Ha sido del todo decepcionante la tarea llevada a cabo por el ministro Ernest Urtasun con respecto a Catalunya.
Tan pronto como fue designado ministro, nos pusimos en contacto con usted para plantearle que afrontara completar la resolución de la restitución de los archivos y documentación catalanes que, después de 47 años de la aprobación del Estatut y 21 de la ley de los papeles, todavía quedaban pendientes. Era una ocasión de completar el trabajo no hecho hasta ahora, en el entorno conmemorativo de los cincuenta años de la muerte de Franco y dado que la ley de memoria del Estado reconocía como víctimas a la lengua y cultura catalanas y al Govern de la Generalitat.
Primero planteamos completar la restitución de los papeles de Salamanca que todavía quedan pendientes por restituir: la documentación de Justicia, la de orden público, la masonería catalana, los cuarenta y siete ayuntamientos catalanes y la documentación de diversos departamentos de la Generalitat que constan como documentos de "organismos rojos", prueba evidente de la requisa practicada por el ejército ocupante en 1939.
Después de reuniones y buenas palabras, no se ha dado ni un paso. Las excusas son absurdas y ofensivas. Van en el sentido de que en 1937 el orden público fue revertido al Estado cuando, como dice un informe pericial del mismo Ministerio de 2007, asumió la dirección temporal de acuerdo con el artículo 9 del Estatut, y que una sentencia de la AN confirmó esta interpretación respecto al traslado de documentación de orden público y justicia que había en la primera remesa de las cajas de la escena de las carretillas. No ha servido de nada entregarle el vaciado de los centenares de disposiciones del DOGC publicadas de 1937 a enero de 1939 sobre la gestión del orden público, que incluye: el nombramiento, régimen sancionador, pago de los policías y guardias civiles de la Generalitat, construcción y mantenimiento de instalaciones, parque móvil e incluso la banda de música. Usted no ha dado ni un paso, a diferencia de la actuación decidida que tuvo la ministra González-Sinde, que dio el principal impulso de la documentación transferida.
No ha servido de nada que la ley de memoria declarara víctimas del franquismo a la Generalitat y al gobierno vasco y, por lo tanto, acreedoras del derecho de restitución de los archivos requisados como botín de guerra en 1939. La memoria no son proclamas vacías sino actos de reconocimiento que comportan restitución, y usted no lo ha hecho. De hecho, la cuestión es bien sencilla. Responder a la pregunta: ¿dónde estarían estos documentos si el franquismo no los hubiera requisado? Pues se tienen que devolver a Catalunya.
Ser ministro no significa únicamente hacer actos de lucimiento, que además han ido en la dirección de afianzar un papel centralista del Ministerio, sino respetar las competencias estatutarias y resolver los problemas que todavía tenemos de hace 47 años
Ministro, tampoco ha dado ningún paso para normalizar la transferencia de documentación prevista en el Estatut, por el que la Generalitat tiene competencia exclusiva en la gestión del patrimonio documental catalán. Lo único que ha hecho es empezar las obras de la biblioteca provincial, que la denominan Biblioteca del Estado, lo que supone afianzar una política de centralización en contra de las competencias de la Generalitat, que han establecido un sistema de bibliotecas con la Biblioteca Nacional y las bibliotecas populares locales. Es una muestra clara de que usted no respeta las competencias de cultura exclusivas de la Generalitat en patrimonio, como sí ha hecho en la política de restauración de edificios en Catalunya, cuando no le corresponde. Lo que tiene que hacer el Estado es aumentar la financiación de la Generalitat y no aprovechar que la estrangulan financieramente para intervenir haciendo ver que el Estado se ocupa de Catalunya. En todo caso, debería haber restaurado el edificio de la aduana nueva del Pla de Palau, que se encuentra desde hace años en un estado lamentable y que es propiedad del Estado, y no lo ha hecho.
En este sentido, cabe recordarle lo que dijo en una clase de derecho Josep M. Bricall: que la autonomía política no era un juego de muñecas rusas, como el Estado quiere imponer, sino unos conjuntos en parte coincidentes que se reparten ciertas competencias del Estado que tienen que respetarse. De hecho, ha seguido una política destinada a imponer el Estado en todos los organismos de la Generalitat para diluir la competencia exclusiva, con una acción propagandística dando a diestro y siniestro premios nacionales a personalidades catalanas, con el fin de hacer ver una inexistente normalidad, utilizando el cepillo —que irónicamente decía Josep Tarradellas— que pasan los catalanes en Madrid para tenernos contentos y alegres. Tanto decir que el Estado respeta y ampliará las competencias del autogobierno, y usted no ha hecho nada en este sentido.
Tampoco ha cumplido el deber estatutario que tiene el Estado de poner a disposición de la Generalitat toda la documentación de los organismos territoriales de la "provincia" de Barcelona, que le corresponde como competencia. No lo ha hecho con la excusa de que no se ha construido el Archivo Provincial. Otra manera de menospreciar las competencias exclusivas en archivos y el sistema de archivos establecido en Catalunya con la ANC y los archivos comarcales.
Ni tan solo se ha entregado a la Generalitat el Archivo del antiguo Govern civil de Barcelona, cosa que en las otras "provincias" sí que se ha hecho, y además se mantiene cerrado al público, cuando es de gran interés para estudiar la represión política y contra la lengua catalana mantenida por la policía y los organismos del Estado.
No se ha cumplido lo establecido en el Estatut respecto al Archivo de la Corona de Aragón: no se ha entregado el Archivo histórico de la Generalitat, ni tampoco el resto de documentación que existe, en buena parte, como consecuencia de los efectos de la ocupación franquista y la supresión de la Generalitat. Entre esta documentación se encuentran la real audiencia y documentación de otro tipo, como la de las delegaciones del Ministerio de Cultura o de Hacienda. Especialmente, la salvada por la Generalitat de la destrucción de 1936 que no nos devolvieron los franquistas al final de la guerra. Entre esta debemos destacar los archivos notariales, que corresponde que estén depositados en los respectivos archivos comarcales, o el documento monacal de la desamortización y el Archivo del priorato de Sant Joan que Agustí Duran i Sanpere salvó de la destrucción cuando se lo llevaban a quemar en un camión. Restituirlos el año pasado, con motivo del 50.º aniversario de su muerte y de la muerte del dictador, habría sido una señal para demostrar la voluntad de hacer memoria y justicia.
De hecho, la restitución de este fondo es un deber que tiene el Estado de reparación y reconocimiento hacia la Generalitat en relación con la labor de salvamento del patrimonio que se llevó a cabo en el momento de la revolución. La Generalitat restituida en 1977 debe ser reparada como víctima reconocida por la ley de memoria del Estado, y no se ha hecho.
Tampoco se ha hecho ningún acto de defensa del patrimonio en todo el proceso de Sijena y, en concreto, no se ha realizado el informe del Instituto del Patrimonio Cultural de España, como sí hizo gustosamente el Ministerio en otros casos, como la Dama de Elche o el Guernica. En el caso de Catalunya, usted ha mantenido una posición pretendidamente neutra, ignorando además la labor de salvamento del patrimonio por parte de la Generalitat en 1939, no solo de las pinturas de Sijena, sino de muchas otras obras de Aragón, por parte de Gudiol, el equipo de Apel·les Fenosa con Sum y Benigani y en Lleida con Lamolla y Crous, obras que, gracias a este trabajo, ahora pueden verse en museos aragoneses.
Tampoco ha contestado a la petición de las entidades de memoria de declarar bien de interés cultural por su valor histórico la comisaría de Via Laietana, que corresponde al Ministerio de Cultura al ser propiedad del Estado.
En último lugar, debo recordarle que se nos sugirió hacer un informe sobre la posibilidad de disolver la Fundación Francisco Franco, lo enviamos y se nos pidió que lo presentáramos formalmente. Lo hicimos por el conducto formal y nos lo devolvieron pidiendo que lo presentáramos "en español". Naturalmente no lo hicimos, sobre todo por estar relacionado con Franco, que había proscrito nuestra lengua, y teniendo en cuenta que la ley de la memoria democrática española declaraba víctimas a los hablantes de la lengua catalana. Toda una declaración de realidad.
Ser ministro no significa únicamente hacer actos de lucimiento, que además han ido en la dirección de afianzar un papel centralista del Ministerio, sino respetar las competencias estatutarias y resolver los problemas que todavía tenemos de hace cuarenta y siete años, después de ser aprobado el Estatut, y que usted no ha afrontado ni resuelto.
Dar medallas o comprar la finca de la Ricarda, que ya había sido declarada bien cultural de interés nacional por la Generalitat, no justifica su labor como ministro hacia Catalunya. Ha sido un tiempo perdido.
Josep Cruanyes i Tor es abogado y presidente de la Comissió de la Dignitat