En el mundo del deporte, si se descubre que el ganador de una competición obtuvo su victoria ayudado por sustancias prohibidas, no sólo se le sanciona inhabilitándolo para el futuro, sino que se revierte el resultado: se le arrebata el título que obtuvo ilícitamente y su nombre desaparece del palmarés. De alguna forma, se limpia una competición contaminada por la trampa.

En la lucha contra la corrupción política, además de las medidas represivas hay algunos medios –aunque no siempre y no de forma suficiente– para intentar recuperar el daño causado. Por ejemplo, se puede obligar al delincuente a devolver el dinero que robó o a responder de él con su patrimonio.

Pero hay una variedad de la corrupción política que es distinta a todas las demás: el llamado doping electoral. Se produce cuando un partido, sorteando los límites legales, compite en unas elecciones con recursos no autorizados que le sitúan en una posición de ventaja sobre todos los demás.

Es como el tahúr que hace trampas en la mesa de juego, o como si a un equipo de fútbol se le permitiera violar el reglamento, jugando el balón con la mano o ignorando la regla del fuera de juego. Evidentemente, cualquier resultado obtenido de esa manera sería considerado nulo y se dejaría sin efecto.

En España hay normas que regulan el desarrollo de los procesos electorales. Entre ellas están las que se refieren al dinero: las fuentes de financiación de los partidos y el límite de sus gastos. Por desgracia, nuestros legisladores fueron mucho más puntillosos en lo segundo que en lo primero, cuando debería haber sido al revés: es más importante el control de los ingresos que el de los gastos. Como ciudadano, me interesa estar seguro de que cada euro que entra en la caja de un partido es limpio. A partir de ahí, que se lo gasten en spots de televisión o en invitar a gambas a sus militantes me trae sin cuidado, siempre que sea legal.

Quienes han participado desde dentro en una campaña electoral (el firmante de este artículo lleva 60 en el cuerpo) conocen lo que se siente cuando tú llegas al límite de gasto que la ley permite y compruebas que tu adversario te triplica en todo lo que se puede comprar. “O se lo están regalando, o están desbordando escandalosamente el gasto permitido”, he pensado en multitud de ocasiones –casi siempre, para concluir que ambas cosas sucedían.

Esos dos partidos son el Lance Armstrong y el Ben Johnson del doping electoral en España: no se recuerda la última vez que ganaron limpiamente unas elecciones

En todas partes cuecen habas, dirán ustedes. Y es cierto que en todos los partidos se han cocido habas en alguna ocasión. Pero hay dos casos en los que el doping electoral –llamémoslo por su nombre, el robo de elecciones– se ha convertido en una práctica crónica, continuada y sistemática: el Partido Popular y la antigua Convergència Democràtica de Catalunya. Esos dos partidos son el Lance Armstrong y el Ben Johnson del doping electoral en España: no se recuerda la última vez que ganaron limpiamente unas elecciones, respetando las reglas y compitiendo en igualdad de condiciones con sus rivales.

En puridad, no hay diferencia esencial entre esta clase de trampa y la manipulación del escrutinio, la compra de votos o cualquier otra circunstancia de las que adulteran un proceso electoral y lo privan de legitimidad. Es un fraude que afecta al corazón mismo de la democracia. El hecho de que aquí nos hayamos acostumbrado a convivir con ello no le quita ni un gramo de gravedad.

El caso es que, a diferencia de otras estafas, en este caso las consecuencias son irreversibles e irreparables. Es cierto que existen mecanismos de control a posteriori de las finanzas de un partido y de sus gastos electorales. Pero para cuando se ponen en marcha, las elecciones ya han producido sus efectos políticos: el que las ganó ha disfrutado del poder y nadie piensa seriamente en declarar nulas las elecciones –lo que, además, no serviría de nada–. Las sanciones posteriores a los responsables no dejan de ser un triste consuelo.

Como demócrata, me sirve de bien poco que los Bárcenas, Ignacio González o la familia Pujol al completo, junto con todos los individuos de CDC que durante décadas cobraron el famoso 3%, terminen en la trena. Lo cierto es que durante décadas sus partidos ganaron elecciones tramposamente y, por tanto, gobernaron ilegítimamente. Y eso ya no tiene remedio.

Hay que disponer de un remedio previo, anterior a la competición, para impedir que se produzca este tipo de doping

Los controles ex post, por tanto, no sirven. Hay que disponer de un remedio previo, anterior a la competición, para impedir que se produzca este tipo de doping. En realidad está ya inventado, sólo hace falta tener la voluntad de que se aplique a estos supuestos.

El dinero que los partidos emplean para sus campañas electorales es en su inmensa mayoría dinero público. En realidad, anticipan lo que previsiblemente recibirán como subvención por los votos y los escaños obtenidos y, en función de esa previsión, elaboran sus presupuestos de campaña.

Pues bien, basta con aplicar a la gestión del dinero de los partidos el mismo mecanismo de control que funciona en cualquier organismo público. Se llama intervención, y hay un cuerpo de funcionarios cuya función en la vida es justamente esa.

Supongamos que exista un grupo de interventores que trabajen a las órdenes de las Juntas Electorales. En el momento en que se produce una convocatoria de elecciones, al nivel territorial que sea, la Junta Electoral activa a estos interventores y se los adjudica a cada uno de los partidos. ¿Qué significa eso? Que, como sucede en la Administración, en la caja no entra un euro ni sale un euro sin la firma del interventor convalidando la legalidad del ingreso o del gasto. Luego, además, vendría el examen posterior del Tribunal de Cuentas.

Algún jurista escrupuloso preguntará: ¿interventores supervisando a entidades privadas? Primero, habría que debatir hasta qué punto los partidos políticos responden plenamente a la definición de entidades privadas; segundo, el dinero que manejan es público; y tercero, la finalidad es del máximo interés público, puesto que se trata de garantizar nada menos que la limpieza de las elecciones de las que salen nuestros gobiernos.

Un control anti-doping exhaustivo antes, durante y después de la competición. Puede parecer excesivo pero, visto lo visto, no se me ocurre nada mejor para poner freno al latrocinio electoral que padecemos desde hace demasiado tiempo. Como diría el filósofo Mariano, un voto es un voto, un euro es un euro y una urna es una urna. Que así sea para todos.