Fernando Grande-Marlaska (o Grande Marlasca, que es como realmente se llama) ha dicho que el fichero de 280 periodistas y tertulianos que su Oficina de Comunicación terminó en febrero de 2024 es "un documento interno para mejorar la eficacia del Ministerio", elaborado para "conocer lo que se dice de la actuación y de la actividad del Ministerio", y que "es simplemente eso y ninguna otra finalidad". Lo dijo en Ceuta el mismo lunes en que El Confidencial publicaba el dosier y lo repitió en el Congreso para negarse a dimitir. Llevo tiempo diciendo que este ministro miente más que habla, y no lo retiro. Pero creo que esta vez, por una vez, ha dicho la verdad, y que esa verdad es bastante peor que cualquiera de sus mentiras. Un documento interno de trabajo es exactamente eso: un instrumento que sirve para trabajar. La pregunta que ni él ni Pedro Sánchez quieren contestar es en qué consistía el trabajo.
Conviene empezar por lo que el propio documento dice de sí mismo. Cincuenta y cuatro folios bajo el título "Tertulianos. Radio y Televisión", con una ficha por persona: fotografía, trayectoria, medios en los que colabora y una valoración. A uno se le describe como "reconocido antisanchista"; a otro, "afín al PSOE"; a un tercero, "alineado con posiciones de derechas"; de un cuarto se anota que está "últimamente cada vez más combativo", lo que indica que alguien seguía su evolución y la actualizaba. Nada de eso mide lo que se dice del Ministerio. Mide quién lo dice, de qué lado está y cuánto puede estorbar. Si la finalidad fuese comunicativa, bastaría un seguimiento de titulares, que cualquier gabinete hace sin fotografiar a nadie. El artículo 16.2 de la Constitución dice que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, y el artículo 9.1 del Reglamento europeo de protección de datos prohíbe, como regla, tratar datos que revelen opiniones políticas. La Agencia de Protección de Datos ya investiga de oficio y hay una denuncia en los juzgados de Madrid. Lo que me interesa aquí no es la infracción, sino el método.
Porque hay algo que todavía no sabemos y que es lo único que de verdad importa: si estos 54 folios son el producto final o solo la primera capa. Un fichero con foto, adscripción y una línea de valoración por persona tiene todo el aspecto de un índice, el catálogo desde el que se decide quién merece una ficha más larga: cuáles son sus fuentes, con quién habla, qué asuntos personales o económicos tiene abiertos, dónde es vulnerable. No afirmo que esas fichas existan, sino que nadie ha preguntado por ellas y que el Ministerio se ha limitado a pedir disculpas "por algunas de las valoraciones vertidas", como si el problema fuese el adjetivo y no la lista. Y hay una segunda pregunta que nadie ha formulado y que se deduce de la primera: por qué habría de existir un solo fichero. Quien clasifica a los periodistas por su hostilidad hacia el Gobierno no lo hace porque los periodistas sean su único problema, lo hace porque los periodistas son el sector que esta vez se ha descubierto. Un gabinete capaz de dedicar 54 folios a los tertulianos de radio y televisión tiene, con toda probabilidad, sus equivalentes para los jueces que instruyen las causas que incomodan, para los fiscales que no se pliegan, para los abogados que las llevamos, para los empresarios que no financian lo que se les pide o para cualquier otro sector que en algún momento haya resultado molesto. No es una conjetura gratuita: es la lógica de quien concibe la información sobre las personas como un recurso de poder, y esa lógica no se detiene en un gremio.
Un poder que domina los resortes no deja huellas porque no las necesita; un poder que solo ha ocupado algunos despachos tiene que escribirlo todo. La lista de periodistas es una prueba de debilidad tanto como de intención
Y ahí es donde la palabra "comunicación" deja de servir. Nadie necesita saber que un tertuliano es "reconocido antisanchista" para mandarle una nota de prensa que, según el ministro, es la misma para todos. Esa clasificación sirve para otras cosas: para decidir a quién se acredita y a quién se deja sin respuesta, en qué cabecera se coloca la filtración y contra qué firma se organiza el descrédito, qué periodista merece que alguien eche un vistazo a su situación con Hacienda. No hablo de represión policial en el sentido clásico, sino de señalamiento, hostigamiento y escrutinio administrativo, las formas de represión que un Estado puede ejercer sin que ningún atestado lo registre. Ya escribí aquí, a propósito de la cloaca como método, que todo empieza cuando la cúpula identifica un blanco —un juez incisivo, un investigado molesto, un periodista hostil— y que las cloacas de este Gobierno no fueron solo parapoliciales, sino también parafiscales. Un fichero que ordena a los periodistas por su hostilidad hacia el Gobierno es la fase previa de ese proceso, y lo mismo vale para cualquier otro que ordene a jueces, fiscales o abogados por el mismo criterio. Es la lista de la compra.
Que encaja con lo que ya sabemos de las cloacas del PSOE, no exige demasiada imaginación. La instrucción que ha imputado a la directora general de la Guardia Civil y a su director adjunto operativo describe una maquinaria que usaba recursos públicos contra adversarios y en favor de los propios, y este documento nació en el mismo ministerio, bajo el mismo ministro y en las mismas fechas en que esa maquinaria operaba a pleno rendimiento, tal cual lo viene haciendo desde, al menos, 2019. El Gobierno sostiene que Marlaska "ni lo ordenó ni se le elevó ni tiene por qué conocerlo". Puede ser. Es también la descripción exacta de cómo funciona una cloaca: la cúpula decide poco por escrito y mucho por gesto, y su poder reside en no haber ordenado nunca nada que pueda encontrarse. Un ministro al que no se le eleva un fichero de 280 periodistas elaborado por su propio gabinete no es un ministro ajeno a él, sino un ministro cuya estructura ha aprendido a no molestarlo con lo que ya sabe que quiere.
Lo que el fichero revela no es solo una infracción, es un carácter, el de un poder que ya no distingue entre gobernar un país y vigilar a quienes lo cuentan, y que únicamente ha pedido disculpas porque, esta vez, alguien lo ha encontrado
Lo que sí me llama la atención es la torpeza. Un dosier así, en un Estado cuyo Gobierno controlase de verdad los resortes del poder, no existiría en papel, no circularía en PDF y no acabaría en la redacción de un periódico. Sánchez y su camarilla han colonizado, y a fondo, sectores de la Policía, de la Fiscalía y de la Guardia Civil, con un respaldo mediático que vive de la publicidad institucional y que esta semana ha hecho equilibrios para explicar por qué un fichero ideológico de periodistas no es lo que parece. Pero colonizar no es controlar. A la cloaca le basta el dominio suficiente, no el total, y ese dominio es el que permite inclinar las causas que importan; lo que no permite es gobernar el aparato con la discreción que exige que nadie se entere. Un poder que domina los resortes no deja huellas porque no las necesita; un poder que solo ha ocupado algunos despachos tiene que escribirlo todo. La lista de periodistas es una prueba de debilidad tanto como de intención.
Alfredo Pérez Rubalcaba manejaba los resortes del Estado con una sutileza que no dejaba estos rastros y quien haya seguido de cerca aquellas operaciones lo sabe. Aquello no era mejor, era más eficaz y, por eso mismo, más peligroso. Desde que él falta, el partido ha perdido la capacidad de hacer estas cosas sin que se noten, y lo que estamos viendo —una cúpula de la Guardia Civil imputada, un ministro que niega reuniones que después hay que reconocer, un fiscal general condenado, un fichero de periodistas filtrado al primer descuido— no significa que hoy haya más cloaca que entonces. Significa que la de ahora es la de unos aficionados que heredaron el método sin heredar el oficio. No lo digo con nostalgia. Lo digo porque un poder torpe y amoral no es menos peligroso que uno hábil y amoral, y porque la torpeza, a diferencia de la habilidad, se puede probar en un juzgado.
Que un ministerio clasifique a los periodistas por su lealtad al presidente es uno de los síntomas más graves del deterioro democrático al que este Gobierno nos está arrastrando, y no porque sea una novedad en la historia de las cloacas españolas, sino porque quienes lo han hecho no han visto ningún problema en hacerlo. Ese es el dato. Ni el ministro, ni el gabinete que lo elaboró, ni el partido que ahora dice que no le gustan las listas mientras mantiene en el cargo a quien las tenía en su ministerio han percibido que fichar a 280 personas por su ideología tuviera algo de anómalo. Lo llaman documento de trabajo con la naturalidad de quien no reconoce regla alguna que le vincule más allá de su conveniencia, que es la definición de la amoralidad de la que ya me he ocupado en estas páginas. Lo que el fichero revela no es solo una infracción, es un carácter, el de un poder que ya no distingue entre gobernar un país y vigilar a quienes lo cuentan, y que únicamente ha pedido disculpas porque, esta vez, alguien lo ha encontrado.