El 3 de junio de 2026 se hizo pública una serie de informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que conviene leer despacio. No por sus respectivas extensiones, sino por lo que reflejan. Durante años, las causas que han ido cercando al Partido Socialista —Koldo, Ábalos, Cerdán, las comisiones de obra pública, la financiación irregular, el procesamiento de la esposa del presidente, la condena del fiscal general, la trama de Zapatero— se han contado como episodios sueltos: cada uno con sus titulares y su propio ciclo de indignación. Los nuevos informes sugieren algo distinto y más grave e incómodo: que muchos de esos sucesos no son accidentes o casos aislados, sino piezas de una misma maquinaria. Una maquinaria de corrupción y otra de encubrimiento y gestación de escenarios políticos favorables al Gobierno de Pedro Sánchez.
Conviene empezar por una cautela, porque sin ella lo demás se desacredita solo. De todo este archipiélago de causas, una —y por ahora solo una— ha terminado en condena firme: la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inhabilitado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. El resto son investigaciones abiertas, y rige sobre ellas la presunción de inocencia. Lo que sigue, por tanto, no es un veredicto, sino un análisis basado en la lectura de los distintos atestados, lo que permite hacerse una idea sobre cómo encajan las piezas.
Dicho lo cual, la pregunta es si resulta posible, fáctica y racionalmente, situar al grupo de Cerdán y Díez en el centro de todo esto. Y la respuesta ya no depende de la opinión de nadie: los investigadores los sitúan ahí expresamente. A Cerdán “en un nivel superior” y a Díez “en un nivel ejecutivo” de una estructura cuyo fin aparente era preservar al partido y a su líder frente a las causas judiciales que les afectaban, pero veremos cómo esa estructura era anterior y multifocal.
Sería un error situar el nacimiento de esta maquinaria en abril de 2024, en los días de “reflexión” y en la carta a la ciudadanía con que Pedro Sánchez respondió a la imputación de su esposa. Ese episodio marca, a lo sumo, una intensificación y la puesta de la estructura al servicio de una necesidad inmediata. Es el momento en que pierden la vergüenza y las cautelas. La fábrica de fango venía operando desde mucho antes, dado que, según se desprende de los propios atestados policiales, los distintos actores empiezan a interactuar al menos desde 2018 o 2019. Lo que en 2024 se aceleró llevaba ya años funcionando.
La fontanería no era improvisada ni voluntarista. El atestado describe reuniones periódicas —decenas de encuentros documentados entre Díez y Cerdán, más todo lo que falta por salir— y, sobre todo, una infraestructura: el PSOE habría aportado “soporte económico para sufragar las actuaciones” y “cobertura logística”. No se trata, pues, de la iniciativa privada de dos personas, sino de una función con medios y presupuesto. Esa es la diferencia entre un exceso y un método.
Leída en su conjunto, la estructura parece haberse dedicado a cuatro tareas que se refuerzan entre sí.
La recompensa no es un detalle accesorio del sistema, sino su combustible. Quien acepta encender un fuego sabe que cobrará por ello, en dinero o en carrera. No es una sospecha vaga: el patrón es demasiado nítido y repetido para atribuirlo a la casualidad
La primera consistía en fabricar escenarios mediáticos, y aquí conviene deshacer de entrada un equívoco. El nombre que ha trascendido —Crónica Libre, un medio digital menor— es la parte visible y, en el fondo, insignificante: un periódico de alcance marginal sirve para poco más que para airear un globo sonda. El trabajo de verdad no se hace con publicaciones residuales, sino mediante la coordinación con medios relevantes y con periodistas de prestigio: firmas que sientan cátedra de honestidad profesional y se presentan como guardianes del rigor. Esa coordinación todavía no ha aflorado con nombres y apellidos. Aflorará, previsiblemente, el día en que se conozcan los mensajes que vinculen a esas firmas con la red y con las filtraciones procedentes de la Fiscalía. Hasta entonces tenemos el patrón, que es reconocible: una información aparece primero donde conviene, cuando conviene, con el tono que conviene y, desde ahí, se distribuye al resto del sistema como si fuera un hallazgo espontáneo. La filtración deja de ser una indiscreción para convertirse en una herramienta de precisión.
La segunda tarea versaba sobre fabricar escenarios judiciales. Aquí, el informe es especialmente grave: describe pagos a colaboradores —una remuneración documentada de 25.000 euros, entre otras recompensas— destinados a intentar modificar declaraciones de testigos en sede judicial, a desacreditar a fiscales y mandos de la Guardia Civil y a obstaculizar procedimientos incómodos. La lógica no es defenderse de una causa, sino intervenir en su maquinaria. Y el episodio más elocuente es la oferta que, según la causa, se trasladó al excomisario José Manuel Villarejo —un pacto con la Fiscalía a cambio de información sobre dirigentes políticos de oposición— porque revela el verdadero objeto de cambio de toda la operación: información por impunidad y, sobre todo, que esta dinámica no conocía fronteras ni líneas rojas.
La tercera vía era fabricar escenarios políticos a partir de “trapos sucios”. El caso más turbio es el del material relativo a las saunas vinculadas a la familia del propio suegro del presidente, que según la investigación fue trasladado a la sede del PSOE por Leire Díez y un colaborador, y que habría servido como instrumento de presión. Que un material así acabe en Ferraz dice mucho sobre para qué servía: no para esclarecer un delito, sino para tenerlo guardado y difundirlo mutiladamente a través de “medios amigos”. Los “trapos sucios” no los denuncian, los administran.
La cuarta herramienta es la que sostiene a las otras tres: el dinero. La novedad respecto de tramas de otras épocas es que aquí, según el atestado, no se habrían utilizado de forma central caudales públicos, sino fondos del partido y aportaciones de empresarios interesados en resolver sus propios problemas legales o en mejorar sus expectativas de negocio. El PSOE habría aprendido la lección, el dinero público deja rastro contable y reproche penal directo; el dinero del partido y el de terceros con cuitas pendientes diluye la responsabilidad y crea, de paso, una red de deudas mutuas. Cada empresario que paga compra un favor y, a la vez, queda atado.
Hay un detalle que rara vez se subraya y que, sin embargo, es revelador: los nombres se repiten. No se trata de funcionarios distintos que, por azar, coinciden en causas distintas. A poco que se mira, los mandos policiales que han ido alimentando muchos de estos incendios —y los fiscales que los han recogido en el momento oportuno— pertenecen una y otra vez al mismo entorno, próximo al socialismo y a la órbita de Zapatero, y han sido, una y otra vez, convenientemente ascendidos o premiados por los servicios prestados. La recompensa no es un detalle accesorio del sistema, sino su combustible. Quien acepta encender un fuego sabe que cobrará por ello, en dinero o en carrera. No es una sospecha vaga: el patrón —los mismos apellidos, los mismos despachos, los mismos ascensos— es demasiado nítido y repetido para atribuirlo a la casualidad.
Hay una frase que el presidente del Gobierno pronunció en 2020 y que ha envejecido como una confesión involuntaria: “¿La Fiscalía de quién depende?... pues eso”. En su momento, se leyó como un desliz o como una forma de mostrar fuerza frente al independentismo; a la luz de lo que hoy se investiga, parece más bien una descripción del modelo. La única condena firme del conjunto —la del ex Fiscal General— castiga precisamente una filtración, la del correo del novio de la presidenta madrileña, difundida para construir un relato público contra un adversario incómodo.
La cloaca de Ferraz no fue una invención de la noche a la mañana, sino la profesionalización operativa de algo que ya estaba en el ambiente y que venía de lejos
Lo relevante no es el caso aislado, sino lo que sugiere sobre la regla. Si una filtración interesada llegó hasta la cima del Ministerio Fiscal y terminó en condena, es razonable preguntarse —y subrayo que es una pregunta, no una afirmación— si fue una excepción o, más bien, el único eslabón que ha quedado a la vista de una dinámica habitual. Parte del equipo que acompañó a aquel Fiscal General permanece hoy en posiciones de responsabilidad y otros han sido ascendidos incluso a puestos europeos, lo que ofrece una explicación plausible —todavía por acreditar— de por qué las filtraciones interesadas han sido tan recurrentes y por qué solo una de ellas ha tenido coste penal. Que cayera esa y no las demás no prueba que fuera la única: demuestra que fue la que, por ahora, se pudo probar.
No conviene tratar todo esto como una anomalía reciente. La red de Zapatero no es ajena a estas cloacas; en muchos sentidos es su matriz, y es además la única pieza verdaderamente anterior: una red de poder que el expresidente empezó a tejer ya desde la Moncloa y que no ha dejado de crecer desde entonces. Por encima de la fontanería operativa hay un ecosistema más antiguo y difuso, en el que la política se entrelaza con los medios, los despachos, las fundaciones y los negocios internacionales, y en cuyo centro aparece, una y otra vez, su figura. No hace falta acudir a fuentes reservadas para verlo, pues buena parte de estos datos son de dominio público, y lo que ya consta en el procedimiento judicial apunta en la misma dirección, con la seguridad de que aún está por revelarnos mucho más sobre un personaje sin el cual nada de lo demás se entiende. Lo esencial es sencillo: las fundaciones y las consultoras son, por diseño, canales opacos. Permiten mover influencia —y a veces dinero— sin la trazabilidad que exige lo público. Son, en la práctica, la versión respetable de la misma lógica que abajo ejecutaba la cloaca.
Dentro de ese entramado hay un instrumento que merece mención propia: la FIIAPP, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, financiada en buena parte con fondos públicos y europeos. Sobre el papel, una herramienta de cooperación; en la práctica, un mecanismo idóneo para comprar voluntades sin que lo parezca. La contratación de cursos, seminarios y programas de formación permite retribuir a jueces, fiscales y policías afines —o situarlos, mediante comisiones de servicio y proyectos internacionales, en posiciones cómodas y bien remuneradas— a cambio de una lealtad que más tarde se cobra en el momento oportuno. No se compra una sentencia, se cultiva una disposición. Y una disposición bien cultivada vale, llegado el momento, más que cualquier orden que se pueda dar.
La misma lógica se reconoce en el trato a los medios. Decía antes que la cloaca, para sus operaciones más sucias, evitó el dinero público y recurrió al del partido y al de empresarios con cuitas pendientes; pero existe una segunda vía, legal en su forma, para sostener a los medios afines: el dinero del Estado. La financiación de eventos, congresos y foros, y sobre todo la de libre asignación —repartida con criterio discrecional y sin apenas control— funcionan como una subvención encubierta para quien colabora y como un castigo silencioso para quien incomoda. No hace falta dictar una línea editorial cuando se puede premiarla o retirarla con cargo al presupuesto. Es la versión administrativa del mismo principio, el favor que ata.
La importancia de este telón de fondo es de método, no de personas. Explica por qué una estructura como la descrita pudo disponer de medios, de contactos y de cobertura, y eso se explica porque se apoyaba en una cultura política que llevaba años normalizando el uso instrumental de las instituciones. La cloaca de Ferraz no fue una invención de la noche a la mañana, sino la profesionalización operativa de algo que ya estaba en el ambiente y que venía de lejos.
Si hay una imagen que resume el funcionamiento del conjunto, es la del bombero pirómano. La estructura no se limitaba a apagar incendios ajenos, también los provocaba. Generaba el problema —una causa contra un adversario, un escenario mediático adverso, una sospecha sembrada en el momento oportuno— para ofrecer después la solución o para administrar el daño, según conviniera.
Quien quiera defender al partido tendrá que explicar no un caso, sino el patrón que los une. Lo único que ya no parece sostenible es seguir contando estas historias por separado, como si no compartieran el método, los medios, los actores y el fin.
Un ejemplo que debe invocarse para ilustrar este mecanismo es el llamado caso Volhov. Estoy convencido, y hay documentos para acreditarlo, de que fue una causa levantada en su momento con una finalidad política y luego dejada morir cuando perdió utilidad. Conviene, no obstante, ser exacto con lo verificable: la instrucción correspondió al juez Joaquín Aguirre en un juzgado de Barcelona —no a la Audiencia Nacional que la descartó por inverosímil—, fue la Audiencia de Barcelona la que la desactivó al no apreciar indicios penales, y su archivo definitivo llegó en enero de 2025 de la mano de la caducidad del plazo para investigar. Sirva, pues, como ilustración de una dinámica —encender y apagar causas según el cálculo del momento— más que como hecho cerrado, y ahí participaron todos los engranajes de esta gran trama, desde Fiscalía General del Estado hasta conspicuos periodistas que escribían al dictado y varios miembros relevantes de la cloaca del PSOE.
En definitiva, el objetivo declarado, proteger a Pedro Sánchez, se queda corto. Lo que describen los atestados es más ambicioso: no solo blindarlo frente a sus causas, sino fabricarle escenarios favorables a su estrategia y a sus necesidades políticas en cada momento. Aquí es obligado el rigor. Pedro Sánchez no está imputado en esta causa, y la investigación no acredita, por ahora, que dirigiera la trama —aunque sí que se benefició de ella. Lo que sostiene la UCO es que la estructura trabajaba para proteger sus intereses y que el presidente habría conocido algunos de sus movimientos. El alcance de ese conocimiento es, precisamente, parte de lo que queda por esclarecer.
El instructor que lleva el caso de la “cloaca del PSOE” se ha mostrado partidario de acumular las distintas piezas, lo que sugiere que también para la justicia empiezan a ser un mismo relato y no varios. Si esa unificación prospera, es probable que en los próximos meses entendamos por fin, con documentos y no con sospechas, cómo se relacionaban la política, los medios, los empresarios, los fiscales y las fundaciones que sirven para canalizar fondos. Esa es la verdadera dimensión del asunto, no la suerte de un dirigente, sino el dibujo de una red que lleva años operando en la sombra y que ha hecho mucho daño a mucha gente y, sobre todo, a la credibilidad de las instituciones.
Hasta entonces, lo honesto es sostener a la vez dos cosas que no se excluyen. La primera, buena parte de lo aquí descrito procede de una investigación todavía en curso y la presunción de inocencia no es una formalidad, sino el límite que separa el análisis de la difamación. La segunda, lo que sostiene este análisis no son rumores de tertulia, sino conclusiones de la policía judicial e información contrastable, y apuntan todas en la misma dirección. Quien quiera defender al partido tendrá que explicar no un caso, sino el patrón que los une. Lo único que ya no parece sostenible es seguir contando estas historias por separado, como si no compartieran el método, los medios, los actores y el fin.
Aún saldrán muchas cosas y, cuando salgan, probablemente entenderemos del todo cómo se enlazaban política, medios, empresarios, fiscales y fundaciones. La fotografía completa, todavía revelándose, será peor que cualquiera de sus fragmentos.