“Los hombres públicos son, por necesidad, poco comunicativos. Podríamos decir que son, por necesidad, privados”

G.K. Chesterton. Artículos (1930)

 

Los acontecimientos se agolpan. En menos de una semana hemos asistido a la elevación de una cuestión prejudicial por parte del tribunal enjuiciador ante el TJUE, a petición del letrado de Junqueras; a la presentación y denegación de las medidas cautelares que pretendían que Puigdemont y Comín pudieran haberse sentado ayer en su escaño; a la resolución unánime del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la aplicación efectuada del artículo 155; a la petición de otra cuestión prejudicial al Supremo por parte de los abogados de Puigdemont y Comín  y, por último, a la operación policial que pretendía detener a los eurodiputados si pisaban territorio francés. Resulta difícil pensar que todo ello pueda ser casual. Más bien parece que, junto a la estrategia diseñada por los equipos jurídicos de los catalanes, esta vez coexiste otra que está siendo implementada por los tribunales y órganos del Estado para ir cerrando las ventanas abiertas, una tras otra, hasta lograr un bloque de respuesta firme.

Marchena y sus seis compañeros de tribunal no son Llarena. Parece claro que saben que su tarea va a ser finalmente escudriñada en los tribunales supranacionales y  no quieren dejar cabos sueltos ni dan puntada sin hilo para que su posición quede blindada. No parece casual, ni producto de una inflamación canicular, la decisión de aceptar la petición de Van den Eynde y elevar una cuestión prejudicial al TJUE, a pesar de los informes contrarios del fiscal, la abogada del Estado y la acusación popular. Hubieran tenido internamente cubiertas las espaldas de haberse negado. No ha sido así. Han decidido preguntar lo que ellos, en realidad, ya tienen claro. Por eso han resuelto como han resuelto. Así que es ingenuo pensar que lo hacen a humo de pajas. En el asunto hacen una finta interesante que es dejar claro que se trata de una consulta provocada por un recurso de súplica presentado en la llamada “pieza de situación personal” de Junqueras, lo que viene a significar que no se hace desde la causa principal. Algo muy relevante dado que la presentación de una cuestión prejudicial obliga a paralizar el procedimiento... y van a paralizar esa pieza pero no la causa principal, que es sobre la que ha de recaer sentencia. Siguen pues las deliberaciones que, al parecer, se producen todavía en torno a cuestiones previas y no sobre el meollo de la cuestión. No habrá muchas vacaciones para los magistrados y se calcula que la sentencia pueda salir en octubre, aprovechando un momento que no sea convulso políticamente (precampañas, elecciones u otras eventualidades que podrían estar en el horizonte). También es de reseñar en esa cuestión presentada ante el TJUE que el tribunal, a sabiendas de que no se trata de un procedimiento de urgencia, le pide sin embargo a Luxemburgo que dado que puede afectar indirectamente a una libertad y también a la composición del Parlamento Europeo, lo tramite por el procedimiento acelerado del artículo 105. ¿También hay que creer que el Tribunal Supremo se lanza a la piscina en este asunto? Lo cierto es que lo hacen una semana después de que el presidente del TJUE fuera invitado a Madrid y comiera con Lesmes y los presidentes de Sala del TS, incluido Manuel Marchena. Digo yo que a lo mejor les dio alguna pista, pero eso es porque yo soy muy malvada. Es esa misma característica la que me hace reparar en que, con este movimiento, el TS anula la posibilidad de que el Tribunal Constitucional entienda de este asunto.

Parece que, junto a la estrategia diseñada por los equipos jurídicos de los catalanes, esta vez coexiste otra que está siendo implementada por los tribunales y órganos del Estado

Alguno de estos días pasados creo ya haber dicho que no conviene subestimar al que se considera el oponente. Tampoco el triunfalismo viene bien. Finalmente ni Puigdemont ni Comín ni Junqueras estaban sentados en la constitución del Europarlamento. Se trata de una negativa de medidas cautelares que no prejuzga sobre el fondo, así se indica expresamente, pero en la que sí se dice “no puede prosperar la alegación de los demandantes según la cual el Parlamento Europeo debería haber considerado que la proclamación de electos del 13 de junio era la declaración oficial” y también que “la cuestión sobre si debía habérseles permitido (acudir a jurar) debe ser resuelta por las autoridades nacionales”. Queda pues trayecto judicial que recorrer pero hay que reconocer que es complejo, que nada está dicho y hasta que puede resultar adverso.

Tampoco fue casual el hecho de desempolvar y recordar la existencia de un tratado firmado específicamente con Francia que permite una suerte de expulsiones administrativas, o sea policiales, en las que no interviene juez alguno y que podía haberse activado en caso de que Puigdemont y Comín hubieran pisado suelo francés. Algunos de los fiscales que se ocupan del caso llevan más de 30 años trabajando codo con codo con las autoridades francesas. Conocen al dedillo las posibilidades que tiene ese país con el que España ha suscrito, debido a problemas como el terrorismo, más convenios y medios de trabajos conjuntos que con ningún otro. Así que sí, parece que la policía española sabía que a través de sus colegas franceses podía hacer aplicar un tratado concreto que les habría permitido traer a España a los dos eurodiputados electos. Y una vez ante el juez Llarena, a reclamar lo que sea, pero con ellos en Soto.

Así están las cosas, con dos estrategias cruzadas. Apostaría a que la del tribunal enjuiciador consiste en conseguir cerrar la cuestión del TJUE mientras ellos van elaborando la sentencia. El TJUE es lo que inquieta. Lo cierto es que Estrasburgo queda muy lejos en el tiempo y, desde épocas pretéritas, saben que lo que suceda en unos años lejanos acaba afectando poco y a otros. Recuérdese la doctrina Parot que, mientras tanto, sirvió para parar las excarcelaciones que se deseaban parar.

Nada suele ser casual y en esta cuestión menos que en nada. Durante los meses venideros, los plazos judiciales, pero también los políticos, nos van a dar mucho que comentar. Eso y las ambiciones personales. Nunca hay que olvidarlas. Son menos casuales que nada.