“La injusticia envenena aun en dosis homeopáticas”

Piero Calamandrei

Cada tiempo tiene sus figuras entrañables. En el Lejano Oeste estaba el juez de la horca y ahora que somos civilizados tenemos los jueces de Twitter, muchos parecidos a los de los wéstern y otros que lo son de profesión. Habrán disfrutado estos días de todo este revuelo en torno a la renovación del CGPJ que se resume sencillamente en dos premisas: la primera, que gran parte de los jueces, y sobre todo los conservadores, se han constituido en grupo de presión para lograr controlar ellos el cotarro y la segunda, que el PP le va a echar jeta de cemento para seguir conservando su perdida mayoría parlamentaria en los órganos constitucionales.

Las espadas están tan arriba que no ha habido ninguna cortapisa a las manifestaciones más peregrinas. Las de los políticos ya las han oído, pero quizá se hayan perdido al juez tuitero que me increpó, para afearme mis premisas, afirmando que “lo del CGPJ no afecta en nada al día a día de la gente (…) que no nos vendan que es por los ciudadanos y la democracia, lo relevante es el equilibrio de poderes”. En tal frase, además del desatino evidente, se esconde otro que no deja de ser interesante, ya que supongo que considera que algunos catalanes al menos no son ciudadanos y, por tanto, no les va nada con esta historia de la renovación. Nada más falso. Una de las cuestiones que no se han mencionado en estos días es la relación palmaria y manifiesta entre los nombramientos que se apresta a realizar el caducado Lesmes y los políticos catalanes que se encuentran aún procesados estando fuera de España.

Elegir los nombres de los tres nuevos jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo es tanto como elegir los nombres de los llamados a ocuparse de Puigdemont, Comín, Ponsatí y hasta de la casación del president Torra en el supuesto de que sea condenado. De hecho, todos los recursos presentados por ellos están detenidos ante la falta de magistrados no contaminados en ese órgano judicial. Por eso, es evidente que aquellos que sean nombrados ahora serán la tropa de refresco que, junto a Susana Polo, tendrán que afrontar ese trabajo directamente relacionado con los políticos catalanes. Hasta el momento, están pendientes de resolver las apelaciones a la OEDE cursadas por Llarena contra ellos, así como contra la orden nacional de detención y contra la emisión del suplicatorio a la Eurocámara, entre otros. Además, sería necesaria una sala de enjuiciamiento en el supuesto de que en un futuro, cada vez más lejano, el Parlamento Europeo concediera el suplicatorio.

Los magistrados aspirantes al Tribunal Supremo que no comparten el tratamiento penal que se ha dado al asunto del procés, que los hay aunque callen, no entrarán nunca en esa sala si es Lesmes el que sigue decidiendo

Así pues, escribir los nombres de los nuevos miembros de la Sala Segunda es tanto como escribir los nombres de quienes harán frente a estos asuntos. Es cosa chunga y poco recomendable que al nombrar un juez para un puesto de libre designación se sepa para qué pleito se le está designando, pero es justo lo que sucede. Por eso es especialmente grave que Lesmes se empeñe en volver a reactivar unos nombramientos estando el CGPJ prorrogado casi dos años por encima de su mandato constitucional. No hay ningún poder del Estado —ni legislativo ni ejecutivo— que estando en funciones mantenga todas sus competencias, excepto el judicial, que hace tiempo que ascendió al Olimpo democrático de porque yo lo digo.

La cosa puede ser muy diferente si los nombramientos los hace el caducado CGPJ con mayoría conservadora o un nuevo CGPJ. Gustará o no pero esa es la realidad. Los magistrados aspirantes al Tribunal Supremo que no comparten el tratamiento penal que se ha dado al asunto del procés, que los hay aunque callen, no entrarán nunca en esa Sala si es Lesmes el que sigue decidiendo. Eso es algo que a los peperos no se les escapa. Les he hablado en múltiples ocasiones del enrocamiento que se ha producido en el más alto tribunal español respecto a esta cuestión, una especie de juramentados llamados a garantizar la unidad de España y escarmentar a los independentistas, que no sabemos si persistiría incólume con la incorporación de otros magistrados de corte menos ultra.

Lo mismo sucede con la paralización de la renovación del Tribunal Constitucional que afecta a un tercio de sus miembros, incluyendo a la presidencia y la vicepresidencia. Ya sabemos que varios recursos de amparo que afectan a políticos catalanes, unos 18, siguen ahí estancados y que está pendiente el gran recurso sobre la sentencia que no piensan empezar a mirar hasta el primer trimestre del año próximo. ¿Conseguirán que no se mueva la relación de fuerzas de 7 magistrados conservadores y 5 progresistas hasta que no hayan terminado con todo esto? En el caso de que fueran nombrados los nuevos magistrados, tal y como manda la Constitución, quizá no pudieran seguir garantizando ni los resultados ni la ausencia de votos particulares, tan necesarios para conocer las diversas interpretaciones que de todo esto pueden hacerse.

Así que esta pugna de poder, que lo es, no es sólo entre el PP y el PSOE, ni contra Podemos, ni se refiere exclusivamente a esa absurda reivindicación que pretende que vamos a arreglar todos nuestros males cambiando la politización partidista por la politización corporativa. No, nada de eso. Aquí está en juego también quién escribe los nombres de los jueces de Puigdemont, Comín y hasta Torra. ¿Creen que la derecha lo va a dejar escapar?

No es muy posible que desistan de este enroque en un poder que ya no tienen. Lo que sí lo es, es que la determinación de los llamados a llevar lo que resta del caso catalán por un órgano caducado, será utilizado por las defensas de los afectados en Europa. Igualmente es muy probable que intenten impugnar unos nombramientos que afectan directamente a personas concretas con nombres y apellidos… catalanes.

Eso sí, no olviden las sabias palabras del juez tuitero: esto del Consejo no va con los ciudadanos. Pues menos mal, oiga. Vaya y pregúnteselo a los que he mencionado. 

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