Desde que se autorizaran las primeras salidas de la prisión a los Jordis -Cuixart y Sánchez- para que pudieran trabajar fuera, la actitud de la fiscalía ha seguido un mismo patrón: recurrir los permisos que han ido concediendo las juntas de régimen penitenciario de los diferentes centros ante los respectivos juzgados de vigilancia penitenciaria. Uno a uno, los diferentes magistrados han ido rechazando, hasta la fecha, los escritos del ministerio fiscal y, en ocasiones, con un serio rapapolvo por su actitud. Sin embargo, nada tuerce esta actitud de la fiscalía que, erre que erre, utiliza los mismos argumentos, con el mismo resultado hasta la fecha.

El último pronunciamiento es de la juez María Jesús Arnau, magistrada del juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Catalunya, referente al 100.2 del conseller Quim Forn, que lleva en prisión ininterrumpidamente la friolera de 925 días. Arnau, en el escrito que rechaza la solicitud del ministerio fiscal, llega a señalar que si le hiciera caso atentaría contra los más elementales derechos fundamentales de Forn. Casi a la misma hora que se conocía esta resolución, la fiscalía recurría la salida de la prisión para hacer voluntariado y poder cuidar de su madre de la presidenta del Parlament Carme Forcadell. Habrá que esperar qué dice la Audiencia de Tarragona después de que el juez de Vigilancia Penitenciaria de Lleida avalara el martes que no veía impedimento alguno para ello.

Cuesta no ver un empecinamiento reiterado en la posición de la fiscalía que se explica muy bien con la dureza de la posición que ya tuvo el ministerio fiscal en el juicio que se celebró en el Tribunal Supremo y que acabó con unas penas muy duras y a todas luces exageradas, pero por debajo de la petición de los fiscales. Entre otras cosas, la sala que presidió Manuel Marchena no aceptó imponer un régimen estricto de salidas hasta que hubieran cumplido la mitad de la condena y se remitió a la legislación vigente.

Los sucesivos jueces se lo van recordando a los fiscales, a todos aquellos que un día un imprudente presidente Pedro Sánchez dijo, el pasado mes de noviembre, sacando pecho, que dependían del gobierno. Y en enero llegó la fiscal general del Estado que debía hacer cambios, ya que aterrizaba pisando fuerte. Dolores Delgado ha hecho bien poco, por no decir nada, ya que la carpeta de los presos políticos no ha formado parte de ninguna mesa de negociación por decisión expresa del gobierno español. Ahora se habla poco de eso ya que todo es coronaviurs, crisis sanitaria y crisis económica.

La pandemia lo ha puesto todo patas arriba. Bueno, todo no, ya que si una cosa no ha cambiado y ha ido a más es el absoluto desprecio del gobierno español por el modelo autonómico, a cuyos presidentes y gobiernos ha arrinconado de una manera inmisericorde con el mando único y con el ordeno y mando. Se podrá mirar hacia otro lado, pero la realidad no por eso cambiará.