La reciente decisión del vicepresidente del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) es, por definición, provisional, por eso se trata de una medida cautelar; incluso, en este caso, más bien cautelarísima, por lo que no cabe dar la batalla por ganada. Pero sí podemos afirmar que, prima facie, tenemos un buen caso en la defensa de los derechos de los eurodiputados catalanes, de sus votantes y de todos aquellos que seguimos creyendo en la democracia y en la seguridad jurídica.

La resolución, adoptada inaudita parte —sin esperar a las alegaciones del Parlamento Europeo—, lo que hace es establecer, prima facie, que, de una parte, los motivos en base a los cuales estamos pidiendo la anulación de la decisión del 9 de marzo pasado, mediante la cual levantaron la inmunidad al president Puigdemont, a Toni Comín y a Clara Ponsatí, estarían bien fundados y, de otra, que de no acordarse la suspensión de tal medida, el daño podría ser irreparable, toda vez que en cualquier momento se habrían podido ejecutar las euroórdenes que son la base del suplicatorio remitido por el juez Llarena.

Ahora bien, lo auténticamente relevante es que la base de la demanda principal, que será la madre de todas las batallas judiciales que hemos emprendido en Europa, se basa, sustancialmente, en que los motivos por los cuales se pidió el suplicatorio, y por los que se reclama la entrega de los eurodiputados, no es otra cosa que una persecución política instada por un tribunal incompetente para entender de esos hechos.

Pero nuestra demanda no solo se basa en la persecución política, también en una serie de vulneraciones de derechos fundamentales y arbitrariedades cometidas por y en el Comité de Asuntos Legales (JURI) del Parlamento Europeo, dirigido por la incompetente batuta de Adrián Vázquez, quien de derecho sabe lo mismo que yo de danza japonesa clásica.

Cientos de páginas de alegaciones, miles de folios de documentos probatorios y unos acabados y milimétricamente calculados argumentos jurídicos que fueron, en todo momento y de manera arbitraria, desestimados, ignorados, silenciados y ocultados por Adrián Vázquez y su equipo. Lo que nunca quiso comprender es que todo lo que íbamos presentando, diciendo y haciendo no era “filibusterismo procesal”, como más de alguno lo llamó, sino estudiados movimientos de piezas en un complejo tablero que él siempre fue incapaz de entender… Seguramente sigue pensando que lo ha hecho bien.

Sobre la base de todo eso hemos articulado una demanda principal, pendiente de resolverse, y una solicitud de medidas cautelares que es, justamente, lo que nos acaban de conceder al entender que, prima facie, hay caso y tendríamos sólidos argumentos para que se nos diese la razón.

El mismo día en que el Tribunal Constitucional deniega el amparo a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, el TGUE considera que, por los mismos hechos, hay, prima facie, motivos para entender que estamos ante una persecución política y una vulneración de derechos fundamentales

Lo lamentable de todo esto es que hayamos tenido que llegar tan lejos y sufrir tantas incomprensiones y tantos ataques para que se entienda lo serio, relevante y vinculante que es el derecho de la Unión y lo absurdo y contradictorio que, mientras todo esto se consigue fuera, aquí se siga discutiendo si son o no eurodiputados. Sí, la sala tercera del Tribunal Supremo —esa que en caso de recurso tendrá que resolver sobre los indultos— sigue sosteniendo que no han alcanzado esa condición, porque no han ido a jurar la Constitución en Madrid.

Igual de tremendo es que, el mismo día en que el Tribunal Constitucional deniega el amparo a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, el TGUE considere que, por los mismos hechos, hay, prima facie, motivos para entender que estamos ante una persecución política y una vulneración de derechos fundamentales… Pero más que aberrante, en realidad, resulta preocupante, como preocupante es que sigan silenciando cuál es el auténtico problema que afecta al estado español y que no se llama Puigdemont.

Aun cuando muchos no lo quieran ver, no hemos dicho ni planteado nada distinto a lo que venimos sosteniendo en estos tres años y medio —desde el 2 de noviembre de 2017— y, paso a paso, se va demostrando que solo en y desde Europa se podrá solucionar la parte judicial de un conflicto que, como tantas veces he dicho, no es jurídico sino político.

Desmontar el andamiaje judicial creado para acabar con el independentismo catalán no es tarea sencilla, algunas veces ingrata y otras hasta muy peligrosa, pero, sin duda, como profesional del derecho que soy, es hora de dar las gracias tanto por la confianza depositada como por la oportunidad que se me brindó de poner al servicio de los derechos y libertades todo aquello en lo que creo: el derecho es, entre otras muchas cosas, un instrumento para cambiar la realidad.

La batalla final, la madre de todas las batallas jurídicas, ya ha comenzado y lo ha hecho bien, pero, lo importante es saber cómo termina y, en esta ocasión, prima facie, parece que el resultado puede decantarse del lado de la razón, del lado de la sensatez, del lado de la seguridad jurídica

En cualquier caso, y a lo que aquí estábamos, he de decir que la demanda de anulación que hemos presentado, y que prima facie está bien fundamentada, no debe ni puede ser vista como un ataque al Parlamento Europeo, porque no lo es y, además, porque, en realidad, lo que estamos defendiendo es la propia integridad del Parlamento y los derechos de sus miembros.

Todo, absolutamente todo lo alegado en nuestra demanda se fundamenta en principios básicos de la Unión Europea —aquellos sin los cuales no tendría razón de existir—, en los derechos fundamentales reconocidos y asumidos por la Unión y, sobre todo, en la necesaria protección que han de tener todos los miembros del Parlamento para ejercitar sus respectivos mandatos y la representación que ostentan de los ciudadanos de la Unión, sin coacciones ni presiones de ningún tipo… incluso, o, sobre todo, aquellos diputados que representan a minorías nacionales.

La batalla final, la madre de todas las batallas jurídicas —con cuyo resultado debería despejarse el terreno para la solución política—, ya ha comenzado y lo ha hecho bien, pero, como en todo desafío, lo importante es saber cómo termina y, en esta ocasión, prima facie, parece que el resultado puede decantarse del lado de la razón, del lado de la sensatez, del lado de la seguridad jurídica.

Lo que ya no tengo tan claro es si la reacción a este buen comienzo será conforme a derecho, dentro de las reglas del fair play, o, más bien, irá por el lado de la sinrazón, de la fuerza y de la arbitrariedad en forma de lawfare… Y lo digo porque cada vez que ganamos algo, de una u otra forma, termino perdiendo algo y acercándome a un destino que algunos parecen tener ya escrito.

La experiencia me está demostrando que los éxitos europeos, puestos en una línea de tiempo, corren siempre en paralelo a mis problemas judiciales. Seguramente, no es más que una casualidad, pero, prima facie, no lo parece.

En todo caso, hagan lo que hagan, al final queda claro que, mientras algunos son capaces de las más abyectas acusaciones, otros dedicamos nuestro tiempo a seguir trabajando para, prima facie, dejar claro que sabemos lo que estamos haciendo, que estamos en el lado correcto de la historia y que lo seguiremos haciendo… mientras nos lo permitan. Seguimos.

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