Hace pocos días el president Puigdemont escribía en la prensa madrileña un artículo titulado La única salida que tiene el socialismo español es la ruptura. En este pide que el PSOE vuelva a su doctrina anterior a 1978, cuando creía en la ruptura democrática y en el derecho a decidir de Galicia, Euskadi y Cataluña.

En estos momentos, el PSOE es el único partido estatal con una posición vacilante y potencialmente híbrida en cuanto a la cuestión nacional y la profundización de las libertades democráticas y de la forma republicana de gobierno. Parece que, poco a poco, el electorado del partido abandonó parcialmente las posiciones de Felipe González, Alfonso Guerra o Nicolás Redondo, aún bastante compartidas por las organizaciones regionales del PSOE en Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura y sectores cada vez más importantes (pese a que aún no mayoritarios) apuestan por ahondar en el autogobierno de los países y territorios del Estado, alejándose de discursos monárquicos y centralistas.

Porque el PSOE institucional, desde el pacto constitucional de 1978, no hizo más que copiar y redoblar el modelo de Estado de la derecha española, hasta el muy breve paréntesis de Rodríguez Zapatero, nunca bien acogido por los tótems socialistas de la transición. Esto es lo que explica la separación del antiguo PSC, que dimitió de la tradición maragalista y hoy gobierna en minoría en gran parte por la abstención de gran parte del independentismo y muchos de los que votaron Ciudadanos en las elecciones del 155, en diciembre de 2017.

Pedro Sánchez se hizo con la secretaría general del PSOE y con la presidencia del gobierno del Estado (tanto en la censura de 2018 como después de las elecciones de finales de 2019 y 2023) frente a los referidos tótems o dinosaurios, pese a que no haya sido capaz de dar el impulso definitivo a esa agenda plurinacional y liberal-democrática, en gran parte por i) estar sufriendo en estos momentos el lawfare sufrido por los independentistas catalanes desde el 1-O de 2017, solo que el soberanismo catalán lo sufrió muy agravado ii) haber escogido malos compañeros de viaje en la definición de su equipo, como sus antiguos n.º 2 del PSOE Ábalos y Santos Cerdán y iii) no aprovechar su reconocido liderato y su indudable resiliencia, quizás por las carencias de madurez y de discurso transformador de su equipo de gobierno.

El derecho a decidir de Catalunya, Euskadi y Galicia no solo tiene que ser reconocido teóricamente, sino garantizado en cuanto a su ejercicio pacífico, sin temor al aparato represor del Estado

Por su parte, el president Puigdemont acierta al apelar a la única (aunque pequeña y difícil) posibilidad de transformación del Estado: un giro del PSOE hacia el reconocimiento de su plurinacionalidad (y, a fin de cuentas, del derecho a decidir de Cataluña y Euskadi y Galicia), la transición hacia los valores e instituciones republicanas y el valor de las libertades democráticas para homologarnos con la sensibilidad jurídico-política europea. Así, la derogación de la llamada “ley mordaza”, la supresión de la pena de prisión permanente revisable y de los delitos de ultraje a la Corona y a los sentimientos religiosos, la revisión de la legislación de secretos oficiales, la investigación de la operación Catalunya y de los atentados de Barcelona del 17-A de 2017 contarían (junto con otros varios temas de interés general) con la mayoría absoluta en el Congreso ajena al PP, Vox y UPN, siempre que no se quiera incluir en el paquete otras cuestiones que no tienen ese consenso, como es experto en hacerlo el PSOE de Pedro Sánchez..

Pese a lo que pudo pensar hace más de treinta años el antiguo presidente del PNV, Xabier Arzalluz, no es posible la convivencia de la plurinacionalidad del Estado con la monarquía borbónica, importadora de un centralismo francés que suprimió a hierro y fuego las libertades de Catalunya, el País Valencià, les Illes y Aragón (1707-1716), de Nafarroa y de los tres territorios históricos que hoy integran Euskadi (1840-41 y 1876) y cerró la tradición de autogobierno limitado de Galicia como Reino de la Edad Moderna y comienzo de la Edad Contemporánea con la división de este en cuatro provincias (1833), de la misma forma que rompieron en su día en cuatro trozos la túnica de Jesucristo, en oportuna y gráfica expresión del protogaleguista Manuel Murguía.

El derecho a decidir de Catalunya, Euskadi y Galicia no solo tiene que ser reconocido teóricamente, sino garantizado en cuanto a su ejercicio pacífico, sin temor al aparato represor del Estado en la aplicación de un Derecho Penal del Enemigo que siempre negó desde 2017 el PSOE. Pero que, ahora mismo, comprueba que se le aplica, sin que haber aprobado (junto al PP) el 155 atenúe siquiera esa respuesta que antes sufrieron muchos otros, ante su pasividad.

Tiene razón el president. La solución para el PSOE y para los sectores sociales que lo votan es la ruptura democrática con el régimen de 1978.