En la presentación de la ejecución presupuestaria del Estado español del ejercicio 2015, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mencionó, sin profundizar más, que las corporaciones locales habían tenido, globalmente consideradas, un superávit del 0,44% del PIB, que vienen a ser unos 4.400 millones de euros. Los ayuntamientos y las diputaciones son administraciones que, en general, disfrutan de muy buena salud financiera. Todos conocemos los problemas que tiene la alcaldesa de Barcelona para gastar aquello que ingresa, una situación extremadamente envidiable vista desde la Generalitat. Le sobran centenares de millones anuales. A la presidenta de la Diputación de Barcelona le pasa aproximadamente lo mismo. No están solas. El fenómeno es general. Los entes locales están muy bien financiados mientras que las comunidades autónomas, no. Es una parte de la desigualdad en la distribución de recursos públicos a la que se hace poca referencia, pero que existe y habría que arreglar.

Los ayuntamientos tienen una gran capacidad fiscal. De hecho, administran dos impuestos (el de bienes inmuebles y el de vehículos) con mucha potencia recaudatoria, además de numerosas tasas y licencias, que permiten afirmar que tienen todos un modelo fiscal próximo al concierto económico. Tienen su “llave de la caja” porque recaudan aproximadamente el 60% de lo que ingresan, bien lejos del escaso 10% de las comunidades autónomas. El resto son transferencias que les hace el Estado. A diferencia de lo que les pasa a las comunidades autónomas con su modelo de financiación, estas transferencias han crecido mucho entre el año 2010 y el 2015.

Los ayuntamientos tienen su “llave de la caja” porque recaudan aproximadamente el 60% de lo que ingresan, bien lejos del escaso 10% de las comunidades autónomas

Gestionar su recaudación fiscal es un desafío complejo para muchos ayuntamientos, hasta el punto de desbordar su capacidad organizativa. Las diputaciones, en toda España, se han especializado en recaudar los impuestos y tasas de los ayuntamientos pequeños. En general, los ayuntamientos grandes tienen su propia recaudación fiscal, pero hay muchos lo bastante grandes (Sant Cugat, por ejemplo) que han visto que contratar los servicios de su diputación era mucho más eficiente que organizar su propia estructura recaudatoria. La Diputación de Barcelona tiene trayectoria acreditada de esta eficiencia en la materia.

No debemos extrañarnos pues que los primeros pasos que diera el presidente Artur Mas cuando quiso desarrollar una hacienda propia empezaran con convenios de colaboración con las cuatro diputaciones catalanas que han dado lugar a la red “Tributs de Catalunya. Así se han podido multiplicar los puntos de recaudación de la Agència Tributària de Catalunya y se integran los sistemas de información. Por eso mismo, el vicepresidente y conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, se ha apresurado a hacer lo mismo y ratificar y extender el alcance de la cooperación entre Generalitat y Diputaciones. La Hacienda propia catalana pasa por esta colaboración. 

No nos tiene que extrañar que las comunidades autónomas con mejor capacidad de recaudación fiscal sean las uniprovinciales. Son las que tienen la suerte de integrar las diputaciones

Tampoco nos tiene que extrañar, en consecuencia, que las comunidades autónomas con mejor capacidad de recaudación fiscal sean las uniprovinciales. Son las que tienen la suerte de integrar las diputaciones (con toda la capacidad de gasto que comporta, que suele estar soportado en unos ingresos excedentarios) y de poder disfrutar de su trayectoria, organización y pericia de recaudación fiscal. Así, resulta que las comunidades autónomas de La Rioja, Murcia o Cantabria están más avanzadas fiscalmente que la Generalitat de Catalunya. También lo están, bastante lo sabemos, las provincias forales (las vascas y Navarra), con larga tradición de recaudación de todos los impuestos, y los cabildos insulares canarios, que administran un régimen fiscal especial. 

La anterior administración de la Generalitat ha plantado muchas semillas, que ahora fructifican (nueva sede, nuevas oposiciones ya convocadas, nuevo software, nuevos cuerpos, etc) para desplegar la hacienda propia, pero la principal ha sido la colaboración con las diputaciones. 

Un apunte final: con todo lo que he dicho no nos tiene que extrañar tampoco que la propuesta de eliminar las diputaciones que consta en el pacto entre PSOE y Ciudadanos se limite, leída en detalle, a cambiarles el nombre. Ciertamente, hay muchas más razones para esta hipocresía, y quizás son más importantes. Dan para uno otra artículo.

Albert Carreras es catedrático de la Universitat Pompeu Fabra