Una semana después de los atentados de Barcelona y Cambrils todavía llevamos dolor en el corazón por los que fueron asesinados, por los heridos y sus familias. Y nos toca asistir desde hace días al voraginoso intento de desacreditar la actuación de los Mossos d'Esquadra. Entre tantas cosas que se han dicho, hemos sabido que los cuerpos centrales de policía tenían información relativa al imán de Ripoll —y desde hace tiempo— y que nunca trasladaron esta información a los Mossos. Lo han confirmado, por ejemplo, reproducciones de autos judiciales del 2005 y comunicaciones realizadas por los sindicatos mayoritarios de las policías centrales.

Eso es vivido con naturalidad por las instituciones centrales y por los medios de comunicación que aplican su estrategia comunicativa, dirigida a hacer responsable a la policía (la catalana) de los efectos de los atentados. Esta culpabilización no la habíamos vivido después del 11-M del 2004 en Madrid. Tampoco después del atentado de ETA en Hipercor en 1987, cuando el despliegue de los Mossos era testimonial. Para ser preciso, hay gente —y no poca— fuera de Catalunya que ha expresado preocupación e indignación por eso (cosa que se agradece). Sin embargo, insistimos, está hecho y visto con naturalidad por las instituciones centrales y los medios de comunicación (con honorables excepciones) que irradian información (?) y opinión desde la capital del Estado. Y a su vez, ha causado perplejidad e irritación a muchos catalanes.

Hay motivos más que sobrados para la irritación. Y para la perplejidad. Cambiemos el enfoque. Los estados absolutos se consolidaron por el apoyo que los reyes obtenían a cambio de proporcionar seguridad física a sus súbditos. La emergencia de los valores y deseos de libertad —impulsados por el Renacimiento y el énfasis en la persona— propició el malestar con la arbitrariedad de los monarcas absolutos: al fin y al cabo, el trato era que el Estado proporcionaba seguridad y se lo cobraba con restricciones de libertades.

El absolutismo real acabó en Inglaterra con la decapitación del rey Carlos I en 1649. Inglaterra y Holanda —este, el gran estado burgués europeo del siglo XVII— tomaron caminos guiados por la contraposición de las libertades a la seguridad absoluta promesa por los monarcas absolutos. En Francia, sin embargo, la monarquía absoluta —de naturaleza feudal— se reforzó, incluso se propagó a las Españas. El subsiguiente fracaso político de la Ilustración en Francia y en España consolidó organizaciones institucionales verticales, de control centralizado, cuyo trato principal con los súbditos era la garantía de seguridad pagada con menor libertad.

No entra en la lógica institucional española proporcionar "gratis" información sensible a aquellos cuerpos policiales que no controla

Este es el nudo clave de la cuestión. El Estado en España ofrece seguridad a los que están dispuestos a limitar sus aspiraciones de libertad. Por eso no entra en la lógica institucional española proporcionar "gratis" información sensible a aquellos cuerpos policiales que no controla (aunque a niveles intermedios, afortunadamente, hay cooperación, pues su aproximación es profesional). Porque la seguridad solo la dan si se paga para tenerla; y el pago está en cuotas de libertad. Si ustedes tienen eso presente, entenderán mejor la lógica de culpabilizar a los Mossos de no haber pedido lo que no conocían como para poder pedirlo, y que habrían conocido de oficio en Alemania, Gran Bretaña o Estados Unidos.

Atención en la perla del SUP: "Si lo hubiesen pedido..." ¿No han pasado por situaciones en que alguien les ha hecho rogar por algo bien sencillo? Así se muestra jerarquía y dominio y es propio de los entornos donde coordinación es solo un término políticamente correcto por "mando". Pues es eso. ¿Que así aumenta el riesgo de atentados y efectos graves? Ya conocen la doctrina Margallo al respecto. No me vayan a entender mal: he dicho que pueden evitar solo la perplejidad. Y acaso, constatar la falta de empatía con los que somos (nosotros, nuestros familiares y parientes) los principales perjudicados por estas prácticas de riesgo institucional.

La segunda perplejidad que pueden evitar es la que corresponde a la participación de los Mossos en Europol. Como es sabido, cuando ya parecía que se había aceptado, el Gobierno central ha dado una sonora marcha atrás, a pesar de las advertencias del principal sindicato europeo de policía, Eurocop, de que la exclusión de los Mossos perjudica la seguridad en toda Europa; y de la misma Europol, que deja claro que la decisión está estrictamente en manos del Gobierno español. A mí me irrita, y más todavía cuando la Ertaintza ya participa en ella (les ha costado regateo político). Pero no me provoca perplejidad la naturalidad con la que las instituciones centrales y sus portavoces en los medios viven esta aparente contradicción, porque para ellos no lo es.

Un Estado propio tendrá más cuidado en no mercadear con nuestra seguridad

Si lo tienen a mano, recuperen el capítulo dos de Anatomía de un desencuentro. Verán que el mismo razonamiento explica por qué los vascos y navarros no son percibidos como egoístas, a pesar de ser los más ricos y no aportar nada a la solidaridad española, y los catalanes somos egoístas e insolidarios a pesar de una gran aportación. Para la mayoría de españoles, los vascos son connacionales (y, por lo tanto, de fiar); los catalanes, sin embargo, somos extranacionales —aunque no se pueda reconocer institucionalmente— (por lo tanto, no somos de fiar). Así se puede convivir perfectamente con la (no)contradicción que supone dejar fuera a los Mossos y seguir aumentando el riesgo para nuestra seguridad... ¡ay!, aquella falta de empatía.

Eso les permite también entender la irritación suscitada por la eficaz actuación de los Mossos con los atentados y los subsiguientes intentos de descrédito. La mercancía que iban a acentuar las instituciones centrales en los próximos meses es que los catalanes no podemos salir adelante solos y que el Estado español nos proporciona seguridad (claro, a cambio de limitar nuestras libertades). La actuación del Mossos (y de algunas policiales locales) ha inoculado un antivirus contra la venta de seguridad por parte del Estado. Y acentúa una opinión que muchos ya teníamos: que un Estado propio tendrá más cuidado en no mercadear con nuestra seguridad. Eso es lo que duele; y eso es lo que ha abierto la caja de tanta frivolidad, insidia en algunos puntos e, incluso, ultraje. Aunque, curados de espantos, ya lo estábamos.

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