A raíz de los descubrimientos que, desde el pasado domingo, nos hacen los llamados Papeles de Panamá, muchas de nuestras sospechas se han visto más que confirmadas: la evasión fiscal de ricos de veras, de ricos tout court y de poderosos –siempre ricos– es una industria puntera, bien engrasada y bien amparada. Nombres y más nombres van brotando cada día, algunos bien jugosos, como en España: la tía del rey actual y hermana del anterior, portavoz oficiosa hasta hace un tiempo de la Casa Real, persona de la que no consta ni oficio ni beneficio, es titular de una sociedad off shore. Aparte de que habrá que extraer conclusiones, judiciales, políticas y económicas, de esta lista de nombres y sociedades –filtrada, según mi opinión, con toda la intencionalidad política del mundo-, no nos dejemos deslumbrar por este chismorreo high class.

A pesar de los informes del FMI, de la OCDE o del G20, aportando cifras, y más cifras, que se van demostrando lo bastante exactas, la retórica del poder es la misma: hay que acabar con el fraude fiscal. Sin embargo, siempre hay un sin embargo, hace falta una cooperación global. Quizás en un estadio futuro; pero el juicio más elemental nos dice que antes de arreglar la casa común, tenemos que empezar la limpieza de la nuestra. Y es aquí donde reside la madre del cordero. España, como otros países de la UE –Luxemburgo, Holanda, Reino Unido... –, es un paraíso fiscal, castizo pero paraíso fiscal.

Por qué digo que vivimos en un paraíso fiscal?. Varios motivos, entre otros y amnistías fiscal aparte, me parecen relucientes como las estrellas del cielo. De un lado, la posibilidad de crear una SICAV –sociedad de capital variable destinada a inversiones de efectos cotizados- a partir de unos modestos 2.400.000 € y un mínimo de 100 inversores y que, por aquellas cosas de la vida, no son todos ni mucho menos realmente inversores, dado que las sicav recogen patrimonios personales o familiares, no colectivos. La carga fiscal anual societaria es del 1% y los socios sólo tienen que tributar si venden sus participaciones a un tipo que viene a ser la mitad o menos del impuesto de la renta, es decir, entre el 21 y 25%, en lugar del 46% para el común de los mortales.

En segundo lugar, grandes multinacionales, de forma tolerada y con una interpretación de la ley discutible, pueden derivar sus ganancias al extranjero y tributar aquí por tipos ridículos, entre el 1 y el 3%; a veces, con derecho a devolución y todo.

En tercer lugar, igual que sucede con la justicia, el número de inspectores fiscales es inferior a la media europea. El número de trabajadores dedicados a la administración fiscal es inferior a la media europea: ¡1950 a 950!. España, en el 2013, representaba el 13º PIB del mundo, después de haber bajado desde el 9º el 2008. Una de las causas de esta bajada es el fraude fiscal, entre un 4 y un 6% del PIB, más de 50.000 millones de euros, tirando bajo. Esta pérdida endémica supone el importe de todos los recortes en educación y sanidad como mínimo. Sin olvidar que la economía sumergida araña un 25% del PIB.

El fraude fiscal es una de las causas de la bajada del PIB español entre un 4 y un 6%, más de 50.000 millones de euros

¿Remedios? Algunos: recuperar la cultura fiscal que parecía fortalecida hasta los 2000, tanto por la vía de la educación, de la sensibilización como de, primero, la gestión tributaria y, dado el caso, la sanción, gubernativa o penal. Simultáneamente hay que incrementar las plantillas en los próximos 5 años –estos incrementos hace falta hacerlos con cierta calma– en un 30% acumulado y seguir más aceleradamente los 5 años siguientes. En paralelo, y no sólo en el terreno de la lucha contra el fraude fiscal, hace falta una ampliación similar a la hecha en la Justicia, esfuerzo que ya se llevó a cabo en los años 80 del siglo pasado, duplicándolas.

Y una última iniciativa, que hace casi 20 años que vengo pidiendo: considerar como delito autónomo –ahora no lo es: sólo se puede castigar si se condena al defraudador del erario público– a cualquier tipo de intermediario que facilite a un cliente esporádico o regular los mecanismos de la evasión fiscal. Desde entidades financieras en todo tipo de asesor legales y económicos, colegiados o no, son los sujetos de estas actividades abiertamente ilícitas. El fraude se produce aquí desde el momento en que se toma la decisión, asesorada, de cometerlo. Estos evasores que vemos ahora, en el 99% del casos no tienen –ni tienen que tener– idea de fiscalidad. Van a quien les puede facilitar el fraude, trabajo por el cual son correspondientemente retribuidos. Quien ofrezca estos servicios tiene que estar sancionado al margen del evasor, siempre que se pruebe su habitualidad. La reducción del fraude, cuando menos a la mitad, está cantada con estas medidas. Entonces se podría hablar de atacar el fraude mundial con seriedad, sin presentar muchos agujeros en la armadura propia.

Hay que dejar de ser un paraíso fiscal y que el “Hacienda somos todos” pase a ser algo más que un eslogan publicitario.