No salgo de mi asombro. Miren que en 30 años que llevo de periodismo, las resoluciones de arbitraje electoral de las juntas habían sido más bien una pincelada curiosa en la mayor parte de los procesos, algo de lo que informar en pequeño, y resulta que en todas las últimas elecciones a las que se presentan candidatos catalanes relacionados con el procés, seguir el pulso y la urgencia de las resoluciones de la Junta Electoral Central se está convirtiendo en todo un subgénero de la profesión. Y es difícil porque su actividad resulta cada vez más complicada de entender y sus decisiones más discutibles desde el punto de vista del elector que ve como, vez tras vez, se le hurta la posibilidad de contrastar los puntos de vista de candidatos que sí puede votar. Pasó con Vox y pasa ahora. No son las únicas perplejidades que me tuvieron ayer todo el día en un vilo.

Cierto es que la Junta Provincial de Barcelona había dado su visto bueno a que participaran por videoconferencia los candidatos que no pueden estar presentes en los estudios de TV3. Hasta ahí la cosa marchaba bien. Fue Instituciones Penitenciarias la que nos descubrió que los usos y normas carcelarios ―a las ocho, recuento y chapados― y su escasez de personal hacían en su opinión imposible que se cumpliera lo determinado por el árbitro electoral. O sea que el Gobierno, pues es a quien obedece Instituciones Penitenciarias, podía decidir que no se llevara a efecto un acuerdo de la Junta de Barcelona. Por decirlo de otra forma, ¿si todos ellos hubieran estado aún en una prisión catalana, los horarios hubieran sido la excusa para impedirles intervenir?

La cuestión había sido recurrida a la Junta Electoral Central en Madrid y allí se envió el informe de Prisiones. Estábamos todos fritos por saber qué se decidiría y a qué hora, ya que cabía la posibilidad de que la JEC le dijera a Soto del Real que le daba igual la organización interna, pero que los derechos que habían amparado desde la junta barcelonesa no podían desbaratarse por un 'quítame allí ese horario interno'. Así que a la hora de comer anduve preguntando a gentes de esa Junta sobre la resolución del entuerto y me contestaron que lo resolverían en el día. Curioso, porque a los diez minutos recibimos todos una resolución exclusiva del presidente de la JEC en la que, por razones de urgencia, decía que nanay de la China y que los impedimentos puestos por la cárcel iban a misa. El presidente, Segundo Menéndez, él solo, que afirmaba haber aplicado “el criterio precedente” y que “ha decidido resolver las solicitudes relativas a los días 14 a 16 de mayo, dejando el resto para una próxima reunión de la Junta Electoral Central”. No me digan que esa redacción se corresponde con que la próxima reunión fuera a ser esa misma tarde. O yo carezco de comprensión lectora o Menéndez no redacta en castellano o, mucho más probable, no pensaba reunirse hasta el jueves 16 como poco. No sé, llámenme tonta, pero todas las cuestiones de la Junta Electoral Central son mucho más opacas que las relativas a cualquier tribunal de justicia, en el que siempre sabes quién resuelve y hasta cuándo si comunican hora de deliberación y fallo. No es el caso. La cuestión de la urgencia se entendía, pero tampoco se indicaba pie de recurso, es decir, no se añadía ante quién podían recurrir Junqueras y los otros esta decisión administrativa. La cuestión es que se reunieron unas horas después y “ratificaron” plenamente la decisión tomada a solas por el presidente. El derecho de los electores catalanes a escuchar debatir a aquellos que pueden votar fue derribado sin deliberación, por antecedentes, y luego ratificado sin más discusión. Una pega material puesta desde una institución que depende del Gobierno fue suficiente.

Si Puigdemont no hubiera afirmado su intención de entrar si lo hacía Junqueras, la decisión de la Junta de Barcelona se hubiera mantenido más fácilmente

Yendo más allá, también prohibieron la participación de Comín. Como este no está sometido a régimen carcelario, pues la pega es otra. No creen que se respetara el principio de igualdad de los participantes. Afirman que “no se sabe quién puede ayudarle en el debate”. Yo siempre hubiera pensado que está en desigualdad el que interviene por medios técnicos frente a los que están presentes, pero debe ser una deformación mía por haber hecho tantos duplex televisivos y tener claro lo complicado que es competir con los que están en directo en el plató.

Objetivo conseguido. Ni Junqueras ni Puigdemont estarían en TV3 porque Puigdemont sólo iba a intervenir si lo hacía Junqueras así que... tal vez sólo bastaba con sacar a Junqueras de la ecuación. Soy malvada, lo sé, pero tengo toda la sensación de que si Puigdemont no hubiera afirmado su intención de entrar si lo hacía Junqueras, la decisión de la Junta de Barcelona se hubiera mantenido más fácilmente. Otra cosa era dejar que “el fugado”, “el huído”, Puigdemont “el Terrible” participara en un debate electoral con el resto de candidatos. Muerto el perro, se acabó la rabia. No entra nadie desde prisión, no entra nadie desde Bruselas. Este último acuerdo sí lleva pie de recurso. Es ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo y tiene un plazo de dos meses, ergo no tiene la rapidez del recurso electoral y no se sustancia en ningún caso antes de que acabe la campaña. A fin de cuentas, el hecho de que Puigdemont pudiera debatir desde el exterior podía haber sido una potente arma electoral, ¿o no? Llámenme mala.

A mí me hubiera gustado que se pronunciara un juez tanto en este caso como en el de Vox, qué quieren que les diga. Me hubiera gustado que alguien hubiera ponderado derechos y hubiera determinado cuáles primaban. En ambos casos fue un órgano administrativo, que sólo puede aplicar la norma y no interpretarla ni valorarla ya que no tiene jurisdicción, el que decidió sustraer a los votantes la información que hubieran podido obtener de los debates.

La JEC, en mi opinión, está tomando decisiones que deberían haber estado en manos del legislativo ―regulando los debates por ley― o del judicial. Pero es sólo mi opinión,  y quizá la de muchos ciudadanos, y no la de los partidos que debieran cambiar esto.