Estábamos esperando los atronadores informes de la UCO que tumbarían al gobierno este mes de julio y lo que ha saltado es el informe Montoro que tumba la marca PP. Una corrupción estructural adherida a la piel de las legislaturas de Mariano Rajoy que destapa cómo un segundo ministerio —además de Interior— operó desde dentro para cooptar al Estado y montar un despacho de consultoría dentro del Gabinete de Hacienda. Desde ahí se fabricaron leyes previo pago, se hizo negocio, se persiguió a periodistas y a enemigos políticos con sus datos fiscales. Se hundió a gente, se silenció a medios. También sirvió para la guerra fría de Montoro en el PP, desde donde apuntó y disparó a José María Aznar, Esperanza Aguirre y José Manuel Soria, entre otros. 

Si el ministro Montoro actuó solo o por orden de Mariano Rajoy es la incógnita a despejar. Hasta Aguirre pide esas explicaciones. Jorge Fernández Díaz pidió sentar en el banquillo al PP en la trama Kitchen por haberse "lucrado a título lucrativo" del espionaje a Bárcenas. Una operación de los mismos autores de los dosieres anónimos contra independentistas o miembros de Podemos. Este caso es similar. Una Kitchen fiscal con Montoro a los mandos.

El negocio de la influencia es difícil de concretar en lo penal. A la cúpula de altos cargos de Montoro que entraron y salieron de la consultora al ministerio solo los matará encontrar las comisiones en sus cuentas. Y eso que los correos intervenidos en el juzgado de Tarragona, la cronología del éxito o fracaso, según se contratara a Equipo Económico, es elocuente.

El PP tiene una treintena de causas pendientes en los juzgados a partir de septiembre que le recordarán de dónde vienen

De las lecciones inmediatas del caso Montoro está la resistencia que tuvo para ver la luz en Madrid. La Fiscalía General del Estado ignoró las denuncias de los expedientes tributarios filtrados, la instrucción en el juzgado de instrucción 22 se archivó hasta que el juzgado número 2 de Tarragona, lejos del radio de control de sus protagonistas, tiró del hilo. Para entonces, las denuncias anónimas, siempre con el mismo contenido, se habían acumulado. E incluso la instrucción de Tarragona tuvo momentos difíciles. Como la reprimenda y multa del Fiscal Anticorrupción a la fiscal de la causa por pedir el volcado de una cuenta de correo que estaba convencida de que pertenecía a Cristóbal Montoro. Tampoco se dio luz verde a las escuchas. 

El caso Montoro desvela también la estrategia estéril del PP. El Congreso que ratificó a Alberto Núñez Feijóo por mayoría aplastante debía servir de pista de despegue hacia la formación y posición de gobierno. Llegó la comparecencia de Pedro Sánchez y Feijóo perdió esa oportunidad. Entre ganarse a los votantes de ultraderecha o a los liberales de centro, se quedó sin ninguno. Y en lugar de salir con más amigos, cargó contra el PNV y sacó al suegro de Sánchez y los prostíbulos a relucir con la intención de desgastar aún más a Sánchez. Mantener un discurso sin matices contra la corrupción del PSOE, en la inflamación del "esto en democracia nunca ha ocurrido" hace que la partida se ponga en tablas rápidamente. El PP tiene una treintena de causas pendientes en los juzgados a partir de septiembre que le recordarán de dónde viene. Feijóo no es responsable político de la corrupción de Montoro y su equipo. Pero se sienta sobre una marca manchada y sobre una herencia política que tiene que soltar. Si convocas una manifestación bajo el lema Mafia o Democracia corres el riesgo de que pongan la gaviota encima de la pancarta con el caso Montoro.

El PP no sabe leer el pulso de Torre Pacheco, de la Dana o las propias encuestas. Todo el rédito va a VOX. Un partido vacío de significado para una parte importante del electorado que funciona como revulsivo que conecta el miedo y la indignación con el voto de protesta. Colocarse en posición de gobierno no debería resultar muy complicado cuando el PSOE sufre más por el desgaste de los siete años que por el caso Koldo. A estas alturas, el PP todavía no lo ha conseguido.