Ante situaciones extraordinarias se ha de reaccionar, primero, con serenidad y, luego, con altura de miras. Lo resuelto por un sector de la Junta Electoral Central (JEC) sienta un precedente inédito en la historia electoral del Estado español y también de Europa: los cabezas de lista de la candidatura del president Puigdemont han sido excluidos de la misma no por razones jurídicas, sino políticas y eso no se puede tolerar.

Cuando suceden este tipo de arbitrariedades absolutamente escandalosas cada uno es libre de actuar como mejor considere pero, como siempre he dicho, en materia de derechos humanos y civiles la equidistancia es complicidad y, en lo que a mí respecta, nunca me haré cómplice de tales abusos.

La decisión de la JEC es una injusticia que, en primer lugar, afecta al derecho de sufragio pasivo del president Puigdemont y los consellers Ponsatí y Comín, pero también, y con igual gravedad, al derecho de todos los catalanes y españoles a votar libremente a quienes consideren oportuno. Se llama pluralismo democrático y afecta a los derechos de todos porque estamos ante unas elecciones que son en circunscripción única.

No existe impedimento legal alguno para que los tres se presenten a las elecciones como no lo existió para que Lluís Puig se presentase a las pasadas generales ni Clara Ponsatí se presente a las próximas municipales ni, todos ellos, que se presentaron a las del 21-D; no habiendo impedimento legal, es evidente que se trata de una decisión arbitraria, aberrante y políticamente motivada que, además, se ha notificado a mis defendidos en el último momento y con la intención de impedir que ni siquiera la lista que ellos encabezan se pudiese presentar.

El objetivo era silenciar a una parte importante de los electores catalanes con los que se puede estar o no de acuerdo; lo que ningún demócrata puede tolerar es que a ese o a cualquier otro sector de la sociedad, sea más o menos amplio, se le impida tener una lista electoral que les represente y a la que quieran votar. La cosa ya no va de gustos políticos ni de ideología, sino de democracia.

Desde que asumí la defensa de los exiliados nada ha sido sencillo, pero todo se ha hecho desde el más absoluto convencimiento de estar en el lado correcto de la historia. Y sigo pensándolo; los acontecimientos y la forma arbitraria e ilegal de actuar de la JEC, que en esto no está sola, obligan a llevar la defensa hasta sus últimas consecuencias, como no podía ser de otra forma, y, sobre todo, asumiendo los costos personales y profesionales que sean necesarios.

Los derechos humanos y también los civiles y políticos no son patrimonio de la izquierda sino del conjunto de la sociedad y su defensa es obligación de todos. No existirá una sociedad igualitaria, justa y democrática si todos los que la componemos no podemos sentirnos parte de ella y a todos se nos reconocen y garantizan esos derechos por lo que, jamás, se podrá exigir carnet ni certificado ideológico para reclamar y proteger los derechos fundamentales de aquellos a los que se les pretenda vulnerar.

No nos confundamos, aquí la cosa ni va de candidatos ni va de partidos, simplemente va de democracia sí o democracia no 

A muchos les habrá sorprendido mi decisión pero creo que si analizan lo que hemos venido haciendo y defendiendo en este último año y medio sabrán que con mis defendidos, a quienes también represento provisionalmente en la lista electoral, me une el compromiso en la defensa de los derechos humanos, de los derechos civiles y políticos y del derecho de todos a decidir, que en derecho internacional y en palabras del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se denomina “derecho de autodeterminación”. Igualmente, nos une la creencia de que el mejor sistema político es el democrático y en el marco de una república.

Cuando se dan golpes desde el Estado o golpes de estado, uno siempre tiene que saber en qué lado ponerse y quienes amamos la libertad, la democracia y los derechos fundamentales no podemos tener dudas sobre cuál es ese lado; tampoco podemos, o no deberíamos, guardar silencio porque en momentos como este los silencios son complicidades.

No nos confundamos, aquí la cosa ni va de candidatos ni va de partidos, simplemente va de democracia sí o democracia no y, ante este desafío de la JEC, cada cual tendrá que hacer examen de conciencia y decidir dónde quiere estar. La resolución de la JEC aboca las próximas elecciones europeas a un marco refrendario en el que no caben ni tacticismos ni partidismos.

La lista que encabezan el president Puigdemont y los consellers Ponsatí y Comín, cuya defensa tengo encomendada y a quienes provisionalmente sustituyo, es la candidatura represaliada por la JEC en estas elecciones y, con independencia de las cercanías o lejanías ideológicas, sabiendo quiénes son las víctimas, todos podemos saber dónde posicionarnos y a quién apoyar.

En el fondo, llegados a este punto del conflicto y parafraseando a Hannah Arendt, aquí lo que hay que determinar es si estamos a favor o en contra del “derecho a tener derechos” y si dicha categorización es también aplicable al president Puigdemont y sus consellers o no y, cualquier otro debate no solo es desenfocado sino que, además, nos conduce a la complicidad con aquellos que, en defensa de la indisoluble unidad de la nación española, están dispuestos a cargarse hasta lo que dicen defender.

Los derechos humanos, los derechos civiles y políticos y el derecho a tener derechos ni tienen bandera ni partido ni ideología, simplemente son. Usted decide, yo ya lo he hecho.