García Ortiz, un juicio de ruptura

"El vigor, la agresividad, la declamación, la falta de contención, representan la 'ruptura'"
Jacques Vergès

El juicio contra el fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, es un juicio atípico no solo por el hecho en sí —que la máxima autoridad de los acusadores troque en acusado—, sino por la actitud con la que se enfrenta a él. Solo le falta a sus defensores decir que no reconocen al tribunal, último paso de los juicios de ruptura en los que el acusado se erige en acusador de los representantes de la ley en un sistema que considera injusto.

La representación es de locura, porque si bien Jacques Vergès —llamado también el Abogado del Terror, supongo que por haber defendido a Klaus Barbie, el terrorista Carlos, Milosevic y casi a Sadam Huseín— ideo una teoría que ha sido seguida por abogados del mundo entero y que consideraba que los juicios de ruptura eran necesarios porque "los objetivos del debate judicial se acercan mucho a los de la revolución"; también dejó escrito "no se puede esperar una defensa de ruptura de un magistrado, aunque sea de izquierdas". Qué pena que falleciera hace más de una década para haber contemplado esto.

García Ortiz no ha dimitido. García Ortiz se ha subido a estrados revestido de fiscal general, y considera que todo lo que han actuado en la cúspide de un sistema judicial al que pertenece es una persecución. García Ortiz tiene a su lado a sus defensas, incluidos sus subordinados fiscales, todos amigos a la par. No es un dato baladí, porque en este desgarro del sistema al que asistimos en directo, también se aprecia el desgarro de una asociación progresista de fiscales que nació para defender los intereses profesionales de la carrera desde esa perspectiva y devino en una especie de comando de acción por el sostenimiento de un gobierno de izquierdas. De ahí que Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid, la que apunta a Álvaro García por haber hecho lo que ella jamás hubiera pensado, dejara en su día la asociación en la que eran compañeros. Lastra se fue hace dos años en una carta en la que hablaba del "clamoroso silencio cómplice" de la asociación, con decisiones de García Ortiz "que no tienen encaje posible en esos principios democráticos que creía comunes". Con ella salieron Javier Zaragoza, Carlos Castresana y otros señeros miembros de la asociación de fiscales progresista.

La tensión constitucional entre una Fiscalía que recibe instrucciones del gobierno y una Fiscalía garante de la legalidad que procura ser independiente del poder político se ha trasladado a una sala de vistas

Así que existe otro eje que es muy relevante para entender el juicio, dado que al fiscal general se le acusa de revelación de secretos, es decir, de un presunto delito cometido en aras a beneficiar la estrategia política del Gobierno de Sánchez frente a una adversaria y que produjo una vulneración clara del secreto, de la relación abogado-fiscal y del derecho de defensa de una persona que da igual quien fuera. No es una filtración más, como quieren hacer ver; de lo que se le acusa es de una filtración militante —"perdemos el relato"—, de una acción a favor del sanchismo que, obviamente, no tendría tampoco encaje en esos principios democráticos comunes. No estoy en condiciones de decirles si de los múltiples indicios podrá derivarse prueba suficiente para la condena, pero sí puedo constatar que hace mucho que se han cruzado todas las líneas rojas institucionales. Es doloroso verlo y más debe serlo para miles de fiscales, que entienden perfectamente lo que pasa, a los que no se puede confundir con relatos o bombas de humo.

La anomalía, de tan manifiesta, no sé yo si es captada en toda su gravedad. Hay un fiscal acusado, el jefe de todos ellos, y hay fiscales como defensores, fiscales ejerciendo la acusación popular, fiscales en el tribunal y fiscales como testigos. Es un juicio a la forma de entender el ejercicio del Ministerio Fiscal, es un juicio entre los que se han entregado en cuerpo y alma a la causa y los disidentes a su yugo, piensen lo que piensen y voten lo que voten. En el duelo nos va mucho. La tensión constitucional entre una Fiscalía que recibe instrucciones del gobierno y una Fiscalía garante de la legalidad que procura ser independiente del poder político se ha trasladado a una sala de vistas en la que se juzga el modelo llevado a sus máximas consecuencias. Comprenderán todos ahora el alcance de la osadía de Bolaños al intentar entregar el cuasi monopolio de la acción penal a este estilo de Fiscalía que hoy se sienta en el banquillo. San Puigdemont nos proteja de ello.

Porque es el modelo el cuestionado, porque sin ese modelo de activismo excluyente, un fiscal general nunca hubiera buscado en la noche, como un desesperado que no puede esperar, algo que para un fiscal general podía perfectamente esperar a ser estudiado con calma. ¿Quién tenía prisa? La respuesta la da el móvil del secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, siendo este un dato que los defensores a ultranza del fiscal casi nunca mencionan.

Y hablando de defensores, han tenido que llamar a Consuelo Castro, la que fuera abogada general con Dolores Delgado, porque llegado el momento les ha debido parecer que fiarlo todo a que el actual jefe de la Abogacía del Estado que llevó la instrucción, David Vila, era mucho fiar; o eso o él no ha querido arrastrar la toga por esa sala. Castro ha vuelto de Galicia, del lugar en el que conoció a García Ortiz, para completar el equipo de amigos que se bate en este inusitado juicio de ruptura. Que lo es también porque Castro ha cargado contra miembros de la Sala II ante un tribunal de la Sala II acusándoles de todo tipo de tropelías. No sé yo si es muy práctica esta agresividad ni muy compatible con su posición institucional. Sí sé que es una actitud de ruptura. Ha llamado a compañeros del tribunal que juzga inquisidores, prevaricadores, malos profesionales y en fin, cosas no compatibles con su ejercicio profesional. Si crees todo lo que has dicho del Tribunal Supremo de tu nación, ¿qué haces siendo fiscal general o abogada general? Por eso Vergès dijo lo que dijo. Si opinas todo eso, lo mejor que puedes hacer es colgar la toga.

"Mi ley es estar contra las leyes porque pretenden detener la historia; mi moral es estar contra las morales porque pretenden paralizar la vida", dijo el abogado del diablo. Entiendo que es interesante como teoría o que sirva a los abogados para intentar salvar juicios insalvables, pero unos señores que forman parte del Estado no pueden comportarse como si fueran revolucionarios. No pueden y no podrán.

Espero al menos que el día que tenga que declarar, García Ortiz se quite el chicle que dicen que mascaba, que no lo pegue bajo la mesa; que se quite la toga, la pliegue y la deje sobre la silla y que baje como el acusado individual que es a sentarse en la silla frente al tribunal que le juzga. Al menos para no visualizar del todo el desprecio y la ruptura.