Claro que son unas Navidades atípicas, pero, en lo sustancial, se trata de días que servirán, o deberían servir, para, entre otras cosas, recargar las pilas de cara a un año que se antoja como complejo desde todas las perspectivas. Vendrán curvas, momentos difíciles y, sobre todo, mucha y descontrolada represión para la que deberemos estar preparados.

Hace ya tiempo vengo diciendo que el Estado va por un lado y el Gobierno por otro. En realidad, que una parte del Estado actúa por su cuenta y riesgo haciendo uso y abuso de un poder que carece de cualquier tipo de contrapesos y que, justamente por ello, se ha vuelto tan peligroso.

El peligro que representa la existencia, dentro de cualquier estado, de un poder que carezca de frenos y contrapesos es que terminan por copar todas las esferas de la vida pública llegando, incluso, a suplantar a otros poderes del estado determinando vida, hacienda y agenda de todos imponiendo su particularísima visión sobre cómo han de funcionar las cosas.

En el proceso por conseguir la hegemonía del poder, nada pasa sin una razón y todo sucede saltándose no ya los límites sino moviendo los mismos más allá de lo que sería tolerable en cualquier estado que quiera seguir llamándose democrático y de derecho.

Este proceso de apropiación del Estado no es nuevo, comenzó hace ya tiempo, solo que era más cómodo, más confortable, mirar para otro lado y dejar hacer, ya que no parecía que el tema fuese con todos sino solo con aquellos que se habían vuelto molestos para el Estado… Grave error, porque lo cierto y verdad es que no se trata de quienes se han vuelto molestos para el Estado, sino de la propia esencia de lo que ha de ser un sistema democrático.

No solo se ha dejado hacer, sino que, además, se ha justificado lo hecho y, en algunos casos, la justificación se ha terminado convirtiendo en complicidad… Pero no importaba, porque era en contra de unos pocos, de los enemigos.

El peligro que representa la existencia, dentro de cualquier estado, de un poder que carezca de frenos y contrapesos es que terminan por copar todas las esferas de la vida pública llegando, incluso, a suplantar a otros poderes del estado determinando vida, hacienda y agenda de todos

Otros, como si no fuesen igualmente víctimas de ese mismo proceso de apropiación del Estado, han caído en la trampa, seguramente por ingenuidad o por temor, de terminar creyéndose que podían revertir el proceso, y superar sus consecuencias, a través de pactos, arreglos y rendiciones… Pero no es así, quienes se están apropiando del Estado no hacen prisioneros.

Las causas de este proceso de expropiación forzosa que actualmente vive el estado español son múltiples y muy variadas, pero casi todas tienen su origen en un momento histórico que se nos ha venido presentado como "ejemplar", incluso diría que también como "mágico", cuando no ha sido ni lo uno ni lo otro.

La Transición española, punto histórico en el que podemos situar el origen de la situación actual, no fue ejemplar, porque no ha servido de ejemplo a ningún estado que haya terminado, luego, siendo una auténtica democracia. En términos reales, solo consistió en travestir con ropajes democráticos unas estructuras de poder y unas formas de hacer propias de cualquier sistema totalitario como el que decían haber abandonado.

Tampoco fue mágico, más bien toda una engañifa, según la cual una amplia masa de franquistas desapareció o se convirtieron, de un día para otro, en auténticos demócratas… Eso sí es magia: acostarse franquista y levantarse demócrata.

En el fondo, cambiaron todo para que nada cambiase y, con el transcurso del tiempo, y ante el surgimiento de nuevos escenarios políticos y geopolíticos se ha terminado por demostrar que ni hubo tal transición —entendida como proceso de democratización y exigencia de responsabilidades— ni se ha convertido a un estado atávicamente represivo en uno democrático y de derecho.

En definitiva, el problema al que ahora nos enfrentamos es que ese franquismo sociológico, incrustado especialmente en las altas instancias de uno de los poderes del Estado, ha decidido que ya está bien y que toca volver al punto del cual la sociedad no debió moverse jamás y, para devolver las cosas a su estado natural, harán lo que haga falta.

La re-franquización del Estado está adquiriendo una velocidad de vértigo que, junto con llevarnos a muchos por delante, está dejando descolocados a casi todos y, especialmente, a los que creyeron en la magia y la ejemplaridad de la Transición, que eran como una suerte de verdades reveladas que no aceptaban cuestionamiento alguno.

Todavía hay margen para asentar unas bases sólidas sobre las cuales construir una sociedad auténticamente democrática en la que todos tengamos cabida y en la que nadie sea perseguido por pensar diferente, ser diferente o pertenecer a un grupo diferente

En cualquier caso, aún no estamos ante un proceso irreversible, todavía hay margen para pararlo, revertirlo y tratar de asentar unas bases sólidas sobre las cuales construir una sociedad auténticamente democrática en la que todos tengamos cabida y en la que nadie sea perseguido por pensar diferente, ser diferente o pertenecer a un grupo diferente.

Pero para que esto sea factible los otros poderes del Estado deberán asumir la responsabilidad que les cabe en esta deriva totalitaria, hacer autocrítica, y buscar los mecanismos para retomar el control de aquellas esferas que le son propias y han sido usurpadas, así como establecer los cambios legales que permitan implementar los mecanismos jurídicos y políticos necesarios para contar con los frenos y contrapesos que permitan, en primer lugar, limitar el poder expansivo de esas altas instancias y, en segundo lugar, poder exigir responsabilidades por los excesos que desde las mismas se han cometido y se sigan cometiendo.

La culpa, en primer lugar, es de quienes están llevando a cabo el proceso de expropiación forzosa del Estado y, en segundo lugar, podemos hablar de una suerte de culpa in vigilando por parte de los otros poderes del Estado que debieron y deben controlar que estos desmanes no sucedan ni sigan sucediendo.

El keep tracking, término jurídico anglosajón que me gusta mucho, es una obligación de supervisión y control a la que han renunciado los otros poderes del Estado y, por tanto, más temprano que tarde, si no actúan, terminarán siendo tan responsables como los propios autores de estos desmanes.

Dejo aquí estas reflexiones porque, a pesar de que nos han dado las Navidades, no nos vamos a arrodillar ni estamos dispuestos a formar parte de un silencio cómplice que termina siendo tan culpable como aquellos que, ilegal, falsaria y antidemocráticamente se han apropiado de un Estado que podría tener un gran futuro como democracia… Pero, para eso, hay que actuar y actuar ya.

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