La gestoría de la colonia

La gestión de la crisis provocada por la aparición de un brote de peste porcina africana alrededor de Barcelona, en Collserola, en el término municipal de Cerdanyola del Vallès, demuestra claramente que Catalunya no tiene poder político para hacer absolutamente nada, o que lo ha perdido si es que nunca lo había tenido, porque la última palabra de todo la tiene siempre no el gobierno catalán, sino el gobierno español, por no hablar de lo que decide e impone directamente la Unión Europea (UE). Estos días se está viendo que la Generalitat es una mera gestoría, que se limita a aplicar lo que le marcan y le mandan desde fuera. ¿Esto pasa por qué quien gobierna es el PSC o no tiene nada que ver? 

Es una obviedad que la voluntad del PSC que actualmente dirige Salvador Illa, después de que en 2012 el partido renunciara de manera explícita a la defensa del derecho de autodeterminación que históricamente había avalado, no es otra que hacer que Catalunya reciba el mismo trato que cualquiera de las otras autonomías de España, con sus particularidades si se quiere, pero autonomía al fin y al cabo. Que el nombre oficial de la ley de amnistía pactada entre el PSOE y JxCat y ERC, y de la que el PSC es un ferviente valedor, sea el de ley para la normalización institucional, política y social en Catalunya ha sido desde el primer momento una declaración de cuáles son las intenciones de los socialistas, tanto españoles como catalanes, pero también de las formaciones procesistas: pasar página del proceso independentista que desembocó en el referéndum del Primero de Octubre de 2017 y que entre todos hicieron fracasar. 

El hecho de que en estos momentos el gobierno catalán no pinte nada en ningún sitio es, pues, responsabilidad del PSC, pero también de JxCat y de ERC. Todos han contribuido a desnacionalizar el país y el resultado es que cuando hay un problema, como ahora el de la peste porcina africana, se pone en evidencia que lo que hay en el número 4 de la plaza de Sant Jaume de Barcelona –es decir, el Palau de la Generalitat–, en el distrito de Ciutat Vella, es una pura gestoría. Nunca lo había sido tanto como ahora, ni en los anteriores mandatos presididos por el PSC, primero por Pasqual Maragall y después por José Montilla. Y es que, en realidad, hoy ni siquiera es la sede central de la gestoría, sino solo la delegación, la sucursal, de la compañía radicada en Madrid. Si no, que se lo pregunten al conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig —sobre el papel el encargado de gestionar la crisis de marras—, que no se cansa de salir por la tele, pero siempre pendiente, no fuera el caso, de las directrices que le lleguen de su homólogo en el gobierno español, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. 

A Catalunya, de acuerdo con lo previsto en el Estatut aprobado en 2006 –que no difiere de lo que ya contenía el de 1979–, le corresponde, "respetando lo que establezca el estado en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 149.1.13 y 16 de la Constitución, la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería". Que traducido es lo mismo que decir que Catalunya tiene competencias exclusivas en agricultura y ganadería, salvo allí donde las tiene el Estado español, que es en todo. Con este marco jurídico, queda claro que el papel de la Generalitat es exclusivamente el de comparsa. Llegados a este punto, sin embargo, sería de agradecer que, cuando menos, el poco papel que tiene lo hiciera bien. La tesis del bocadillo de mortadela contaminado como origen del brote —que sostuvo Òscar Ordeig hasta la saciedad y hasta que el ministro español no le llamó al orden y le dijo que mirara si el contagio provenía de una fuga del laboratorio del Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), que depende precisamente de la Generalitat, que estudia la enfermedad— haría reír, si no fuera que se trata de un asunto bastante serio que, por suerte, no afecta a la salud humana. 

Estos días se está viendo que la Generalitat es una mera gestoría, que se limita a aplicar lo que le marcan y le mandan desde fuera

Rigor, en todo caso, es lo mínimo que se puede exigir en un caso como este, que tendrá fuertes repercusiones económicas para el sector ganadero y quizás para el conjunto del sector agroalimentario. Como por ejemplo, además de aclarar de dónde sale la contaminación, explicar de manera convincente de qué han muerto todos los jabalíes que, según la versión oficial, no han dado positivo del virus de la peste porcina africana, pero que han sido encontrados muertos dentro del mismo radio de los que sí han dado positivo, y cuando resulta que el patógeno es un virus que tiene una mortalidad del 100% en los casos contagiados. La politiquería, en consecuencia, también debería sobrar. ¿Que Salvador Illa, en tanto que president de la Generalitat, hubiera tenido que anular, o por lo menos acortar, el viaje que hacía a México cuando estalló la crisis? Pues probablemente sí. ¿Que la crítica de JxCat por no regresar antes va con el rol de oposición que juega actualmente en el Parlament, del mismo modo que si los papeles estuvieran cambiados lo haría el PSC? Pues también. ¿Que JxCat quiere que rueden cabezas si se demuestra que el origen del agente contaminante es el laboratorio del IRTA en cuestión, cabezas políticas se entiende? En un país donde nadie dimite por nada, sería motivo de celebración que ahora lo hiciera alguien. 

Pero ojo a la hora de usar la política para hacer según qué planteamientos. La peste porcina, en la variante africana y en la variante clásica –lo único que las diferencia es el tipo de virus que las provoca–, fue una enfermedad frecuente en Catalunya antes del ingreso de España, en 1986, en la Comunidad Económica Europea (CEE), que, lógicamente, puso como condición para la entrada la erradicación de la afección. Y así se hizo, pero la medida no pudo impedir que se reprodujera, en la variante clásica, más tarde, en los años 1997 y 1998, y que afectara no a jabalíes, sino a cerdos domésticos. En aquella época en Catalunya gobernaba CiU y alguien quizá todavía podría recordar cómo ganaderos de la misma comarca natal del conseller de Agricultura del momento enterraban clandestinamente en hoyos con cal viva los ejemplares muertos debido al contagio para evitar tener que sacrificar toda la piara si se sabía que en la explotación había animales infectados. 

El PSC siempre ha querido hacer bandera de la gestión, en oposición a la agenda nacional que se supone que han priorizado los partidos nacionalistas. Ahora tiene la oportunidad de demostrar que es capaz de hacerlo bien. Los payeses hace años que claman que hay que acabar con la sobrepoblación de jabalíes –como así también con la de conejos y de corzos–, pero las administraciones, más allá de garlar mucho, no han hecho nada. Ahora Óscar Ordeig asegura que sí, que sobra la mitad de la población de jabalíes. El quid de la cuestión será ver cómo pasa de las palabras a los hechos y cómo se las apaña para que su gobierno cumpla lo que promete, a diferencia de lo que no han hecho los anteriores. De ello dependerá que supere o no el examen de la gestión. Ahora bien, pidiendo la ayuda del ejército español –la llamada Unidad Militar de Emergencias (UME)– y aceptando incluso la colaboración de los agentes forestales y los perros enviados por la lideresa del PP en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que se certifica es que la Generalitat es realmente la gestoría de la colonia.