisional, salió pagando una fianza de un millón de euros que consiguió reunir en sólo dos horas.

A partir de aquí hay algunos pequeños problemas. El primero es que en las democracias del siglo XXI existe una cosa que le llaman el derecho profesional de los periodistas a no revelar sus fuentes y la policía no te puede obligar a hacerlo, por mucha orden judicial que traiga. El segundo es que el artículo 20 de la sagrada Constitución dice en su punto 1 apartado D que "se reconocen y se protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades". Y el tercero, y en cual nos detendremos un rato, es el que hoy explica Carlos Enrique Bayo en Público.

Según el juez del caso, "Tolo" y Bartolomé Sbert, su mano derecha y director general de turismo en el gobierno de Gabriel Cañellas (PP), usaban agentes y mandos policiales para machacar a inspecciones los negocios de la competencia y hundirlos. A cambio, los policías tenían barra libre, cocaína y sexo gratuito en los prostíbulos. Las investigaciones también sirvieron para saber cosas como que algunos mandos dirigían las operaciones desde estos locales, donde tenían "despacho", y que había establecimientos que por la tarde sólo abrían para atender cargos del PP.

Algunos de los testigos protegidos han sido amenazados y apaleados, cosa que ha provocado deserciones. El fiscal del caso, Miquel Ángel Subirán, ha sido asediado públicamente por grupos de sicarios sin que sus escoltas hayan hecho nada para impedirlo, y ha visto cómo entraban varias veces en su casa para robarle objetos personales como fotos de sus padres que acababan de morir.

Y esto liga con la entrada a los medios de comunicación y el préstamo involuntario de teléfonos personales y ordenadores profesionales. Resulta que la trama mafiosa cree que Subirán es quien filtró el informe que fue publicado y ahora quieren poder demostrarlo para inhabilitarlo, aunque sea saltándose una norma sagrada y un derecho fundamental como es el secreto profesional de los periodistas.

Han vulnerado la sagrada Constitución y el Tribunal Constitucional está haciendo un Harpo Marx. Amenazan y roban en casa de un fiscal y la Fiscalía General del Estado y el CGPJ están Belinda. Estamos ante un atropello masivo de los derechos civiles y aquí todo está más quieto que el despertador de Dembélé.

Una nueva prueba de cómo actúa el poder real en España. Y la demostración que los medios ilegales usados para intentar destruir el independentismo y a sus líderes, serán usados contra cualquiera que les moleste. Por eso en Catalunya se dice aquello de "la cosa ya no va sólo de independentismo sino de derechos civiles y de defensa de la democracia".