La velocidad con que pasa la vida por delante y los distintos acontecimientos que van ocurriendo en torno al conflicto político entre España y Catalunya hace que en muchas ocasiones no seamos conscientes ni de lo sucedido, ni de lo conseguido y, mucho menos, de sus consecuencias. Con la reciente sentencia belga, por la cual se deniega la entrega del conseller Lluís Puig, sucede lo mismo y no debería ser así.

La estrategia del exilio, que no fue mía sino de quienes asumieron dicho desafío y sus consecuencias, ha demostrado no solo ser exitosa, que lo es, sino, sobre todo, que era la vía correcta para conseguir desjudicializar el conflicto político y llevarlo al terreno del que nunca debió salir: el de la política.

Un recorrido por la faceta judicial del exilio demuestra ambas afirmaciones, por ello conviene recordar sus diversos momentos.

Mientras la Audiencia Nacional, primero, y el Supremo, después, enviaban a prisión a los líderes políticos catalanes, la justicia belga dejaba en libertad a otros, exiliados, por entender que la prisión el último paso a la que debe acudir cualquier sistema penal de un estado democrático (noviembre de 2017).

Luego, y ante el riesgo de perder de entrada el partido de las OEDE, se retiró la demanda de entrega para evitarse, de esa forma, un revés que habría puesto al Tribunal Supremo donde precisamente se encuentra ahora (diciembre de 2017). Este mismo temor llevó a no cursar una nueva OEDE a Dinamarca, permitiendo así la libre circulación fuera de España del president Puigdemont (enero de 2018).

Después de que el Tribunal Supremo interviniera directamente en la conformación del Govern de la Generalitat, por la vía del encarcelamiento, entre otros, de Jordi Turull, la justicia europea fue golpeando una y otra vez las tesis del Supremo: en Bélgica, una vez más, se mantuvo en libertad a los consellers que allí residían (Comín, Puig y Serret), otro tanto hizo Escocia (Ponsatí) y la propia justicia alemana, después de 12 días de prisión, dejó también en libertad al president Puigdemont.

¿Qué se ha de ganar para que se entienda que esta persecución debe terminar y que el conflicto político ha de resolverse única y exclusivamente en el ámbito de la política?

Como si nada de eso fuese bastante, en mayo de 2018 la justicia belga se negó a continuar la tramitación de las OEDE remitidas por el Supremo al entender que las mismas venían mal formuladas y carecían de una orden nacional de detención válida, aplicando así la doctrina Bob-Dogi que ya había establecido el TJUE.

El hasta entonces mayor revés del Supremo vino de la mano de la decisión del Tribunal Supremo de Schleswig-Holstein, que en julio de 2018 determinó que no podía entregar al president Puigdemont porque los hechos descritos y defendidos por el Supremo no eran constitutivos de delitos de rebelión, sedición o desórdenes públicos. El trauma y las prisas llevaron a una tardía retirada, por segunda vez, de las OEDE que se habían cursado.

Las candidaturas europeas y el reconocimiento de la condición de eurodiputados, sin tener que pasar por Madrid a jurar la Constitución, fue otro anunciado revés judicial, esta vez de la mano, primero, del TJUE con sus resoluciones de 19 y 20 de diciembre de 2019 y, luego, del propio Parlamento Europeo aún cuando, hasta la fecha, el Supremo, contraviniendo el derecho de la Unión Europea, se niegue a reconocerles la inmunidad dentro de las fronteras del estado español.

La tercera ronda de OEDE cursadas —tras el dictado de la sentencia del procés— en contra de los exiliados va demostrando tener el mismo y escaso recorrido jurídico que las anteriores; en esta ocasión, la justicia belga, basándose en los dictámenes del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y en consolidada jurisprudencia del TJUE ha establecido que el Tribunal Supremo no es el órgano judicial competente para investigar y enjuiciar a los políticos catalanes por los hechos de octubre de 2017.

La reciente resolución belga dictada en el caso de Lluís Puig no solo es un revés más para las tesis del Tribunal Supremo, sino que, por sus implicaciones, ha de entenderse y asumirse como un punto final de la vía penal que se adoptó, erróneamente, como forma de “solucionar” el caso catalán.

El resumen de lo conseguido hasta ahora bien puede ser el siguiente: el encarcelamiento no era la solución ni contaba con amparo legal, el abuso de las OEDE no se permite por parte de los tribunales de los distintos países europeos, los hechos no son constitutivos de delito alguno y, ahora, ha quedado demostrado que el Supremo no es el tribunal competente para entender de esos hechos.

Solo cabe preguntarse ¿qué se ha de ganar para que se entienda que esta persecución debe terminar y que el conflicto político ha de resolverse única y exclusivamente en el ámbito de la política?

El Tribunal Supremo no es competente para estos hechos y personas, así lo han dictaminado la ONU, Amnistía Internacional, otras ONG y, ahora, la justicia belga. Es cuestión de tiempo, menos del que muchos creen, que el Parlamento Europeo, en el seno del procedimiento del suplicatorio, llegue a la misma conclusión y, además, si no lo hace el Parlamento lo hará el TJUE.

Otro tanto ocurrirá, si las cosas se hacen bien, cuando las condenas dictadas por el Supremo lleguen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A partir de la “sentencia Puig” ya es cuestión de tiempo que se desmorone un castillo de naipes que ha servido para construir relatos, pero no para hacer buen derecho ni solucionar nada, sino todo lo contrario.

El costo para la credibilidad de España ya es muy alto, pero si se deja ir más lejos y se permite que el Parlamento Europeo o el TJUE dictaminen la falta de competencia del Supremo estaremos ante una debacle de unas dimensiones que muchos no son capaces de imaginar, pero que deberían ir haciéndose a la idea.

Sin embargo, no solo estamos ante un elevado costo reputacional, también económico, porque el esfuerzo persecutorio sustentado en premisas jurídicas que se han demostrado equivocadas está siendo, igualmente, muy elevado sin que hasta la fecha nadie se haya hecho responsable del mismo.

Ahora que ya hemos demostrado cuál ha sido el error (...) y que hemos derrotado a la represión (...) toca aplicar la imaginación

Nada podrá borrar ni reparar el daño que este proceso represivo ha generado, tampoco el dolor infligido, pero todos somos adultos y podemos pasar página si ese es el precio que pagar por avanzar en una solución.

Estoy convencido de que, demostrada la inviabilidad de la vía represiva y lo falaz de las tesis jurídicas en que se ha sustentado la represión que no han superado ninguno de los filtros europeos, va siendo hora de que abogados, fiscales y jueces nos hagamos a un lado y sean los políticos quienes asuman la solución de un conflicto político e histórico que jamás debió judicializarse.

Catalunya y España, España y Catalunya están condenadas a vivir como vecinos y, lo más sensato, lo más racional y los más necesario en momentos como el que vivimos es que se busque la fórmula por la cual ambos pueblos puedan vivir en buena vecindad; esa fórmula no sé cuál es, pero, sin duda, no podrá ser impuesta sino consensuada.

Básicamente, ahora que ya hemos demostrado cuál ha sido el error y que, flecos más flecos menos, hemos derrotado a la represión, creo que toca hablar, toca generar confianzas mutuas, toca flexibilizar las posturas, toca empatizar, toca entender al otro, toca aplicar la imaginación… en definitiva toca hacer política y hacerla con mayúsculas.

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