El Tribunal Constitucional no ha querido jugar el papel de policia malo, que le pedían el Partido Popular y Ciudadanos, y ha rechazado por unanimidad la suspensión del pleno del Parlament que se celebrará el próximo lunes y que aprobará una resolución que pretende ser el inicio del proceso de desconexión de Catalunya del resto de España. Aunque dice ser consciente del riesgo de que el pleno del Parlament la acabe aprobando (62 diputados de Junts pel Sí y 10 de la CUP la avalan, de los 135 escaños que tiene la Cámara), se ha decantado por no suspenderla ya que la resolución está en fase de acto preparativo, no se ha aprobado y el contenido último se desconoce.

Aunque el TC ha adoptado la solución más esperada, de acuerdo con la doctrina que el Alto Tribunal ha ido elaborando con el paso de los años, no es menos cierto que ha querido actuar de puertas afuera con prudencia. Vamos, se ha puesto de perfil, incómodo como está, además, tras la modificación exprés del Tribunal Constitucional implementada a través de una ley aprobada por el Gobierno del PP. Al mismo tiempo ha advertido a JxSí y la CUP que actuará con determinación, circunstancia que se producirá a partir del próximo martes cuando el gobierno español la recurra. Con los dos autos del TC, la Mesa del Parlament sortea, en primera instancia, una hipotética inhabilitación, circunstancia que se habría producido si el Alto Tribunal hubiera obligado a retirar del pleno la resolución y se hubiera hecho caso omiso.

La pelota volverá, una vez la resolución esté aprobada por el Parlament, de alguna manera al Gobierno catalán en funciones. Sobre todo, porque en el punto cinco se insta al Gobierno catalán a iniciar en el plazo máximo de 30 días la tramitación de las leyes de Proceso Constituyente, de Seguridad Social y de Hacienda Pública. Es obvio que más allá de la vulneración del marco constitucional que pretende la resolución hay otro factor añadido nada menor: las facultades de un gobierno en funciones escapan de la tramitación ordinaria de leyes. Lo contrario sería retorcer el ordenamiento. Y no por una constitución u otra, sino por el esquema racional del parlamentarismo en todos los países democráticos y a lo largo de muchos años. Dicho de otra manera, el Govern en funciones es de otra legislatura, no tiene la confianza del Parlament actual y sólo puede despachar cuestiones de trámite. Lo que obligará necesariamente a la investidura de un president o presidenta si se quiere cumplir la resolución de la Cámara catalana.