El pasado jueves, día 8 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, anunciaron desde la Moncloa que habían llegado a un acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación. Más allá de la fotografía, que interesaba mucho a ambos líderes, no hubo una explicación de los detalles del acuerdo. El jueves se dejaron focos y micrófonos para Junqueras y sería el viernes cuando la ministra de Hacienda daría la versión de la Moncloa. Y lo que Esquerra Republicana trató de situar en la opinión pública fue una cifra y una idea: 4.700 millones de euros adicionales para Catalunya y que se respetaría el principio de ordinalidad en la distribución de los recursos.

La crítica política no se hizo esperar, ya que había una evidencia: ERC había investido a Illa presidente con el compromiso de que se avanzaría hacia un modelo de financiación muy próximo al concierto económico y lo que se acordó no lo es. La crítica más técnica o estrictamente económica se hizo esperar hasta que la ministra y candidata del PSOE a las próximas elecciones en Andalucía —¿qué podía fallar?— salió al mediodía a explicar los detalles de lo que Sánchez y Junqueras habían acordado. La explicación no dejó ninguna duda: no se trata de un concierto económico, Catalunya no recaudará los impuestos, el sistema no otorga ningún privilegio exclusivo a Catalunya, la ordinalidad ya veremos según qué criterio de población se aplica, etcétera. Una ganga.

El sistema de financiación no va de dinero sino de poder

ERC y muchos sectores políticos y periodísticos próximos a esta formación, o próximos al PSC o al menos próximos a hacer lo que sea necesario para que se mantenga el Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid y el de Salvador Illa aquí, pusieron el acento en “más dinero”. Y empezaron a acusar casi de malos catalanes a todos aquellos que criticamos el acuerdo por insuficiente. Como si no hiciera veinte años que, con el debate del Estatut, aprendimos que el sistema de financiación no va de dinero sino de poder.

Mientras todo esto sucedía, en Foment del Treball se habían escuchado las explicaciones de la ministra Montero y emitieron un comunicado que fijaba con claridad su posicionamiento: la propuesta de financiación autonómica es “claramente insuficiente”. El presidente de la entidad, Josep Sánchez Llibre, decía que la propuesta “no resuelve los déficits históricos y estructurales que tiene Catalunya en su financiación ni en la inversión en infraestructuras” y reclamaba un planteamiento más ambicioso: “Que la Agencia Tributaria Catalana recaude, gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos generados en Catalunya y con capacidad normativa”. Y recordaba que “la falta de inversión en infraestructuras de los últimos 14 años supone un déficit de 42.500 millones”.

Mientras pasaba todo esto sobre el futuro de la financiación de nuestro país —acuerdo, foto en la Moncloa, declaraciones de unos, explicaciones de otros, reacciones de unos y contrarreacciones de otros—, el president Illa públicamente no dijo nada. Pero ha trascendido que el mismo viernes por la tarde el president llamó a Foment. La nota emitida por Foment no gustó a Illa, que contaba con que los agentes económicos y sociales defenderían este acuerdo, empezando por la patronal catalana. La llamada —según algunos medios— fue para recriminarle las formas del comunicado sobre el acuerdo entre socialistas y republicanos. Al parecer la conversación fue dura porque el president tenía mucho malestar y acusaba a Foment de “deslealtad”. Este tipo de llamadas quedan mal. Pero ocurren. Que trasciendan queda todavía peor. Eso no ocurre tanto. Y menos aún que la fuente sea el Palau de la Generalitat. ¿Qué quiere esta gente que llama de madrugada? ¿Amedrentar a la sociedad civil?, ¿demostrar al amo que nos reprende?