“He tenido la desgracia de ser condenado por una colección de poesías llamada 'Les fleurs du mal' de la que la horrible franqueza del título no me ha protegido.”

Baudelaire a Eugenia de Montijo

Confieso que me gusta el rap y casi todos los integrantes de Sexion d’Assaut, sobre todo Maître Gims y Black M, pero también Lefa y Maska. Por eso no creo que lo de Boye ayer fuera un chiste: a Valtònyc le sigue faltando aprender a rapear y creo que Bélgica es buen sitio para ello. Eso lo afirmo en serio. Ya les dije en otras ocasiones que no es un tipo que me caiga especialmente bien, porque la provocación del arte mola, pero quedarte en artista de la provocación menos, pero eso no empece que yo no defienda la libertad de expresión en sus máximas expresiones y la de los artistas con mayor razón. La diferencia entre Baudelaire y Valtònyc es que el primero era un genio. Aún así fue acusado por Pinard, el mismo fiscal que llevó a Gustave Flaubert ante los estrados judiciales por Madame Bovary, y condenado. Sólo la intervención de la mismísima emperatriz de Francia, la española Eugenia de Montijo, a la que el poeta pidió clemencia por carta, logró rebajarle la condena de 300 francos de multa a 50 y, eso sí, tuvo que sacar los poemas de la edición. Miren que ni en 1857 se les ocurrió meterle en la cárcel.

Lo cierto es que más allá de los avatares judiciales que en tantas columnas y artículos les hemos ido relatando, la decisión final por la que Bélgica no entregará al rapero a España, conocida ayer, viene a dejar muy claros algunos funcionamientos anómalos del sistema judicial español y de nuestro propio estado de derecho. El primero de ellos será el cabreo sordo y el ninguneo que la justicia española, en su mayoría más conservadora, y los propios medios más de derechas, correrán a ningunear a la justicia belga, a sus jueces, a sus leyes y acabarán casi llamándoles estado fallido. No tengan duda. Olvidarán que en este caso concreto han entrado en liza otras muchas instancias y que más valdría reconocer que lo estamos haciendo mal, que hay una involución evidente, que están aplicando la ley como no hubieran osado hacerlo hace 15 años y que en ese camino vamos dejando briznas de democracia y de libertad, sin que por ello la sociedad sea “mejor” ni más “ordenada” como han pretendido siempre los censores.

Valtònyc fue condenado por tres delitos: enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas, y por cada uno de ellos el paso por la justicia belga ha dejado vergüenzas distintas al aire. El soplo de las interpretaciones abiertas y democráticas ha mostrado cómo la inquisición española resulta inaceptable dentro de un territorio de libertades y derechos comunes como es Europa.

La primera de las vergüenzas es que fuera condenado por un tribunal formado claramente por personas superafines a un partido concreto, el Partido Popular, Concepción Espejel, Enrique López y Juan Pablo González, todos ellos llegados a la Audiencia Nacional o con trampas o como refugio, y siendo que ninguno de ellos pertenecía a ella cuando ésta juzgaba terrorismo de verdad y que todos han sido vocales del CGPJ. Así fue que el enaltecimiento del terrorismo, desaparecida ETA, se les disparó y en 2017 un tercio de los casos de la AN fueron por este delito. Un tribunal especializado no puede convertirse en un nido de enchufes y pagos políticos. La diferencia es tan sustancial que en 2006 se absolvía a Soziedad Alkoholika por ese mismo órgano considerando que su “Explota zerdo/algún día reventarás/(…) Huele a esclavo de la ley, zipaio, siervo del rey” estaba al límite de la libertad de expresión pero aún amparada por esta. La derecha ha colonizado la Audiencia Nacional y eso se nota.

Bélgica nos ha dado un buen baño sobre libertades y sobre garantías del estado de derecho y no verlo es contribuir a que la situación se siga deteriorando

La segunda es el hecho de que el Tribunal Constitucional se despachara con un modelito de ocho líneas la inadmisión a trámite del recurso de amparo afirmando que no se ha justificado la especial relevancia constitucional del caso. Frente a ese capotazo de un TC dominado por los conservadores, tenemos que recordar que el Constitucional belga ha examinado la Constitución belga a cuenta de los recursos de Valtònyc y ha llegado a la conclusión de que si esas injurias a la Corona que condena España también existían en Bélgica, entonces lo que había que corregir era la ley fundamental de los belgas. Hasta ahí han llegado, hasta enmendarse a sí mismos a la luz de los resultados absurdos que produce esa ultraprotección de los monarcas. En la sentencia manifiesta el tribunal: “El rey debe soportar las críticas en el ejercicio de sus funciones oficiales y como representante del Estado del que es símbolo, especialmente de quienes cuestionan legítimamente las estructuras constitucionales del Estado, incluido su sistema monárquico”. Aprendan, magistrados carcas, algo que es obvio: están protegidos en sus críticas los que cuestionan la propia institución, porque es legítimo hacerlo.

La tercera es que los jueces no pueden hacer trampa, que es una vergüenza impropia que intenten engañar a los estados socios para conseguir que les entreguen a los requisitoriados. Que su misión no es ser el vengador justiciero sino respetar las normas, la verdad y la confianza mutua. Tuvo que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que le dijera a la Audiencia Nacional que no se puede aplicar de manera retroactiva el Código Penal para reclamar una extradición por la vía rápida. El TJUE determinó que la ley de referencia tiene que ser la del momento en que se cometieron los hechos y no otra posterior. Esa trampa fue innoble, pero el juez que la hizo, Ángel Hurtado, el salvador de Rajoy, está en el Supremo.

La cuarta, sobre el contenido punible de un delito de amenazas en una canción, porque cuando nos dicen que esto en Bélgica no sería delito, están marcando también dónde está un listón que en España se está bajando mucho para unos y nada para otros. Que la ultraderecha nunca amenaza, pero que si eres “de los malos”, aunque no haya posibilidad de cumplir lo que dices o ni siquiera lo pretendas, te meten un puro. Esto de las amenazas aún no ha terminado para Josep Miquel Arenas. Están a punto de señalarle fecha para un juicio por amenazas a la Guardia Civil en Sevilla, por una querella presentada por el sindicato AUGC, en el que el fiscal le pide hasta 7 años de prisión entre pitos y flautas. Siete años por algo que dijo encima de un escenario en Mairena, protestando por su condena, por mucho que eso fuera “¡Matad a un guardia civil!”. Siete años de prisión.

La quinta es, desde luego, que tras esta posición clara de la justicia belga y del TJUE, el Gobierno debe estudiar el indulto para que pueda volver cuando desee. El propio Sánchez lo escribió en sus redes sociales y sería coherente que se empezaran a enmendar los despropósitos represivos que los jueces conservadores y ultraconservadores están perpetrando con la libertad de expresión. Debe ser prioritario para el Gobierno “más progresista de la historia” volver a los tiempos en los que Kortatu, La Polla Records, Calle 13, Albert Pla o Los Violadores del Verso cantaban a sus anchas. Si Eugenia de Montijo pudo, Sánchez y Díaz también.

Bélgica nos ha dado un buen baño sobre libertades y sobre garantías del estado de derecho, y no verlo es contribuir a que la situación se siga deteriorando. Y esto vale aunque Valtònyc te caiga fatal o te parezca un rapero de eme.

Esto es cuestión de principios y de ver la pendiente por la que nos deslizamos.

Porque a la justicia española la han dejado con el culo al aire. Y yo me alegro.