“Sólo una persona con gran carácter puede ser fiscal (...) de otro modo en lugar del augusto semblante de la Justicia no dejaría ver más que la estereotipada mueca del policía”

Jakob Wassermann. El caso Maurizius

Siempre que la justicia es hecha les dirán que cada uno cumplió su papel, que es el estado de derecho el que sale ganando y que sus servidores no son sino el material del que se vale éste para tomar forma. Cuestiones todas ellas muy ciertas, a nivel teórico, pero que no dejan de sonar altisonantes y de servir para tapar con un manto las relaciones humanas, las reacciones, las decepciones y todo lo que rodea a los que han sido parte necesaria para que una sentencia como esta se dicte. Repetirán hasta la saciedad que en una cuestión como esta no hay ni ganadores ni perdedores y, precisamente por eso, voy a contarles quién ha ganado y quién ha perdido, quién ha salido reforzado y quién aún se puede estar tentando los ropones por lo que pueda derivarse en el futuro.

La sentencia dictada por la sala segunda es un varapalo en toda regla para la fiscalía, no sólo para sus tesis, sino en cierta manera para la Fiscalía General y su jefa de filas. Segarra, una vez nombrada por el Gobierno, decidió mantener una postura de prietas las filas con los fiscales de sala del Tribunal Supremo que llevaban la rebelión como férrea calificación, asumiendo el relato de su antecesor Maza. Sorprendió mucho que la progresista Segarra, que según cuentan en su vida anterior al nombramiento no había sido una creyente jurídica en el golpe de estado, se encontró con unos fiscales mucho más señeros que ella que no pensaban moverse un ápice sin montar un escándalo. Habiéndose producido muy pronto divergencias y confianzas perdidas con los que la eligieron, ella tuvo claro que era su alineamiento con la carrera fiscal el que iba a servirle de flotador y de futuro. Lo cierto es que dos horas después de hacerse pública la sentencia, la fiscal general convocó una insólita rueda de prensa para decirnos que “hablar de éxito o de fracaso es ajeno al ministerio fiscal” y que estaban muy satisfechos del papel que habían jugado.

Mucho no debían estarlo porque la sentencia lamina su postura con frases bien lapidarias entre las que se encuentra la siguiente: “La quiebra de los elementos objetivos del tipo de rebelión bastaría para excluir esa calificación” y esa falta de los elementos del tipo es lo que se les ha estado reprochando durante toda la instrucción, incluso con manifiestos de catedráticos y penalistas incluidos. Así que Segarra se ha quedado pegada a la calificación de su antecesor, nombrado por el PP, y se ha descolgado con insistencia de la teoría sostenida por la ministra que la propuso para el cargo y que fue defendida por la Abogacía del Estado. Fue Dolores Delgado la artífice de la postura de la sedición y de la actuación del abogado del Estado en el juicio penal como algo más que un peón de brega del fiscal. Delgado, la fiscal que compartió con Segarra campaña dentro de la misma asociación de fiscales, con la que recorrió España para convencer a sus compañeros de que las votaran para el Consejo Fiscal. Y es que el mundo es un pañuelo. A fin de cuentas, la sala le ha dado la razón, a Delgado, sobre las tesis del que fuera mucho tiempo su jefe en la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Las tesis del Gobierno socialista han triunfado y fue la ministra de Justicia la que propuso esta línea.

Una sentencia como esta tiene graves implicaciones para los que sufren sus efectos directos, los condenados, pero, no lo olvidemos, también marca el rumbo de muchos de los que han contribuido a hacerla posible

Lo de la rueda de prensa fue una salida inesperada ―nunca dio Conde-Pumpido una rueda de prensa para alegrarse del triunfo de las tesis fiscales en la sentencia del 11-M, por ejemplo― que supongo que pretendía atajar las especulaciones sobre el jarro de agua fría que les acababa de caer. Los comentarios, desde luego, entre los fiscales no eran esos. Unos se mostraban socarrones y decían que ya se esperaban algo así pero otros criticaban abiertamente la sentencia y achacaban a la búsqueda de la unanimidad “a toda costa” el resultado que consagra un delito que no era contra el orden constitucional ―”por eso salió el Rey, por el orden público”― y unas penas que resultan altísimas en su gradación para lo que se afirma en el texto que se está castigando. Hay quien piensa que en el tribunal ganaban los que negaban la rebelión y que para evitar un o unos votos particulares ha sido necesario subir el tramo de pena al máximo para que casi no exista diferencia con la condena por rebelión. A saber.

Otro que ha quedado escaldado ha sido el flamante héroe de Ciudadanos, Edmundo Bal. El antaño abogado del Estado, jefe de penal, se convirtió en un adalid para muchos por aquello de que él era como el Empecinado en acusar por rebelión, aunque ello fuera a cambio de hacer caso omiso hasta de las instrucciones recibidas en la época de Rajoy que sólo hablaban de malversación y nunca le autorizaron a actuar acusando de rebelión. Ahora se queda su supuesta heroicidad un poco manca, puesto que son las tesis de las que fueran sus jefas las que han sido revalidadas por el tribunal. A ver cómo le va en política una vez despojado de la capa del martillo de golpistas que no lo son.

Luego está también la cuestión del tribunal o, más bien, de presidente del tribunal, puesto que él ha personalizado y capitalizado el juicio de forma casi total. Les he contado otras veces que había una densa capa de adhesión a Manuel Marchena que permeaba todo el tejido del poder en Madrid. Nadie movía una coma contra él y contra eso se estrelló mi denuncia del favoritismo utilizado con su hija. Tras la sentencia se ha producido ya ese fenómeno por el que los halcones han desatado ya sus lenguas y sus plumas para clamar contra la estafa que les parece que esa rebelión que ya daban por hecha no haya cuajado en los máximos postulados necesarios para salvar la patria. A saber cómo va derivando esa defección de la derechona que se junta con la crítica más progresista a la elaboración que se realiza del delito de sedición que parece amenazante para derechos de protesta y reunión. No olvidemos nunca que la meta de Marchena es presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo y que para eso no le basta ni con el apoyo del PP exclusivamente ni con el del PSOE en solitario. Puede que de ahí parta la furia por las filtraciones de la sentencia que, según se ha publicado, ha comenzado a investigar. Algunos dicen que quizá no tanto por la publicación sino porque achacaría a un magistrado concreto del Tribunal Constitucional el haber difundido las confidencias de un miembro del tribunal.

Y Llarena... bueno a Llarena le echan en la sentencia algún capote para que no se quedara tan colgado de la brocha y todavía nos va a dar que hablar con su forma de llevar las actuaciones contra los expatriados. 

Una sentencia como esta tiene graves implicaciones para los que sufren sus efectos directos, los condenados, y tiene repercusiones sociales y políticas pero, no lo olvidemos, también marca el rumbo de muchos de los que han contribuido a hacerla posible. Seguiremos informando...