Como diría mi padre, la mayoría parlamentaria en torno a Sánchez es una mayoría de sietes, ochos y cartas que no ligan. Lo volvemos a vivir con los dos ya famosos decretos sobre la vivienda. Es un gobierno plenamente legítimo —a pesar de lo que bramen PP y Vox—, pero pornográficamente disfuncional. El español es un gobierno en continua agonía, donde cada uno de los socios necesarios, dentro y fuera del ejecutivo, lo primero y casi único que tienen en mente son sus intereses particulares. Al frente, Pedro Sánchez, un tipo que se ha viciado al riesgo, al placer de bailar sobre la cuerda floja, empecinado en resistir al margen de cualquier otra consideración. Que disfruta siendo el protagonista de una huida hacia delante incansable y trepidante, pero carente de sentido.
Las medidas sobre vivienda que se plantean se han diseñado pensando solo en las personas que ya tienen un piso alquilado. Se trata de unas medidas que vienen a ser gelocatiles, un analgésico para aquellos que cada mes tienen que hacer lo imposible para pagar el alquiler. Desgraciadamente, la contrapartida es que algunas medidas asustan y desaniman a los propietarios, y alguna otra hará que los precios sigan subiendo. Quien pagará —de una manera u otra— la intervención del mercado que suponen los decretos son justamente quienes necesitan un piso de alquiler (y de compra). Los decretos, un batiburrillo, son el resultado de las insalvables contradicciones internas del bando gubernamental. Extienden un poco de pomadita —gustosa, pero superficial— en el lomo castigado de los inquilinos, pero abandonan —y de qué forma— a los cientos de miles de individuos y de familias que necesitan un piso.
Según los datos del Banco de España, en estos momentos, el déficit de viviendas en España (la diferencia entre pisos disponibles y pisos que harían falta) ronda los 755.000. Se estima que esta cifra podría alcanzar el millón en 2028. Es decir, no solo existe una brecha de dimensiones colosales, sino que este gran agujero se hace más grande cada año que pasa. Buena parte de esta falta de pisos está localizada en Catalunya.
Hay que hacer muchos más pisos (privados, de protección oficial) todos los años para que el déficit de vivienda no siga creciendo y agravando un problema que es indiscutiblemente alarmante. Si queremos, además, ir reduciendo este déficit, entonces no es que haya que edificar mucho, es que hay que edificar masivamente, hay que desencadenar un auténtico tsunami de obras. Paradójicamente, los partidos a la izquierda del PSOE se niegan a reformar la ley del suelo para tener más pisos e impulsar la oferta. A la izquierda del PSOE quieren más viviendas y que sean más asequibles —como quiere todo el mundo con dos dedos de frente y una mínima decencia—, pero, en total contradicción, no quieren que se promuevan. ¿Esto cómo se come?
Se está haciendo política a golpe de titular. Política emocional y populista, una de las peores formas de actuar cuando se tiene la responsabilidad de gobernar
Un ejemplo emblemático de este embrollo mental es un tuit de Gabriel Rufián del pasado marzo: "Ni reformar más. Ni construir más. Ni subvencionar más. INTERVENCIÓN del mercado". Este tipo de izquierda —al igual que el Sindicat de Llogateres y el Sindicato de Inquilinas— también arremete contra los fondos de inversión —"fondos buitre"—, a pesar de que, en realidad, controlan un porcentaje muy pequeño del mercado (el 92% de las viviendas se encuentran en manos de personas físicas).
El resultado de la miopía ideológica, sumada a las leyes mal hechas y la incapacidad para hacerlas cumplir, ha llevado con el paso de los años a la situación insostenible actual. Un ejemplo: como los propietarios saben que si alquilan a alguien calificado de "vulnerable" es posible que acaben sin cobrar ni poder hacerle abandonar el piso, lógicamente, evitan alquilar a dichas personas. Otro: como hay cola de inquilinos por cada piso que se ofrece, hay inmobiliarias que ni siquiera se molestan en dar a conocer la oferta; los reservan para clientes de confianza. Eso hace que solo consigan pisos —siempre a precios astronómicos— aquellos inquilinos que se encuentran en mejor posición socioeconómica. Los que más lo necesitarían, directamente, se quedan sin. Excluidos.
Los dos decretos llamados 'Maricarmen', en referencia a la anciana desahuciada en Madrid, tienen que votarse hoy en el Congreso. Las medidas que se presentan deprisa y corriendo son el fruto de la conmoción desencadenada por las circunstancias de esta señora de 87 años. Se está haciendo política a golpe de titular. Política emocional y populista, una de las peores formas de actuar cuando se tiene la responsabilidad de gobernar. El PSOE —que lleva ocho años en el poder— confía en el chantaje moral de las acampadas y de la opinión pública para que sus socios a derecha e izquierda acaben aprobando las regulaciones. En el momento de escribir estas líneas, se desconoce qué puede pasar en el Congreso. Sea como fuere, resulta ineludible denunciar también que el PP no haya querido ni siquiera sentarse a dialogar con los socialistas. Alberto Núñez Feijóo debería recordar que a los representantes políticos se les exige contribuir a resolver los problemas de la gente. Sobre todo si uno se jacta de dirigir un partido de Estado y no para de repetir que quiere gobernar. No hacerlo, abonarse siempre al tacticismo, no es solo una irresponsabilidad, sino también un incumplimiento flagrante de una obligación democrática fundamental: trabajar por el bien común.
Nos encontramos ante un gran y dramático descalabro. Todavía más porque el de la vivienda es un reto abrumador, que solo se puede resolver a largo plazo y suponiendo que se actúe con acierto, lo que —como adivinará el amable lector— a estas alturas es suponer muchísimo.