“Este juicio también es democracia”. Para los que albergaban alguna duda sobre el carácter político del juicio del 9-N, hete ahí nada más ni nada menos que la conclusión del fiscal, Emilio Sánchez-Ulled, en su informe final. O, en paralelo, la del ministro de Cultura y portavoz del Gobierno de España, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de todos los viernes y cuando el juicio ni siquiera había finalizado: “En España la justicia es independiente”. Al ministro sólo le faltó avanzar el sentido de la sentencia, como hizo en portada un diario de la caverna tras la primera sesión de la vista oral en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Visto lo visto, poco o nada más hay que decir sobre las motivaciones y objetivos de fondo de la acción penal contra el expresident Artur Mas y sus exconselleres Joana Ortega e Irene Rigau, por el llamado “proceso participativo” o consulta alternativa del 9 de noviembre del 2014. Lo sabe todo el mundo, los más de 40.000 ciudadanos partidarios de la independencia que se concentraron el lunes a las puertas del tribunal, y los que están abiertamente en contra de que tal hipótesis se lleve a cabo. Se trata de motivaciones y objetivos puramente políticos, y, para ser exactos, de mala política, de política chapucera y vergonzante, de política del “y yo más”, impropia de un Estado y una democracia que se consideran serios. Oyendo al fiscal, se diría que sólo le faltó decir: “Señor Mas, yo soy un mandado (del Gobierno)”.

Al fiscal del juicio del 9-N sólole faltó decir: "Señor Mas, yo soy un mandado (del Gobierno)"

Sánchez-Ulled, en su defensa (!), porque, he ahí la paradoja, su informe final fue eso, pura y dura defensa de su actuación ante las evidentes dificultades para justificarla, planteó una falsa antinomia, una dicotomia-trampa: “No se puede contraponer -dijo, dirigiéndose a Mas- democracia y Estado de derecho”. En apariencia, y de acuerdo con la teoria liberal clásica, no existe democracia sin Estado de derecho, ni Estado de derecho sin democracia. Lo uno es condición de posibilidad de lo otro y al revés. Pero en la práctica existen estados de derecho que tienen muy poco de democráticos y democracias donde el Estado de derecho se entiende a las órdenes de lo que su excelencia ordene. ¿Acaso no es la Rusia de Putin una democracia y un Estado de derecho? ¿Y acaso no es ese el modelo de Trump para los Estados Unidos? ¿Qué diría hoy Alexis de Tocqueville si tuviera que escribir La democracia en América, parte II? Con proclamar que uno es una democracia y un Estado de derecho como el que más no es suficiente. La democracia se demuestra votando, y juzgando. Hay que demostrarla, aunque duela y hiera orgullos. Y por ello no sorprende, por ejemplo, que España ocupe la sexta posición por la cola,  sólo por delante de Italia, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia y Bulgaria, en su informe de 2016 de la Comisión Europea sobre la percepción social de la independencia judicial. En independencia judicial, España tiene muchísimo por demostrar y hacerse perdonar.

No sorprende que España ocupe la sexta posición por la cola de Europa en independencia judicial

La democracia, y el Estado de derecho, son una conquista de cada día. Y en estados de tradición autoritaria o de débil tradición democrática, como es el caso de España, el esfuerzo ha de ser especialmente intenso. Eso es lo que ha evidenciado el juicio del 9-N, con representantes públicos sentados en el banquillo de los acusados, nada más ni nada menos que un expresidente de la Generalitat y dos responsables de su gobierno, por el hecho de haber permitido que la ciutadanía expresara con urna de por medio, aunque sin consecuencias jurídico-políticas, su parecer sobre cómo debería ser la relación Catalunya-España. Hasta ahí -y lo subrayo-, eso encaja sin ningún género de dudas en el marco de lo que comúnmente se entiende por democracia, el Estado de derecho, la Constitución española y el Estatut de Catalunya. ¿Acaso los 2,3 millones de personas que participaron en el 9-N pretendían alguna otra cosa que expresar su opinión libremente? ¿No se trata de un derecho fundamental?

En la práctica, el Tribunal Constitucional fue activado para suspender el ejercicio de la libertad de expresión en Catalunya, ese derecho que debería haber protegido, igual que fue activado para fulminar el Estatut prescindiendo de las cámaras que lo validaron y el pueblo que lo referendó. Y, una vez la consulta del 9-N estuvo en marcha, una vez millones de personas habían ejercido el derecho a expresar libremente su opinión, se empezó a preparar la actuación penal mediante la Fiscalía contra quien había amparado el ejercicio de ese derecho: Mas y su Govern.

El Tribunal Constitucional fue activado para suspender el derecho a la libertad de expresión en Catalunya el 9-N

Claro que el 9-N encajaba en la democracia y en las leyes del Estado de derecho. Con lo que no casaba era con la voluntad y la capacidad de Mariano Rajoy para hacer frente a un conflicto que es político, no judicial. "Ni quiero, ni puedo". De ahí la “defensa” de su propia actuación profesional que realizó el fiscal Sánchez-Ulled. Y por lo mismo, el expresident Mas pudo afirmar ante el tribunal que él no desobedeció al TC -que no podía hacer otra cosa que emitir órdenes vagas e imprecisas sobre la consulta-, sino que plantó cara, políticamente, al gobierno del PP. Y por eso mismo también aquel día 2,3 millones de personas ejercieron la libertad de expresión sin que se rompiese un plato. 

El fiscal y los jueces del 9-N deberían declararse en huelga o emitir una no-sentencia. Sería lo más coherente con la opinión que tenía el gobierno de Rajoy de la consulta del 9-N hasta la misma víspera. ¿Lo recuerdan? Aquel sucedáneo, aquella consulta de costellada, aquellos hilillos de democracia y Estado de derecho.