El espectáculo del verano será ver hasta qué punto los partidos de la Generalitat están dispuestos a degradar la política para conservar el poder. La última entrevista de Pere Aragonès en Bloomberg deja claro que el Govern de Quim Torra está negociando con Madrid rebajas en las condenas de los presos, no un referéndum de autodeterminación, como repite la propaganda.

El Estado y el Govern tratan de distraer al electorado con cruces y lacitos, pero cada día tienen que forzar más las metáforas y explotar más los despropósitos de los neonazis para mantener la tensión falsa con España. Volvemos a la descomposición del 2008, cuando los partidos trataban de detener a los sectores independentistas y el Estado destapaba los primeros casos de corrupción para presionarlos a hacer rápidamente el trabajo.

El hombre de Berga que intentó detener a un quinqui que arrancaba cruces ha dejado claro en Twitter que este tipo de simbología criptocumbaiá no es de su gusto. Pronto la identificación entre la independencia y la libertad que se dio en la época de las consultas volverá a emerger. Esta vez no se dirigirá sólo contra Madrid, sino que también se dirigirá contra los partidos que han convertido la Generalitat en una agencia de colocación y de control social.

En el congreso del PDeCAT se vio hasta qué punto la política catalana se ha convertido en un pantano de aguas fétidas. Como Jordi Pujol personalizó el poder en vez de darle una consistencia institucional, ahora sale la tribu con toda su colección de brujos y de supersticiones. Si ERC trabaja para que Junqueras salga de la cárcel como el Lluís Companys de 1936, Puigdemont mira de pactar con Madrid una operación Tarradellas de estilo pujolista.

Así, mientras los partidos procesistas degradan la política y la lengua catalana para adaptarla a la neodictadura autonómica que querrían instalar, los españoles preparan las municipales con cuidado. El nuevo destino de Àngel Ros da a entender que PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo soterrado con el PSC para intentar solucionar su falta de implantación territorial en Catalunya. El PP y Ciudadanos se lanzarán como locos a dar alcaldías al PSC para tratar de controlar una parte de Catalunya.

Los españoles necesitan conectar el manifiesto franquista de los 200 militares retirados con algún tipo de poder municipal que permita barnizar la colonización de democracia. Si el premio de Àngel Ros, y su último servicio a España, es ir de diplomático a Andorra, no hay que ser muy listo para ver qué futuro espera a los políticos que no han colaborado con el Estado. Quizá por eso el patriotismo de algunos empresarios se empieza a despertar.

El presidente de honor de Freixenet, por ejemplo, Josep Ferrer, ha cumplido la palabra que dio a sus padres y ha impedido que Catalunya pierda el control de la empresa de cava. Cuando los accionistas españoles ya habían vendido su parte a los alemanes del Grupo Oetker, Ferrer ha hecho una ampliación de capital y ahora su familia controla del 50 por ciento de la marca de cava. Mientras los empresarios no dejen de apoyar partidos y liderazgos zombies sólo podrán jugar a la resistencia en un mundo cada día más difícil y globalizado.