Inmolarse no es el camino

“Hasta sacrificarse o renunciar es un problema de astucia.” Cesare Pavese

Xaquín García Couso fue la primera víctima colateral. Hace ya más de una década que cayó fulminado por la inelegibilidad sobrevenida, que podría ser considerada hoy día como la peste negra del cargo electo por causar la mayor mortandad de actas registrada nunca. García Couso era un alcalde del pueblo coruñés de Arzúa, al que la Junta Electoral declaró inelegible para las macroelecciones de 2011 por estar condenado por desobediencia, sin sentencia firme. El hombre no había demolido un edificio en el plazo que ordenaba la sentencia y no le dejaron volverse a presentar para alcalde. En aquel temprano momento, García Couso, del BNG, ya dio una rueda de prensa dolida e indignada por lo que claramente definió como un “daño colateral” de la reforma de la LOREG que el PP y el PSOE habían pactado para cerrarle el paso a candidatos de la izquierda abertzale con condenas aunque estas no fueran firmes. La reforma la pactaron con marcha rápida en 2010 ambos partidos y fue aprobada tan solo dos meses antes de esos comicios en los que también cayó García Couso.

Una década después esa norma se llevó por delante a Torra y va a llevarse a Juvillà y podría que a otros tantos si se niegan a aplicar la decisión de la Junta Electoral Central. No va a pasar ninguna otra cosa. Repetir las mismas cosas nunca obtiene distintos resultados. Va a ser idéntico. Irá él y marcharán detrás todos los que desobedezcan y se nieguen a aplicar la instrucción dada sobre el condenado por desobediencia. La jurisprudencia que se creó para el caso Torra ha cerrado ya el paso a todas las cuestiones plenamente discutibles en este caso. Así que tienen la sartén por el mango.

Saben, porque lo escribí reiteradamente en el caso de Torra, y después en el caso del diputado de UP, Alberto Rodríguez ―en el que se vio claramente cómo la mayoría de los miembros de la Mesa del Congreso, alertados sobre las opciones, pasaron de meterse en una vía que iba a acabar con todos ellos metidos en un procedimiento penal―, saben, digo, que me preocupa que las sagradas actas emanadas de la soberanía popular se fulminen tan fácil. Vox, al olor de la sangre, ya ha anunciado la querella contra los miembros de la Mesa del Parlament si no cumplen en el plazo de cinco días la orden.

Cuando una norma produce resultados aberrantes, lo que hay que hacer no es revolverse una y otra vez contra su aplicación, sino plantarse de forma clara contra el precepto mismo y sin cerrar parlamentos democráticos, usándolos para lo que sirven, conseguir que sea enmendado ese entuerto

Leo, y me cuentan, que la presidenta Laura Borrás está muy firme en lo de llevar el pulso lejos ―todo lo lejos que quiera Juvillà― aún jugándose la desobediencia ella misma. No sería ese mi consejo. De momento parece dudoso que la Mesa le acompañe hasta el final en un pulso de este tipo. Hasta donde se ha informado, ella había propuesto en un primer lugar que se ordenara paralizar el Parlament hasta que no se tenga un nuevo dictamen sobre la retirada del acta, y finalmente la Mesa ha cambiado el verbo ordenar por proponer, por dudas legales. Léase miedo a meterse en líos. Visto así no sé si tendrá compañía hasta el final, dado que aunque ella tenga otros procedimientos por los que también podría quedar inhabilitada, no es situación que compartan todos.

La idea de paralizar un parlamento tampoco es la mejor. Una cosa es que lo haga Boris Johnson, porque en su país existe esa prerrogativa para el primer ministro recién llegado con sanción de Isabel II, y otra es que después de que el TC declarara inconstitucional hasta el cierre del Congreso en la pandemia, no vaya a haber lío con esto. Sobre todo cuando la oposición ya ha se ha manifestado abiertamente contraria. Otro frente que se puede abrir, incluso con procedimientos legales, por vulneración del derecho a la participación política de los miembros del Parlament. No augura nada bueno. Y, al final, si algo ha quedado claro, es que los gestos no evitan que se produzcan las consecuencias. Así que emprender una y otra vez la misma senda no es sino asegurarse problemas judiciales para el futuro que, de nuevo, acabarán mal.

A mí lo que me parece es que hay que extirpar de una vez por todas la mala hierba que ha permitido todos estos despropósitos. Hasta 2011 ni Torra ni Juvillà ni el desgraciado alcalde de Arzúa hubieran sido despojados de sus actas. De nada sirve oponerse una y otra vez a los frutos si no se desarraiga al árbol que los produce. Señores, ETA dejó de matar, que fue la circunstancia que llevó a pactar a los dos grandes partidos ese cambio legal. ¿Por qué no emprender una campaña política para deshacer una reforma de la LOREG que trata con tan poco respeto la sacrosanta representatividad de los electos en democracia? Puestos a pedir cosas en las negociaciones, ¿por qué no hacer a la democracia el bien de desgajar de una vez aquella reforma mediatizada que casi nadie discutió porque iba contra condenados por terrorismo?, ¿por qué no se pide que se atenúe, teniendo en cuenta por ejemplo la gravedad de las penas de inhabilitación impuestas o, simplemente, eliminando ese aberrante concepto de la inelegibilidad sobrevenida? Ser elegible supone serlo ante los comicios. Una vez elegido repugna al sentido común que puedas ser inelegible de forma sobrevenida y sin firmeza en las condenas. Las construcciones jurídicas adoptan en ocasiones formas que se pegan de hoz y coz contra la pura lógica democrática.

Cuando una norma produce resultados aberrantes o insoportables, lo que hay que hacer, creo, no es revolverse una y otra vez contra su aplicación, sino plantarse de forma clara contra el precepto mismo y sin cerrar parlamentos democráticos, usándolos para lo que sirven, conseguir que sea enmendado ese entuerto. La democracia española funcionó perfectamente durante más de treinta años sin esa formulación del artículo 6.2 de la LOREG y no sólo podría sino que debería seguir haciéndolo. Si nos repugna que un órgano administrativo retire actas a personas que no han sido condenadas en firme, entonces lo que hay que lograr es que desaparezca esa reforma aberrante.

Mientras siga ahí seguirán cayendo electos: catalanes, vascos, gallegos o canarios. Lo que toque en cada momento. Por eso, no se inmolen, hagan política, sobre todo los que pueden apretar a alguno de los partidos que propiciaron tal precepto. Ahí se lo dejo a algunos, servido en bandeja.