Seguramente, estos días, amigo lector, acaba de rendir cuentas con Hacienda a través de la declaración de la renta. En el mejor -y más común- de los casos, usted habrá recibido un documento (o se lo ha descargado de la Agencia Tributaria) en qué queda recogido hasta el último céntimo qué ha cobrado del trabajo, de la pensión o de la prestación del paro. En el mismo documento ya sale reflejado lo qué se le ha retenido en concepto de IRPF, de aportación de la seguridad social y demás. Si acaso usted, amigo contribuyente, tiene algún otro factor a su vida que Hacienda puede pensar que es de interés fiscal, no tenga ningún tipo de duda que le saldrá reflejado en este documento. Si usted tiene un piso en propiedad, le saldrá. Si usted tiene menores a cargo, le saldrá. Y evidentemente si usted ha percibido algún otro ingreso fuera de la nómina, no se preocupe de que le saldrá porque el pagador, a su vez, ha comunicado a Hacienda que ha hecho este pago. La Agencia Tributaria, que tiene el mejor engranaje de información de toda Europa, se habrá encargado de cruzar los datos.

Por todo ello, al final de todo del borrador de la declaración de la renta, le saldrá un juego de sumas y restos que concluirá con una casilla donde está la cifra que, según Hacienda, le corresponde pagar o cobrar como diferencia de lo qué ya pagó el año anterior en impuestos. Si por un casual, el año pasado usted incorporó un elemento nuevo que piensa que Hacienda tiene que tener en cuenta, la Agencia Tributaria le da la posibilidad de introducirlo: aportaciones que desgravan, obras en el piso, donaciones a fundaciones, lo qué sea. Estos nuevos datos repercutirán en aquel juego de sumas y restos y la cifra será diferente: o no tendrá que pagar tanto, o tendrá que cobrar más, o tendrá que pagar más y quizás no cobre tanto. Y no se preocupe de que Hacienda tiene hasta cinco años para comprobar que estos datos que ha introducido son ciertos, con el concepto adecuado y las cantidades correctas. Si no, le vendrá lo qué popularmente se conoce como una inspección fiscal aunque ya no hay que imaginar a un señor vestido de negro en la puerta de casa sino que, al principio, solo es un correo electrónico certificado donde se le piden explicaciones y aportación de nuevos documentos. Ah, y dé por hecho que, con inspección o sin ella, a la declaración del año que viene (la correspondiente a este ejercicio) le preguntarán si aquel dato que usted introdujo manualmente se sigue dando. Todo es para comprobar que si ha habido un aumento importante de patrimonio lo declare correctamente y pague lo qué le corresponde.

Para poder percibir cualquier ayuda, subvención o paga pública hay unos mecanismos de control extenuantes

Sin embargo, cuando es usted que le pide a la administración pública algún tipo de ayuda o subvención -aparte que le vuelven a pedir la mayor parte de los datos que ya tiene vía declaración de la renta- le solicitan que justifique hasta la extenuación la veracidad de las cifras y la necesidad de aquel dinero. Si usted ha comprado un coche eléctrico y se quiere beneficiar de aquellas deslumbrantes ayudas del plan Moves, a la instancia tiene que hacer constar todo. Todo quiere decir los papeles del vehículo antiguo, el certificado que el coche antiguo había pasado las ITV, el certificado que el vehículo ha quedado desballestado, los papeles del coche nuevo, el permiso de circulación y el comprobante que se ha pagado el coche. Dejando de lado que la mayoría de papeles ya los tiene la misma administración (DGT, ITV, etc, etc...), el control para percibir esta ayuda es muy alto. Si eso pasa por un solo pago puntual, imagínese qué no pasará por la percepción de una paga mensual que puede ser crónica. Para la obtención de la ayuda a la dependencia, aparte de mucha paciencia, hacen falta varios informes médicos, la visita de varios asistentes sociales, toda la documentación sobre la situación social, económica, familiar y física de la persona beneficiaria y finalmente se ha descartado pedir extracto en polvo de cuerno de unicornio, la sangre de una yegua virgen y dos de las siete bolas de dragón.

En el caso de la contratación entre empresa privada y administración pública, estos controles son todavía mayores. Si usted es o conoce a algún empresario, pequeño, superpequeño, medio o grande y que ha sido proveedor de la administración pública sabrá de qué le hablo. Me ahorro la lista porque estamos en fin de semana y también querría que disfrutaran de un tiempo de ocio pero los requisitos que se reclaman son numerosos, requieren mucho tiempo y dedicación reunirlos, y se multiplica todavía más la sensación de que todo ello, con un simple cruce de datos entre administraciones, podría ser más sencillo. A eso hay que añadir la especificación de cada contrato: si es una obra pública la documentación aumenta de manera exponencial: informes medioambientales, de seguridad jurídica, de seguridad laboral, de solvencia financiera además de inspecciones de todos estos ámbitos. Si, además, el contrato con la administración supera los 15.000 euros (lo qué se conoce como un contrato menor), se entra en la dimensión del concurso público en que intervienen otras empresas del sector y la decisión de si se contrata o no ya no la toma un funcionario sino una especie de tribunal de la contratación. Antes no llega a ser firme esta decisión hay otro proceso largo y empinado lleno de de palabras como licitación y adjudicación y que a su vez se puede impugnar, recurrir e incluso judicializar, por lo tanto, ralentizar. (Por cierto, los llamados contratos menores tienen un control más bajo que los mayores pero tampoco están exentos de control: una vez finalizado hay que justificar con facturas precisas el gasto hecho).

La ciudadanía tiene derecho a saber cómo, técnicamente, es posible que haya casos Santos Cerdán, Koldo y Ábalos

Este artículo no es para criticar todos estos mecanismos de control y transparencia (que tienen una función bien noble dado que hay dinero público por el medio) sino para describir la disparidad que hay entre el común de los mortales y el sistema político. ¿Cómo es posible el caso Santos Cerdán? ¿Cómo es posible tanto Koldo y tanto Ábalos? Con todos estos controles, con todas estas prevenciones... ¿cómo es posible que todavía hoy, en pleno 2025, sea posible poder desviar centenares de miles de euros? Y hacerlo, además, con la facilidad - "50 y 10 son para ti"- con las que se pueden arreglar estas cantidades sin que pasen por los radares que sí detectan irregularidad en una factura de 135 euros de un electricista con NIF equivocado en una reparación de un piso de 60 metros cuadrados.

La pregunta - "cómo es posible"? -" no es naif ni ingenua ni demagógica. ¿Este "cómo es posible"? requiere una explicación ante todo técnica. Hay que saber qué ha fallado. De la misma manera que hay que averiguar qué pasó con los dispositivos de aviso a la población valenciana el día de la DANA, o qué falló para que una menor bajo la tutela de la DGAIA acabara en manos de una red de prostitución, conviene recorrer la trazabilidad del dinero para encontrar el punto exacto del proceso donde hubo el escape. Insisto, no es un juicio moral sobre el sistema (que ya vendrá después) sino una revisión exhaustiva sobre el procedimiento técnico. La ciudadanía, que estos días acaba de hacer la declaración de la renta, necesita saber cómo es posible que se hayan podido saltar estas garantías de control en obras públicas de gran magnitud (cómo lo son, por ejemplo, las obras de la autopista A11). Y que durante años, siete como mínimo, hayan podido hacer y deshacer en espaldas de esta estructura administrativa.

El estado tiene atajos, túneles secretos, paredes de doble fondo y cloacas que permiten escapar del radar; un estado paralelo al que solo tienen acceso PP y PSOE

Y seguramente, y ahora sí que entra el juicio moral, la conclusión será que en las entrañas del estado están los atajos, túneles secretos, paredes de doble fondo y sí, cloacas, donde todo eso es posible. Para poder escapar de estos mecanismos tiene que haber, a la fuerza, otros mecanismos propios de un estado, de un estado paralelo, que permite la libre circulación (aquí sí y no Schengen), de personas, dinero y mercancías. Este estado paralelo lo han tejido PSOE y PP a partes iguales y comporta el concurso de todos los resortes del estado, desde la Agencia Tributaria pasando por los altos cargos de ministerios, policías patriotas, UDEF y, cómo no, la madre de todos los controles, el judicial, con fiscales de confianza, jueces de partido y en última instancia Tribunal Supremo que es el único que puede imputar y desimputar diputados al Congreso porque están aforados. (A estas horas, Santos Cerdán todavía es diputado porque no ha entregado el acta y por lo tanto puede destruir pruebas o marcharse al extranjero porque solo lo puede frenar el alto tribunal)

La tentación general de poner a todos los políticos en el mismo saco es muy alta, pero que conste que ni que todos quisieran ser corruptos (cosa que es falsa porque la mayoría trabajan desde la nobleza y la honorabilidad) solo unos pocos tienen la capacidad técnica de poder ser considerados como iguales dentro de este "todos son iguales". Incluso aquí hay una casta, porque solo unos -los del PP y el PSOE- tienen a su alcance este estado paralelo mientras que el resto, igual que los contribuyentes que ahora acaban de hacer la declaración de la renta, tienen que rendir cuentas al estado que todos conocemos, aquel que te persigue si no le cuadra la factura de un electricista. Por eso, ahora que está el debate sobre si sacar un partido para poner otro, se piensa si la mejor manera de cambiarlo todo es, en el fondo, cambiar de estado y así marcharse de los dos: del estado que conocemos y del estado paralelo.