Hoy me vapulearán en Twitter. Contribuirá a ello el propio conseller Lluís Puig, que me reprochará la opinión defendida en este artículo —y que ya insinué en una anterior columna—, porque volveré a pedirle que abandone voluntariamente el escaño. Aceptaré la crítica como un daño colateral al oficio de opinar en prensa y en cualquier otro medio. A diferencia de los políticos, que se ponen nerviosos enseguida que les cae encima una avalancha de críticas por algo que han dicho, el analista no tiene la necesidad de agradar constantemente. No se piensen que no nos afecta, porque tener o no tener lectores repercute profesionalmente, pero alguien que opina tiene que hacerlo sin cinismos ni engaños. Podemos estar mal pagados, pero por lo menos seamos honrados.

Como ya imaginé que ocurriría, el Tribunal Constitucional (TC) anunció el pasado lunes que anulaba la delegación de voto del exconseller Lluís Puig, siguiendo la doctrina que fijó la pasada legislatura con el expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín. El lío empezó con el recurso que presentó el líder del PSC, Salvador Illa, contra el acuerdo de la presidencia de la cámara de 25 de marzo del año pasado que admitía la solicitud de Puig de delegar su voto. También anula el acuerdo de la Mesa del día siguiente que confirmaba la delegación de voto. En la resolución, el TC expone que estima el recurso de Illa porque “se les ha vulnerado el derecho a ejercer las funciones representativas” con los requisitos que señalan las leyes, que se encuentran en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes. Es por eso que el TC acuerda “restablecer a los recurrentes su derecho”, y por eso, declara la nulidad del acuerdo de la mayoría independentista de la Mesa. La resolución es delirante porque no sé qué derechos conculca que un diputado delegue su voto. Illa no tenía ninguna necesidad de incoar este recurso, porque seguramente ya lo habrían hecho —como hicieron— los tres partidos de la derecha unionista. Pero quiso hacerlo para marcar perfil y hacer lo que ha hecho siempre el PSC desde que se unió al PSOE: constituirse en guardián del españolismo (¡ey!, ¡progresista!) en Catalunya.

La desobediencia tiene que responder a un plan, no puede ser una reacción emocional ante la imposición, por muy arbitraria que sea, de un tribunal. Si es solo eso, no es política

La decisión de la mesa también fue polémica por otra circunstancia. La abstención de Jaume Alonso-Cuevillas –diputado de Junts y entonces secretario segundo de la Mesa–, que adujo que podía darse un conflicto de intereses por el hecho de haber sido el abogado de Puig. Aquel gesto, que justificó en una entrevista con VilaWeb, comportó su dimisión y que fuera sustituido por Aurora Madaula. Alonso-Cuevillas no iba desencaminado cuando rechazaba optar por los actos de desobediencia que consideraba estériles. El caso Juvillà le dio la razón. Y no le costó el cargo a nadie. En otra entrevista en VilaWeb, del mes de enero de este año, el mismo Puig hablaba de la posibilidad de que el TC anulara la delegación de su voto. Y decía: “Si la resolución del recurso de amparo obligase judicialmente a no aceptar mi delegación de voto, supongo que en un momento u otro la mesa, muy a disgusto, tendría que acatar el TC”. El momento es ahora, antes de que la cosa no pase a mayores. Pero tendría que ser él, el conseller Puig, el que abandonara. Ya sé que el conseller me replicará con una idea que ya ha defendido en Twitter, que “los diputados los saca y los pone la ciudadanía cuando vota”. Evidentemente. Y, aun así, tienes que saber jugar bien tus cartas si no quieres ir perdiendo con cada embate. Una mala decisión puede comprometer la dignidad de quien se cree preservarla con una demostración de gallardía. La desobediencia tiene que responder a un plan, no puede ser una reacción emocional ante la imposición, por muy arbitraria que sea, de un tribunal. Si es solo eso, no es política.

La retórica vacía de algunas declaraciones respecto de este caso repite lo que se ha dicho en otras ocasiones y que ha acabado con un fracaso y con desprestigio del independentismo. La CUP está abonada a ello desde su famoso hit en relación con la investidura de Artur Mas y a la “papelera de la historia”. La portavoz de la CUP, Laia Estrada, ha dicho que entraron en la Mesa para impedir las “injerencias” en el funcionamiento del Parlament y que, por lo tanto, “defenderán” los derechos también de Puig. Después del caso Juvillà, que los anticapitalistas gestionaron con un partidismo escalofriante, tendrían que ser más sagaces e inteligentes. Pedirles prudencia sería demasiado. Propiciar la inhabilitación de la Mesa del Parlament por un voto delegado que no merecería serle arrebatado a ningún diputado, pero que tendrá inevitablemente esta consecuencia, no es una acción ni inteligente ni efectiva. Ahora que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha concluido la instrucción de la investigación sobre el supuesto caso de corrupción en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ¿quién defenderá a Borràs? Todo ello es un desbarajuste que Borràs podría aprovechar para mandarlos al carajo.

Anteayer defendí mi posición sobre Lluís Puig en el transcurso de un almuerzo con activistas por la independencia de la zona del Vallès y nadie me lo reprochó. Solo una mujer, de convicciones fuertes, pero sensatas, apuntó que era necesario desobedecer al TC. La razón que adujo era, no obstante, sorprendente: “Es que necesitamos acciones que nos reactiven”. No necesitamos mártires, le dije, necesitamos ganar. Y para ganar, con la dignidad no será suficiente. Únicamente generaremos más frustración. Sin embargo, el serial de los próximos días no será Puig, será la petición de dimisión de Borràs por parte de sus socios.