“Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”
Francisco de Quevedo
Grandes son las profundidades a las que la justicia está dispuesta a llegar para obtener pruebas del delito y hacer que sus responsables den con sus huesos en la cárcel. No hay sino observar la operación que, mientras escribo estas líneas, se está desarrollando en la ría de Arosa para intentar reflotar un narcosubmarino en el que se sospecha que hay un gran alijo de droga. Olas de entre 5 y 7 metros y vientos de 70 kilómetros por hora, oigan, y esto no arredra ni al juez ni a la Guardia Civil ni a Salvamento Marítimo ni a la Agencia Tributaria ni a la Policía Nacional, que todos están participando en esta odisea para lograr reflotar la prueba del delito mediante hinchables. Y no es la primera vez, no crean, es al menos la tercera. “Estamos dispuestos a usar todos los medios a nuestra disposición”, han manifestado las autoridades, a las órdenes del juez instructor para conseguir su objetivo.
“Estamos dispuestos”, lo que habla de voluntad de llegar al fondo, nunca mejor dicho, y “a usar todos los medios”, lo que implica compromiso. Echo de menos la utilización de este empeño conjunto, coordinado, heroico y carísimo para las arcas públicas en la investigación de delitos de mayor gravedad y afectación de las bases de la convivencia democrática. Sí, insisto, para mí es mucho más grave la certidumbre de que se han utilizado métodos abiertamente invasivos y dudosamente democráticos para violar la intimidad de ciudadanos por mor de sus actividades políticas o profesionales que la entrada de unas toneladas de droga. Nuestras democracias no están socavadas por los narcos, pero sí corren riesgos más orwelianos. El otro día les hablaba del juez de Madrid que admitía la querella de Giró y hoy tengo que felicitarme de que una sección de la Audiencia de Barcelona no sólo no se haya distanciado de la procesión de los enterradores, sino que haya regañado fuerte y duro a una magistrada con vocación de sepulturera.
Es mucho más grave la certidumbre de que se han utilizado métodos abiertamente invasivos y dudosamente democráticos para violar la intimidad de ciudadanos por mor de sus actividades políticas o profesionales que la entrada de unas toneladas de droga
Hay un instructor gallego que va a sacar del fondo un submarino y una instructora en Barcelona que se ha olvidado de las disposiciones legales y ni ha comunicado a una empresa luxemburguesa su imputación ni se ha acordado de tomar declaración a sus responsables ni a ningún otro, desentendiéndose de “las precisiones legales” para “dar al ministerio fiscal el control de la investigación”. ¡Vaya rachas de viento que deben soplar en el instrucción 20 de Barcelona para que se considere imposible incluso cumplir la ley por si eso nos acerca al fondo de la cuestión! Lo único que le falta al rapapolvo que el auto de la Audiencia Provincial le pega a la juez Moltó es decirnos si cree que es desidia, incapacidad o algo peor lo que la ha llevado a enterrar así una querella que ella misma admitió a trámite. Suele pasar, no digo que sea el caso, que los jueces que no quieren líos decidan que de la mano del fiscal no pecan y así se dejen mecer por el ministerio, que es uno, como saben, y que entre otras cuestiones es sensible a la política criminal del gobierno. Yo sospecharía que éste último no es muy proclive a indagar qué oscuras historias hay tras la utilización por el Estado de un programa espía que jamás debieron comprar naciones democráticas y que mucho menos debieron dedicar a indignos usos.
El auto de la Audiencia de Barcelona nos demuestra que no todos los jueces son enterradores. Es demasiado estúpido despacharse con un brochazo gordo todas las causas y todas las actuaciones —“son fachas”, ”están contra mí”— sin matizar ni analizar. En este caso el tribunal no sólo ha sido muy duro con la instructora, sino que también le ha dado fuerte al fiscal en el que, según leo entre líneas, perciben una cierta actitud si no obstructiva, sí proteccionista de ciertos estamentos. A la Audiencia lo de preguntarle a la directora del CNI le parece de cajón y totalmente pertinente y lo de notificarle a la filial luxemburguesa de NSO, simplemente lo que ordena la ley. ¡Pues claro! ¡Qué menos que mandar unas lanchas a dar unas vueltas sobre el submarino para ver su localización!
No le debe parecer lo mismo al enterrador mayor José Luis Calama, que en plan efectivo mandó una comisión rogatoria a Israel —que se han pasado por el forro— y después en plan duro les mandó una ampliación y ya, puesto en jarras en otoño del año pasado, “les intereso respuesta”. Vamos, si en su afán de investigación hasta estaba dispuesto a viajar allí siempre y cuando le dieran el placet que sabe que nunca darán. Las tareas de sepultura tienen mucho de gatopardismo y de agitarse bastante para no dar ni un paso adelante. Como, por ejemplo, cuando dice que no envía comisión rogatoria a Luxemburgo con respecto a la filial de NSO “porque es la última pieza del engranaje y no podría aclarar nada”. ¿Por qué prejuzgar el resultado que puede dar la única opción operativa que te queda para investigar? Puede que para no tentar a la suerte, no sea que de ese empujón el submarino salga.
Hay que circunvalar a los enterradores si se quiere tener alguna esperanza de llegar al fondo de esta sucia historia. Por eso era importante la estrategia del abogado Pina de sacar de la ecuación a Sánchez-Camacho y por eso lo es la de Van den Eynde de soslayar a NSO y a Israel y poner la brújula mirando a Luxemburgo, que es Unión Europea. A ver si hay suerte y encuentran una vía para llegar hasta el alijo. Como en la ría.