Que de eso se encarguen los estadistas

El derecho, que en mi opinión no es más que una técnica de resolución de conflictos, se ha transformado en los últimos años en un instrumento clave en la realidad catalana y española por culpa de quienes decidieron que la mejor respuesta a un conflicto político pasaba por su judicialización, a partir de la cual se desencadenó una ola represiva que aún continúa y cuyas secuelas veremos por muchos más años.

Siempre que me lo han preguntado he dicho lo mismo: cuanto antes salgamos de la primera línea los jueces, los fiscales y los abogados, antes habremos vuelto al terreno del que el conflicto nunca debió salir: el político.

Ahora, cuando ya hay un largo y complejo camino recorrido, no son pocos los que terminan por darse cuenta de que la decisión de marchar al exilio no fue por motivos personales ni de cobardía, sino porque era el único terreno en el cual se podría seguir defendiendo aquello en lo que se creía y esto es lo que ha forzado una batalla jurídica sin precedentes: la del exilio, que no ha sido ni rápida ni sencilla ni exenta de costes, pero sí exitosa.

Casi seis años de defensa jurídica no puede considerarse un tiempo menor; sin embargo, el tiempo y los recursos empleados van en directa relación con la complejidad del tema y la envergadura tanto del problema como del contrincante al que nos enfrentamos.

La complejidad de esta confrontación nos ha obligado a abordar múltiples situaciones, en diversos escenarios y países y siempre a un nivel técnico que, en muchos momentos, ha hecho incomprensible, para gran parte de la gente, tener claro el estado de cada caso y, sobre todo, el porqué de cada acción que hemos emprendido… Hemos batallado en Bélgica, Escocia, Alemania, Italia, la ONU y ante los grandes tribunales europeos, lo que ha añadido un sobreesfuerzo que algunos intuyen, pero pocos conocen.

Los costes tampoco han sido menores, no me refiero a los materiales sino a los personales asumidos, en primer lugar, por los propios exiliados que han aparcado sus vidas en favor de aquello que defienden y que llevan años viviendo en la incertidumbre de lo que les deparará el mañana; también quienes les defendemos y sus respectivos entornos hemos tenido que asumir costos que son impropios o incompatibles con lo que es el ejercicio de la abogacía en cualquier estado democrático y de derecho.

En todo este recorrido procesal ha habido altos y bajos, buenos y malos momentos, pero, como balance general, se puede decir, sin caer en innecesarios e indebidos triunfalismos, que siempre hemos ido avanzando y consiguiendo los elementos que necesitamos para construir el puzzle definitivo de la defensa del exilio y, a través de este, de todos aquellos que se han visto represaliados por la incapacidad del Estado en buscar una solución política al legítimo derecho de los catalanes a decidir sobre su futuro.

En breve, queda algo más de un mes, conoceremos la sentencia que tiene que dictar el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) respecto de nuestra demanda de inmunidad, el proceso por el cual pedimos que anulen la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad del president Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí; sin duda, es una sentencia relevante, de las que más, y deberá complementarse con aquello que ya hemos obtenido en otros procedimientos, tanto en las jurisdicciones nacionales en las que hemos litigado como en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Somos muy conscientes de que, hasta ahora, el único tribunal que se nos ha resistido ha sido el TGUE, pero, también, que siempre hemos logrado reconducir esa situación ante el TJUE, que actúa de órgano de casación de las decisiones del primero. Dicho más claramente: hasta ahora no hemos ganado nunca en el TGUE, pero siempre lo hemos terminado haciendo en el TJUE.

En esta ocasión partimos con varios puntos clave a nuestro favor: el TJUE ya ha determinado en la sentencia de las denominadas prejudiciales de Llarena que el Tribunal Supremo no es el tribunal preestablecido por ley a los efectos de perseguir a los exilados, entendemos que el TGUE así lo asumirá y ese es un punto esencial de nuestra demanda.

Pero no solo tenemos eso ya en nuestra contabilidad, el TJUE, en la casación que nos dio la razón respecto de las cautelares a favor del president Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí ya dijo que en el tema del suplicatorio “los comportamientos del ponente y del presidente de la Comisión JURI a los que se refieren los recurrentes pueden, a primera vista, manifestar una toma de partido o un prejuicio personal desfavorable hacia los recurrentes”, lo que forma parte de otro de nuestros motivos de demanda, uno no menor.

Junto con lo anterior, también ha de tenerse en cuenta que en fechas recientes el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha reconocido la vulneración de los derechos políticos del president Puigdemont lo que, llevado al caso del suplicatorio, forma parte del denominado fumus persecutionis que es parte imprescindible de nuestra demanda de anulación.

No son las únicas discusiones a las que dará respuesta la sentencia del TGUE y tenemos motivos para estar tranquilos sobre el resultado final, llegue este el próximo 5 de julio o llegue posteriormente de la mano del TJUE, si nos vemos obligados a acudir a él en casación. No lo sabemos… pero estamos tranquilos.

Para nosotros, en el fondo, la duda no está en la decisión que adopte el TGUE o la que, llegado el caso, tenga que adoptar el TJUE, sino, más bien, en qué hará el Tribunal Supremo respecto de esa decisión y de si la cumplirá.

Las normas que regulan la inmunidad son claras —todo lo claras que deben y pueden ser normas así de específicas—, siempre lo han sido y, hasta el caso del procés, también lo era la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, por lo que el auténtico desafío será ver cuán respetuoso de la legalidad europea y de las decisiones de la justicia europea querrá ser.

Respetándose la legalidad y dejando sin efecto las órdenes nacionales de detención, se abrirá la puerta al regreso del president Puigdemont y de Toni Comín, así como a la plena libertad de circulación de Clara Ponsatí y, sobre todo, se habrá avanzado hacia la auténtica desjudicialización de la política.

Además, hay que tener en cuenta que, en paralelo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos irá resolviendo las distintas demandas presentadas por los muchos independentistas condenados hasta la fecha y eso será, sin duda, algo que más de uno no sabrá digerir porque será la demostración real de que toda la represión se ha hecho, como no podía ser de otra forma, al margen de la legalidad.

Insisto, podemos estar tranquilos, a la meta propuesta llegaremos más temprano que tarde y será bien en el TGUE o, si no es así, en el TJUE, porque no solo tenemos razón, sino que, además, la hemos sabido explicar. Ahora ya solo falta que nos la den, pero teniendo presente que nosotros solo hemos trabajado para desjudicializar la política, el resto le corresponde resolverlo a los políticos y, de preferencia, que de eso se encarguen los estadistas.