El plan de recuperación para Europa (Next Generation EU) ha sido la noticia económica dominante durante las dos últimas semanas: antes de iniciarse las discusiones, durante las largas negociaciones y, una vez alcanzado el acuerdo, se han hecho valoraciones sobre la inyección, a base de deuda, de 750.000 millones de euros.

Es muy difícil ser original en el análisis de una noticia tan trascendente desde el punto de vista económico y que ha sido analizada y comentada por centenares de especialistas de los sectores, ya sea con perspectiva europea o ya sea con perspectiva de cada estado miembro. Alemania ha sido el líder absoluto del el acuerdo, bien acompañado por Francia. En el otro lado, las necesidades de otras dos economías grandes (Italia y España), que si quedaban desatendidas podrían (más Italia que España) hacer traquetear el edificio europeo. Y ya se sabe que el interés alemán y francés para tener contentos a los españoles es relativamente grande, no en balde es un mercado de cerca de 48 millones de consumidores, es un centro de producción interesante y es el destino anual de 11 millones de turistas alemanes y 11 millones de franceses, que disponen así de un proveedor de sol y playa relativamente cerca y dentro en casa, por decirlo de algún modo.

Visto desde la perspectiva de la economía y la política catalanas, el acuerdo me sugiere tres apuntes de reflexión que he pensado que podía compartir con los lectores.

En España le han hecho un "hasta aquí hemos llegado", ya que si quiere el dinero lo tendrá que justificar delante de los 27 con proyectos que respondan a las recomendaciones de la Comisión

En primer lugar, pone de relieve la existencia de dos tipos de países con respecto a la administración de las finanzas públicas: 1) los que se administran sin gastar más de lo que se tiene, que en periodos de bonanza económica ordenan y se preparan para cuando vengan vacas flacas; y 2) los que, a pesar de la bonanza, siguen con déficits públicos estructurales y proyectos ruinosos como el AVE mientras olvidan los cercanías. Los primeros son los frugales y los segundos, donde destaca España, los manirrotos. Pues el acuerdo no sólo ha sido menos generoso del previsto con estos últimos, sino que ha comportado cheques compensatorios de 53.000 euros en las aportaciones de los primeros a los presupuestos comunitarios. Asumir el riesgo de la deuda que beneficia a los mal administrados no se puede hacer gratis. En este punto, me viene a la memoria que a todos los frugales los teníamos de referencia en el libro que publicamos en 2013, conjuntamente con Miquel Puig y Xavier Cuadras, Com Àustria o Dinamarca. La Catalunya possible. Soy de los que creen que, a pesar de muchos defectos propios, una Catalunya soberana administraría mejor el dinero público y muy probablemente figuraría entre los frugales.

En segundo lugar, diría que a España le han hecho un "hasta aquí hemos llegado", ya que si quiere el dinero lo tendrá que justificar delante de los 27 con proyectos que respondan a las recomendaciones de la Comisión: reducir el déficit, actuar sobre un sistema de pensiones insostenible, apostar por la economía verde y la innovación, entre otros. Probablemente se han acabado los AVE que no llevan a ningún sitio, y se abre la puerta a que Catalunya lidere proyectos económicos en los cuales podría destacar a razón de su considerable potencia investigadora e industrial. El plan de reactivación anunciado esta semana por parte de la Generalitat, con enunciados de proyectos por valor de 31.800 millones en 12 años, puede ir en esta línea si los proyectos se convierten en eso, en proyectos bien definidos y atractivos en el marco comunitario.

En tercer lugar, más en el ámbito político, vale la pena destacar que el dinero del acuerdo sólo lo podrán recibir los países que cumplan con las exigencias del estado de derecho. Es una condición pensada para Hungría y Polonia, que no acaban de cumplir el respeto a principios fundamentales como son la separación de poderes y la libertad de prensa. No se ha pensado en la España que golpea a gente pacífica que va a votar, que encarcela a personas que disuelven manifestaciones, que tiene exiliados ni tampoco en el hecho de que el Estado tiene una causa general abierta de naturaleza política con la disfunción fundamental que no manda la política sino un poder judicial politizado. Lástima que este último punto no se haya incluido en el acuerdo europeo.

En definitiva, un acuerdo económico que fortalece el proyecto europeo, que encauza a la fuerza el uso del dinero público y las reformas, pero que se queda corto a la hora de requerir el estado derecho de los miembros. Lo que hemos dicho otras veces, la UE es un buen club de países en el ámbito económico.

Modest Guinjoan, economista.

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