Hasta ahora, no éramos muchos lo que creíamos que la judicialización de la política fue un error, y menos aún éramos los que también pensábamos que las altas instancias jurisdiccionales españolas hacen política. Ahora, después de la emisión del preceptivo informe previo a los indultos por parte de la sala segunda del Supremo, seguramente seremos más quienes así veamos las cosas.
El informe es preceptivo y que sería negativo es algo que todos podíamos intuir, pero, a la hora de confrontarse con la realidad en la que estamos sumidos desde hace ya mucho tiempo, su contenido ha sido un auténtico balde de agua fría para quienes, considerándose demócratas, seguían creyendo que el problema eran los independentistas y no las altas instancias jurisdiccionales.
El contenido del informe, que es preceptivo, pero no vinculante, no solo representa un baño de realidad, sino que refleja muy bien el cómo, el por qué y el hasta dónde están dispuestos a llegar quienes se creen investidos de legitimidad, ya no digo democrática, para regir los destinos del Estado.
Buscar matices jurídicos en un informe tan político es una pérdida de tiempo. En realidad, estamos ante un escrito que, primero, sirve de desahogo a muchos de los cuestionamientos que se han venido haciendo sobre la actuación de la sala segunda en el caso del procés y, luego, refleja una concepción del derecho penal, de las estructuras del Estado y de conceptos básicos que es incompatible no ya con la realidad, sino con cualquier entendimiento razonable de lo que ha de ser un estado democrático y de derecho.
Entre las múltiples dislocaciones que presenta el informe, destaco solo algunas que no dejan de sorprenderme, por lo alejadas que están de la realidad.
La judicialización de la política tiene estas cosas: se da entrada en debates y problemas políticos a quienes ni pueden, ni deben, ni están capacitados para hacer política
El informe parte criticando a todos aquellos que, con mayor o menor acierto, han solicitado los indultos para los presos políticos. En realidad es el desahogo ante lo que han ido cosechando en Europa en materia de vulneración de derechos fundamentales partiendo por el derecho al juez predeterminado por ley.
También entran en una suerte de recorrido por el derecho comparado, una versión muy sui generis de lo que es una comparativa entre ordenamientos, en el que citan las normas referidas a la rebelión-sedición en distintos países de nuestro entorno. En realidad no es más que un fuego de artificios impropio de juristas de tan alto nivel.
Solo citaré un ejemplo: hablan del artículo 81 del Código Penal alemán que contempla el delito de alta traición que, a pesar de Schleswig-Holstein, ellos siguen creyendo que es el equivalente a la rebelión-sedición española. Hablo de rebelión-sedición porque a lo largo del informe no hacen más que confundir ambos tipos penales.
Como estamos ante un informe más político que jurídico, se dejan de lado todo aquello que no les conviene y se centran en lo que piensan puede reforzar sus planteamientos. Omiten, por ejemplo, todo el encabezado del citado artículo 81, que comienza diciendo “el que con violencia…” y lo hacen para justificarse, no para comparar ordenamientos.
Pero más grave aún, el informe omite algo que es esencial: los hechos y las pruebas que ellos usaron para condenar a los presos fueron evaluadas por el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, en el caso del president Puigdemont, y llegaron a la conclusión de que esos hechos no eran constitutivos de ningún tipo de delito, ni rebelión, ni sedición (derogada en Alemania por antidemocrática) ni de desórdenes públicos.
Un informe jurídico, que no político, con un mínimo de rigor habría entrado en ese tema, por mucho que les incomode, y habría dado algún tipo de razonamiento, discrepante claro está, a lo resuelto en Alemania, pero, como de lo que se trata es de seguir haciendo política, terminaron por omitir cualquier referencia a una sentencia, la alemana, que tanto les incomoda y que, lamentablemente, no fue usada durante el juicio del procés.
Otro de los temas que me han llamado la atención es cuando entran en eso de la “autoamnistía” y que la atribuyen a regímenes totalitarios. Al respecto basta con decir que no estamos en ese escenario y que, además, si hay alguien que ha amparado la impunidad, por ejemplo, la del franquismo en la mal interpretada Ley de Amnistía, ese ha sido el propio Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
El informe no está destinado exclusivamente a devastar las expectativas personales de los presos políticos, sino a poner a Pedro Sánchez en una situación tan compleja que, haga lo que haga, quede tocado
La concesión de los indultos, esa zanahoria tan manoseada y paseada por la escena política desde hace ya más de un año y medio, es una decisión política, de un poder del Estado ―el Ejecutivo― y que no puede ni debe ser condicionada por criterios políticos de un órgano jurisdiccional que solo ha de hacer consideraciones propias de la judicatura y no de la política.
La judicialización de la política tiene estas cosas: se da entrada en debates y problemas políticos a quienes ni pueden, ni deben, ni están capacitados para hacer política. En democracia el poder judicial no puede ser deliberante, en el sentido de adentrarse en disquisiciones políticas… Es lo mínimo que se demanda de ellos, como en otras geografías y momentos históricos se ha demandado de los militares.
Tan grave es que los militares decidan hacer política como que esta la hagan los jueces, porque ambas actuaciones conllevan el mismo resultado: un debilitamiento de las instituciones y una involución a tiempos que se insisten son pretéritos, cuando, es evidente, no lo son.
El informe, que como digo más parece un desahogo y un claro posicionamiento político, no está destinado exclusivamente a devastar las expectativas personales de los presos políticos, sino a poner a Pedro Sánchez en una situación tan compleja que, haga lo que haga, quede tocado, quién sabe si definitivamente.
Si termina por no dar los indultos, habrá claudicado ante la derecha más rancia y traicionado lo acordado con algunos de sus apoyos de investidura. Si finalmente los da, es bastante probable que la sala tercera del propio Supremo haga suyos los razonamientos del informe y termine revocando tal medida. En ambos casos, los mayores damnificados, junto con los presos, serán el propio Sánchez y quienes se han dejado condicionar políticamente por esa zanahoria que vienen blandiendo desde las pasadas elecciones generales.
Ahora bien, aparte de los concretos damnificados a los que ya me he referido, no cabe duda de que el mayor perjudicado con un informe de estas características es el propio sistema democrático, que ve cómo, sin sonrojo, un tribunal se pone a hacer política, a marcarle las pautas, invadiendo su esfera de competencias, al poder ejecutivo y, por qué no decirlo, a continuar condicionando la vida y la agenda política del Estado y de Catalunya… En definitiva, estamos ante un informe que, más temprano que tarde, terminará, en y ante Europa, por poner en evidencia lo que llevamos años diciendo.