"Cumplir la ley es mejor que hacerla" 
Thomas Jefferson

La semana que viene sabremos si el TEDH responsabiliza a Meritxell Batet, candidata por Barcelona, a Pilar Llop y a Ander Gil del proceso abortado de renovación del CGPJ. Cinco años, todo un segundo mandato, con el agónico Consejo sin renovar. Todo manga por hombro. Tenemos bastante claro que el PP rompió de forma trapacera por tres veces los acuerdos previos con el PSOE, pero se nos olvida que la ley no manda que unos tipos socialistas y otros peperos se reúnan a poner nombres y vetos a los miembros del CGPJ; la ley lo que ordena es que las listas de candidatos procedentes de la elección de los jueces sean sometidas a voto en las Cortes y obtengan una mayoría cualificada de 3/5. ¿Se ha hecho eso en algún momento? Saben que no. Sobre la responsabilidad por no haber llevado a cabo esa votación ordenada por la ley —que apunta directamente a los presidentes de ambas cámaras— se pronunciará Estrasburgo el día 22. En plena campaña sabremos si Meritxell Batet, Pilar Llop y Ander Gil, siguieron las indicaciones de su partido y desoyeron las de la ley que les obligaba. Ni más ni menos.

Me duele la boca de contarlo sin mucho eco porque es más polarizador y da más relato, olvidar el verdadero procedimiento recogido en la legislación. Las listas de los jueces candidatos —entre los que tienen que elegir Sus Señorías— llegaron a tiempo al Congreso y al Senado y ahí quedaron, en un limbo de cinco años. Han sido seis magistrados, representados por Vicente Tovar —abogado y magistrado excedente especializado en pleitos de derecho judicial—, los que dando un puñetazo en la mesa decidieron irse a Estrasburgo después de que el Constitucional les hiciera una cuchufleta y ni admitiera a trámite su única posibilidad de recurso. Ni las cámaras ni el Constitucional ni el Gobierno encontraron ningún problema en que no se procediera según la ley; ni que decir tiene que al Partido Popular le presuponemos su afán activo y sostenido de mantener bloqueado el órgano hasta que ellos manden y hagan lo que les plazca.

Los seis jueces de la asociación Francisco de Vitoria han alegado la vulneración de los artículos 6 y 8 del Convenio al no votarse sus candidaturas. No deja de tener mandangas que, en su caso, también sea Europa la única esperanza de que se reconozca que se ha incumplido el procedimiento legislado. No existe jurisprudencia de ningún tipo —ni nacional ni del TEDH— sobre la cuestión, así que existe posibilidad de que el tirón de orejas se produzca. Los magistrados quedaron en el limbo de las cámaras y "no han podido modificar su estatus profesional ni optar a otros destinos ni hacer planes de futuro" durante cinco largos años, puesto que hacerlo significaba perder las condiciones existentes en el momento en el que fueron promulgados candidatos. Esto es como si se confeccionan las listas y luego nunca se ponen las urnas. Alegan además que se han visto afectados por la polarización y las acusaciones de politización que se han cernido sobre el mero hecho de aspirar al CGPJ. He de aclarar que entre los recurrentes solo hay un nombre muy conocido, los demás son jueces de Cáceres, Tenerife o Móstoles, que fueron votados por sus pares para ser vocales. También engañan los que pretenden que los jueces no participan en la selección de vocales, en realidad son los que elaboran las listas que luego deben ser votadas.

Uno empieza por pactar fuera, para asegurar las votaciones, y acaba por comportarse como si ese pacto fuera el método legal de renovación. 

La Abogacía del Estado ha intentado contrarrestar sus argumentos frente al TEDH alegando que no se habría vulnerado su derecho a que los tribunales salvaguarden sus "derechos civiles", puesto que ser elegido vocal del Consejo sería un "derecho político". Tiene muchas mandangas esta postura, que obvia que el propio TC prohibió que se mimetizara la elección de vocales con las mayorías de las cámaras y porque contradice lo recogido en la propia ley del Poder Judicial: "este enfoque solo puede responder a la perversión y polarización política sufrida por la institución", dicen los demandantes. Y es que uno empieza por pactar fuera, para asegurar las votaciones, y acaba por comportarse como si ese pacto fuera el método legal de renovación. Y uno empieza por romper la túnica del CGPJ y repartírsela y acaba por defender que el apoyo político que le dan a los jueces convierte su voluntad de ser vocales en un acto político. Perversión, no lo pueden argüir mejor.

El otro argumento de la Abogacía del Estado les va a hacer coña. Afirman que pretender que la inacción del Congreso y el Senado, su incumplimiento de la Constitución y de la ley, puede ser recurrido ante cualquier tribunal, supone un intento "de control jurisdiccional de la actividad parlamentaria" que es inadmisible. ¿No les da la risa? En este país en el que se ha llevado a los tribunales hasta que no se voten cosas en los parlamentos, resulta que pretender que alguien les obligue a cumplir la ley para no perjudicar a personas concretas es entrar "en el funcionamiento interno del Parlamento". Que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, sino del color con que se mira. Eso no lo pone en las alegaciones del Gobierno, pero podría haberlo hecho perfectamente.

Por toda indemnización, los magistrados recurrentes piden un euro simbólico por cabeza, por daños morales, y el pago de las costas de todo el procedimiento legal que han tenido que llevar. Lo que buscan, obviamente, es que alguien en Europa deje al descubierto las anomalías que nos han abocado a un Consejo zombi durante cinco años.

Lo mismo de una vez alguien deja claro que más allá de las trapacerías del PP, que han sido infames, la salida que quedaba no era prohibir los nombramientos ni otras medidas estrambóticas, sino, simplemente, cumplir la ley

El caso es que contra lo pretendido por el Gobierno, el TEDH admitió a trámite y avisó de que fallará el próximo día 22. Lo mismo de una vez alguien deja claro que más allá de las trapacerías del PP, que han sido infames, la salida que quedaba no era prohibir los nombramientos ni otras medidas estrambóticas, sino, simplemente, cumplir la ley: convocar las votaciones y votar. Si después no se lograban los 3/5, pues aquí paz y después gloria, a iniciar de nuevo el proceso y a seleccionar nuevos candidatos. Pero eso no lo hicieron los presidentes de las cámaras y hemos de pensar que no lo hicieron porque el PSOE no quería que se hiciera.

A ver qué opinan los de Estrasburgo, que esta misma semana nos han dado otro sopapo de los buenos por condenar a un gallego que dijo "puta bandera". No ganan para sustos en el TEDH.