El comienzo del año judicial, junto con generar una foto más propia del siglo XIX, ha significado el pistoletazo de salida para un curso judicial que será cualquier cosa menos tranquilo y que, además, tendrá importantes implicaciones políticas desde que se decidió, durante el gobierno de Mariano Rajoy, que la mejor solución a un problema político la podían dar los tribunales en lugar de alcanzarse entre quienes tiene la responsabilidad de solucionar ese tipo de conflictos: los políticos.

Una vez que parece evidente cuál será el sentido de la sentencia del juicio del procés, se ha pasado a especular sobre la fecha en que se conocerá dicha resolución y la dureza de la misma. Sin embargo, debería tenerse presente que, a partir de conocerse la misma es cuando comienza una nueva etapa que no será sencilla y sobre la cual poco o nada se ha dicho.

Al ser una sentencia que se dictará en única instancia, la misma será firme desde su notificación, a salvo la aclaración de algunos puntos o la corrección de los errores materiales que pueda contener. Y, una vez decretada la firmeza, comenzará el proceso de “clasificación penitenciaria” de los condenados, que es la vía legalmente prevista para determinar tres cosas: la forma de cumplimiento, el lugar del cumplimiento y el tratamiento al que deba ser sometido cada condenado.

En España las penas tienen como objetivo la “reeducación y reinserción” de los penados y las mismas se cumplen en función de un “sistema progresivo” de cumplimiento. Todo esto implica que existen formas de cumplirlas que van desde el “primer grado” (aislamiento) pasando por el “segundo grado” (vida normal, si es que así se le puede llamar) y “tercer grado” (semi-libertad), con una última etapa de “libertad condicional”, que dura hasta el licenciamiento definitivo.

Con independencia de que considero que la única sentencia justa es la que no se va a dictar, es decir la absolutoria, no puedo imaginar ninguna razón que hiciese pensar que los que resulten condenados por el procés vayan a ser clasificados en “primer grado”. Tampoco existe una previsión legal que permita clasificarles directamente en “tercer grado” y, muy por el contrario, la ley lo prohíbe en este caso, pues los beneficios penitenciarios no tendrían lugar hasta el cumplimiento de la mitad del total de penas que se impongan.

Partiendo de estas premisas, lo lógico es que todos sean clasificados en “segundo grado” y que, sobre esa base, se estructure el “tratamiento”. La clave no es tanto el grado en que vayan a cumplir sino la prisión a la que vayan a ser destinados y que, como adelantó la fiscal general del Estado, existiría la intención de llevarles a prisiones del Estado. El centro penitenciario al que se destine a un preso es una decisión no recurrible ante el juez de vigilancia penitenciaria al entenderse, ya de antiguo, que es una competencia exclusiva del “centro directivo” (Instituciones Penitenciarias) y, por tanto, esa es la pelea que hay que dar para tratar de que todos cumplan en prisiones catalanas. En este punto, no serían adecuadas las razones que alega la fiscal general, dado que todo preso debería cumplir cerca de su entorno sociofamiliar, si lo que se pretende es evitar el desarraigo y facilitar la reinserción.

Lo que está en juego es mucho y, por eso, cada día resulta más necesario que nunca centrarse en lo colectivo y postergar lo partidista

Sobre indultos, amnistías y otras serpientes de verano prefiero no pronunciarme porque es evidente que, por mucho que especulemos al respecto, existen impedimentos legales, técnicos y políticos para que en ese ámbito se encuentre, en estos momentos, la solución a un conflicto que excede a los presos y afecta al conjunto de la sociedad.

Mientras todo esto va sucediendo con los presos y la sentencia del Tribunal Supremo, otros procedimientos seguirán su curso y generarán una serie de intervenciones judiciales en la política catalana y estatal. Primero viene el juicio al president Torra, por el cual se le pretende destituir, que no enjuiciar, y, también, una nueva orden europea de detención y entrega (OEDE) en contra del president Puigdemont y los consellers en el exilio.

Será la tercera vez que se curse una OEDE y, a diferencia de lo que sucedió en las dos anteriores, Llarena tendrá que llegar hasta el final porque no tendrá margen para una cuarta; es decir, no podría retirarla, aun cuando no le guste el resultado, como hizo en 2017 y en 2018, cuando se llevó la pelota para no perder el partido.

La gran diferencia entre esta OEDE y las anteriores es que, de una parte, el Tribunal Supremo se basará en la sentencia ya firme sobre estos hechos y, de otra, que en este caso no serán de aplicación los límites temporales de tramitación previstos en la directiva comunitaria que regula los procedimientos de OEDE. Será una batalla jurídica de nivel y confiemos en que el Tribunal Supremo esté preparado para ello y no termine tomándoselo como algo personal.

Pero como si nada de esto fuese suficiente y como si de realidades paralelas se tratase, seguiremos con los procedimientos surgidos a raíz de la violación de la inmunidad de los eurodiputados electos y proclamados por parte del Estado, y esa batalla se está dando tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Del resultado de esos litigios no solo dependen los escaños del president Puigdemont, de Oriol Junqueras y de Toni Comín, sino, también, la configuración de una serie de derechos y prerrogativas de todos los eurodiputados y, por qué no decirlo, del entendimiento que se quiera tener de lo que ha de ser la democracia en el ámbito de la Unión Europea y el reconocimiento de los derechos de las minorías nacionales.

En cualquier caso, más me preocupa, por ejemplo, la seguridad personal del president Puigdemont ―de la que nadie quiere hablar― que los litigios pendientes o la división entre los políticos y el cómo eso pueda afectar a estos pleitos.

Lo que está en juego es mucho y, por eso, cada día resulta más necesario que nunca centrarse en lo colectivo y postergar lo partidista. Vamos a dar una serie de batallas muy complejas que afectan a muchos y quienes llevamos la responsabilidad jurídica no podemos estar pendientes de si son de uno u otro partido sino, simplemente, centrarnos en lo que representan, a quiénes representan y por qué y cómo están siendo perseguidos. Cuanto más unidos estén, más fácil será defenderles.