Los Mossos d’Esquadra, bajo el mando de un coronel de la Guardia Civil hijo de un candidato de Fuerza Nueva y hermano del también franquista expresidente del Tribunal Constitucional; los presupuestos de la Generalitat, intervenidos por el ministro de Hacienda mientras la misma Guardia Civil detenía a la cúpula del departamento de Economia en una macrooperación relámpago contra la Generalitat, un verdadero asalto a mano armada, donde fueron arrestados 14 altos cargos; la multitudinaria protesta popular que se desató contra esa actuación, en manos de un juez de la Audiencia Nacional y también antiguo comisario de la policía franquista, ante el cual ha presentado el fiscal nada más y  nada menos que una denuncia por sedición —penada con hasta 15 años de cárcel— que, extrañamente, no va dirigida contra nadie en concreto y (potencialmente) contra todo el mundo; miles de policías movilizados mientras España está en alerta antiterrorista 4, y alojados en el puerto de Barcelona en un megacrucero decorado con las simpáticas figuras de Piolín y compañía, que, lo siento por los amigos de la broma —siempre saludable y más aún en los tiempos que corren—, a mí me recuerda más al Uruguay, el barco donde fue encarcelado Companys y el Govern de la Generalitat republicana después dels Fets d'Octubre del 34.

Suspensión de facto de la autonomía policial catalana, suspensión de facto de la autonomía financiera, ocupación policial del territorio autónomo de Catalunya, posible actuación policial en ciernes contra el president de la Generalitat y sus consejeros, que ya han sido objeto de una querella criminal, como la presidenta del Parlament y algunos miembros de la Mesa, y amenaza incluso a la intocable autonomía municipal, con más de 700 alcaldes citados por la justicia que también podrían ser detenidos, así como los presidentes de las entidades soberanistas, ANC y Òmnium. Y todo, por unas urnas. Es la diferencia con el 9-N: las urnas del 1-O sí que pueden llevar a Catalunya a la independencia, como demuestra el nivel de represión activado por el Gobierno español.

La diferencia con el 9-N es que las urnas del 1-O sí que pueden llevar a Catalunya a la independencia, como demuestra el nivel de represión activado por el Gobierno español

Hoy en Catalunya, en departamentos del Govern, en las direcciones de medios de comunicación públicos, en muchas empresas, en la calle, hay muchas personas que temen que la Guardia Civil llame a su puerta. Y, sin embargo, como escriben en los periódicos unionistas algunos miserables, no se puede hablar técnicamente de estado de excepción; lo que solo es cierto —eso ya no lo dicen— por el hecho de que no ha sido declarado. El estado de excepción no declarado de Rajoy es un estado de excepción cínico y sobre todo cobarde. Como medicina se impone el ordeno y mando, el decretazo y el recurso a la justicia sumisa y a la Guardia Civil, lo que constituye la más clara expresión del grandísimo fracaso de la política del PP en Catalunya y  la siniestra vuelta del imaginario de la España negra en pleno siglo XXI.

La política de suspensiones consumadas de competencias y derechos civiles por la puerta de atrás es la prueba que, en realidad, Rajoy no se atreve ni siquiera a aplicar sus propias leyes —el 155 de la Constitución, la ley de Seguridad Nacional— mientras Soraya y los demás apelan una y otra vez a la “falta de garantías del referéndum”. Así, se carga contra la "falta de garantías” del referéndum —cruzada discursiva en la que el Gobierno está acompañado por toda la oposición, incluido Podemos, y toda la armada mediática que le jalea—, mientras se fuerza el cese de los miembros de la sindicatura electoral, so pena de pagar 12.000 euros diarios de multa impuestos por el Tribunal Constitucional, —cuya naturaleza arbitral ha sido pervertida ya hasta límites insospechados—, o se confiscan casi 10 millones de papeletas de votación que permiten a los noticiarios de las cadenas de televisión españolas proclamar que “el referéndum ha sido desmantelado”. Ese es el estado de excepción cínico y cobarde de Rajoy.

Pero esto no va solo del PP y su gen antidemocrático, ese que impide a muchos de sus dirigentes aplicar la política allí donde solo son capaces de aplicar la porra; esto también va de la vergonzante actitud del PSOE y el PSC y gran parte de la izquierda "intelectual" de aquí y de allí. ¿Se puede mantener la equidistancia entre un Estado que ha movilizado a todo su aparato coercitivo para imponer su dominio sobre una parte de sus propios ciudadanos aún a riesgo de desencadenar una involución democrática general, y el sueño de centenares de miles de personas que en Catalunya piden simplemente poder decidir democráticamente su futuro político en las urnas? No se puede, Pedro Sánchez (y Miquel Iceta).

Rajoy se puede permitir decir sin que se le caiga la cara de vergüenza que España es una “democracia amable y tolerante” porque Sánchez se puede permitir decir que los independentistas “quieren disfrazar de urnas una acto no democrático”. Detrás de la palabrería vacua del “diálogo, diálogo”, eso es lo que hay. Ahí es donde se ha quedado varado el "nuevo" PSOE de Sánchez, el PSOE supuestamente redimido de sus peores pecados históricos: a la sombra del PP, ejerciendo de cooperador silencioso del golpe del Estado, en acertada expresión de José Antich, contra las instituciones catalanas y la democracia —en Catalunya y en España—. Al fin y al cabo, el gen antidemocrático no es patrimonio exclusivo del PP: también lo comparte el PSOE aunque pueda parecer todo lo contrario.

El "nuevo" PSOE de Sánchez se ha quedado varado a la sombra del PP, ejerciendo de cooperador silencioso del golpe del Estado contra las instituciones catalanas y la democracia

El 22 de octubre de 1980, tras la moción de censura de Felipe González contra Adolfo Suárez, se reunieron en la casa del alcalde de Lleida, el socialista Antoni Siurana, el general y gobernador  militar de la provincia Alfonso Armada, el presidente del PSC, Joan Raventós, y el entonces número 3 del PSOE Enrique Múgica Herzog. Armada expuso a sus contertulios la necesidad de armar —valga la redundancia— un gobierno de concentración para echar a Suárez. Armada, preceptor militar del príncipe Juan Carlos de Borbón, y después secretario general de la Casa del Rey, era el “elefante blanco” que esperaban los golpistas que tomaron el Congreso el 23 de febrero de 1981, el futuro presidente del esbozado gobierno de concentración entre civiles y militares que debía reconducir la hoja de ruta de la transición. Los tres socialistas declararon en el macrojuicio por el 23-F. Ninguno de ellos fue a prisión por sedición, conspiración u otros delitos similares como los que Soraya Sáenz de Santamaría sueña ahora con imputar a Puigdemont y a Junqueras sino que gozaron de largas trayectorias políticas  e institucionales. Peor suerte corrió, en cambio, y ya en la etapa de los gobiernos de Felipe González, el ministro del Interior José Barrionuevo o el secretario de Estado Rafael Vera, ambos condenados y encarcelados por la guerra sucia contra ETA.

El PSOE participa del golpe del Estado contra Catalunya como participó en las tramas que anticiparon el 23-F o amparó a los GAL

Sánchez e Iceta dieron ayer un míting en Badalona contra el referéndum. No por el no, que es tan legítimo y democrático como el sí, sino en contra de que los catalanes pueden votar de hoy en ocho días. Al parecer, las prohibiciones de realizar actos de campaña del 1-O van por barrios. Si mitineas, como los socialistas, contra el voto, el fiscal no te manda la Guardia Civil. Ese es el papel que les ha correspondido en el escenario del golpe del Estado contra el 1-O. Con su falsa equidistancia ante el referéndum, el PSOE participa del golpe del Estado contra Catalunya como participó en las tramas que anticiparon el 23-F, o amparó a los GAL y otros grupos parapoliciales que actuaron al margen del Estado de Derecho bajo el manto del felipismo. Y sin necesidad siquiera, por cierto, de poner a la Ertzaintza bajo el mando de la Guardia Civil.

Es lo que tiene el procés y, más aún, el prohibido referéndum: que no hay máscara que lo aguante. Ante la urna, todas caen. La urna es capaz de revelar la genética democrática de cada cual. La urna tiene poder.