Mientras unos hablan de desjudicialización de la política, otros, los que estamos en el ámbito de la defensa de muchos represaliados, tenemos la clara sensación de no estar ante tal situación, sino todo lo contrario; vemos día a día cómo los procedimientos continúan y de unos se va saltando a otros y las acusaciones, por más que se acredite que son infundadas, continúan de forma irremediable empujando a muchos al banquillo por el solo hecho de ser independentistas, de apoyarlos o, incluso, de defenderlos.

Seguramente tal sensación de continuidad provenga de ver cómo, cada día, nos notifican resoluciones de unos y otros procedimientos y ninguna apunta en la dirección correcta, ninguna va encaminada hacia el sobreseimiento o archivo de dichos procedimientos, por lo que me cuesta ver las bondades de un proceso –el de desjudicialización– que más bien parece confundir deseos con realidad o propósitos con realidad… incluso relatos con realidad.

No, la política no está siendo desjudicializada y ello es así no solo porque los datos nos lo estén indicando sino porque no se ha dado ningún paso efectivo en dicha dirección y, en muchos casos, tengo la clara sensación de que ni tan siquiera se conocen cuáles habrían de ser los pasos que permitan avanzar en la desjudicialización de la política que, en definitiva, es la propia negación de la política.

Es imposible hablar de desjudicialización de la actividad política cuando existen más de 4.000 represaliados, muchos de los cuales nos veremos, más temprano que tarde, enfrentados a importantes peticiones de penas de cárcel o inhabilitación y sentados en unos banquillos que nada bueno auguran.

La judicialización de la política es un fenómeno en el cual siempre salen triunfantes los enemigos de la democracia, el fascismo y la derecha más recalcitrante que desde una atalaya inmoral pretenden justificar todo en aras de una visión caduca y antidemocrática que sigue queriendo ver la realidad en blanco y negro.

Pero es que, además, es inviable hablar de esa desjudicialización cuando existen procedimientos penales que llevan años secretos y de los cuales poco o nada se sabe más allá de que investigan como graves delitos actuaciones que no pasan de ser el ejercicio legítimo de derechos civiles y políticos; un buen ejemplo de ello es la causa por Tsunami democràtic que se investiga como si de un caso de terrorismo se tratase cuando todo lo sucedido no se corresponde más que con el ejercicio del derecho de manifestación, una colosal manifestación, pero que no pasa de eso. Años de secreto y despilfarro de fondos públicos.

Otro tanto ocurre con la causa de la denominada “Operación Volhov” que, como bien ha dicho la Audiencia Provincial de Barcelona, se ha transformado en un auténtico “Sudoku procesal” que no conduce a nada, excepto al continuo enlodamiento de respetables ciudadanos, producto de un empecinamiento de marcada adscripción ideológica. Años de secreto y despilfarro de fondos públicos.

Ejemplos podría citar muchos, incluso aquellos que me afectan directamente, pero no se trata de casos aislados, sino del maremágnum de investigaciones penales, también sancionadoras administrativas, con el que se ha rodeado al independentismo, su entorno y su defensa como nueva forma de represión que, al menos en apariencia, deja menos huellas que un apaleamiento público de los “rebeldes” o “sediciosos” o “molestos”… en el fondo, de los enemigos.

Desjudicializar la política no es tarea fácil, pero es viable si eso es realmente lo que se pretende; sin embargo, un propósito de tales características —con más de 4.000 represaliados— requiere algo más que buenas palabras y eso es, justamente, lo que no se ha visto hasta ahora.

De hecho, hasta ahora, no se nos ha explicado nunca el cómo se pretende abordar un fenómeno tan perverso como el de la judicialización de la política, mucho menos el cómo se pretende desmontar tal problema y reconducir los hechos, que al final son los auténticos protagonistas de todo proceso, hacia un cauce democrático o hacia la interpretación democrática del derecho que se les va a aplicar o a cuya luz van a ser interpretados esos hechos.

A partir de tales explicaciones, igual nos resultaría más sencillo saber si los propósitos de desjudicializar la política son reales y si las vías pensadas para hacerlo tienen visos de salir adelante o no —es decir, viabilidad más allá del relato—; el problema, como digo, es que, hasta ahora, todo son buenas palabras o relatos cada vez más insostenibles.

Resulta difícil pensar que en un Estado en el cual una parte del gobierno de los jueces se declara en abierta rebeldía —con una actitud de desprecio constitucional incompatible con la función que tienen encomendada y cuya legitimidad democrática caducó hace años— se vaya a poder hacer nada serio, o al menos nada que parezca serio, en materia de desjudicialización de la política si ni tan siquiera se es capaz de cortar el problema de raíz y que, como mínimo, pasaría por una urgente reforma que privase de cualquier función —también del sueldo— a los caducados y caducos rebeldes.

La política no se está desjudicializando, simplemente nos quieren hacer creer que es así para anestesiarnos, una vez más, e impedir que exijamos aquello que nos pertenece: nuestros derechos y libertades.

Pero, es más, el problema no solo no se resuelve con solucionar lo del Gobierno de los Jueces; el problema es mucho más profundo y requiere, también, un análisis autocrítico por parte de quienes están llamados a dar respuesta al mismo… es un problema, de hecho, tan profundo, que bien se puede calificar de sistémico, al menos respecto de un grupo determinado de personas: aquellos a los que se nos considera enemigos de quienes siempre han mandado y mandan en España.

Si no se asume como error lo sucedido en estos años, resulta muy difícil, incluso increíble, pensar que se dará la respuesta necesaria y se contará con la voluntad real de solucionar algo que siempre he calificado como error histórico: la judicialización de la política que es un fenómeno en el cual siempre salen triunfantes los enemigos de la democracia, el fascismo y la derecha más recalcitrante que desde una atalaya inmoral pretenden justificar todo en aras de una visión caduca y antidemocrática que sigue queriendo ver la realidad en blanco y negro.

No, en mi opinión y a la vista de los datos, de la realidad y del desempeño diario de mi profesión, estoy convencido de que la política no se está desjudicializando, simplemente nos quieren hacer creer que es así para anestesiarnos, una vez más, e impedir que exijamos aquello que nos pertenece: nuestros derechos y libertades.

La realidad, por mucho que la queramos negar o la intentemos manipular desde diversas columnas, es la que es y, en lo que a la desjudicialización de la política se refiere, sinceramente, creo que ni está ni se la espera.