Dice el dicho popular que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. O lo que es lo mismo, que el ser humano es ciego ante sus defectos y, en cambio, ve muy fácilmente los de los demás. El dicho hace referencia a la dificultad para reconocer las limitaciones propias, e incluso la falta de autocrítica viene a cuento en este caso a raíz de la reacción que ha tenido JxCat al enterarse de que ERC, una vez que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retirado el proyecto de presupuesto de 2026 del Parlament, ahora se abre a aprobarlo sin ningún compromiso sobre la cesión del IRPF a Catalunya como condición previa: "Es falta de ambición", ha exclamado el secretario general del partido de Carles Puigdemont, Jordi Turull, en contra de la formación de Oriol Junqueras, a la que ha acusado de moverse por "cálculos de partido" y no por "interés de país".

Es una obviedad que la posición actual de ERC no tiene nada que ver con el acuerdo alcanzado pronto hará dos años con el PSC para investir a su líder 133.º president de la Generalitat. De aquella llamada "financiación singular" que debía resolver de una vez por todas la falta de recursos crónica que sufre el país gracias a la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos que se generan en Catalunya, desde el 100% del IRPF hasta el 100% del IVA y del impuesto de sociedades, por parte de la Agència Tributària de Catalunya —talmente como si de un sistema de concierto económico se tratara—, no queda nada, ni siquiera el nombre. Lo que tenía que ser un traspaso integral se ha evaporado de tal manera que ahora ni hace falta un compromiso del Gobierno —que es quien realmente corta el bacalao— sobre la cesión del IRPF, ni que fuera ad calendas graecas, para que ERC mantenga el apoyo a Salvador Illa y le apruebe el presupuesto de este año. Estaba cantado que los de Oriol Junqueras se acabarían bajando los pantalones y, por tanto, la renuncia a lo que antes era irrenunciable es más que criticable. Dicho esto, no es precisamente JxCat quien está en condiciones de dar lecciones de nada.

El problema que tienen ambos —JxCat y ERC— es que, después de haberse pasado por el forro el resultado del referéndum de independencia del Primer d’Octubre de 2017 y de haber optado descaradamente por el retorno a la vía autonomista, ahora no pueden esperar que aquellos a los que enredaron les hagan caso o hagan más caso a los unos que a los otros. Sencillamente, no hacen caso a ninguno de los dos, les es indiferente si aprueban o dejan de aprobar el presupuesto de la Generalitat de 2026, porque hace tiempo que han desconectado del marco mental autonómico y, en consecuencia, nada de lo que les llegue desde este sector es de su interés. ¿O es que quizás creían que lo que habían hecho en 2017 no tendría ninguna repercusión interna y no provocaría un pasotismo creciente y un resentimiento profundo hacia todo lo que llevara colgada la etiqueta autonómica y procesista? Entre todos han conseguido que, si en determinados momentos de la historia la Generalitat, con el Govern y el Parlament como instituciones principales, había sido expresión del poder político que tenían los catalanes y, en todo caso, símbolo inequívoco de catalanidad, actualmente sea una pieza más del engranaje de la Administración autonómica española.

Y es que desde 2017, de hecho, en Catalunya la política autonómica no solo la han practicado con vehemencia y convicción los partidos claramente españoles y españolistas —PSOE, PP y Vox— y los teóricamente catalanes pero que siempre les hacen el juego —PSC y Comuns—, sino también, y sobre todo, las formaciones sobre el papel catalanistas que hasta entonces se habían hecho pasar falsamente por independentistas —las mencionadas JxCat y ERC y, además, la CUP. Y este giro ha tenido unos efectos que ninguna de ellas se habría atrevido a pronosticar: el ensanchamiento, por un lado, del rechazo de todo aquello que procede del autonomismo y, muy especialmente, la generalización, por el otro, primero de la creencia y después de la certitud de que la política catalana se ha convertido en un gran pudridero, en un agujero negro sin fondo lleno de presuntas malas prácticas de todo tipo que, en algunos casos, esconden incluso indicios de corrupción. En clave ética y moral, la política autonómica ha hecho quiebra.

El escándalo en torno a la actuación de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), con muchos millones de euros del erario público pagados por los contribuyentes despistados por culpa de comportamientos nada honorables y en que todos los partidos han cerrado filas para salvarse los unos a los otros porque la realidad es que todos están implicados, es la gota que ha colmado el vaso de la credulidad de una población que a partir de ahora no parece dispuesta a aceptar más según qué martingalas. En este escenario, que nadie se extrañe de que hayan empezado a circular por las redes sociales instrumentos que ponen al descubierto la red clientelar que en los últimos años se ha creado en torno a las diferentes administraciones públicas que operan en Catalunya —la Generalitat, pero también las diputaciones, los ayuntamientos, los consejos comarcales…— y que no deja ninguna de las formaciones políticas libre de sospecha.

Hoy la política catalana es un nido de amiguismo, clientelismo, influencias, abusos, canonjías y comederos que desvía el dinero público a lucros privados que dan grima

Estas herramientas —la que rápidamente ha adquirido más popularidad es una llamada elocuentemente Menjòmetre— han hecho posible que llegue a todo el mundo una información que por ley debe ser pública, pero que las administraciones, todas sin excepción, esconden en un rincón para que la accesibilidad resulte lo más complicada posible y así el ciudadano desista de buscarla: los contratos, las subvenciones y ayudas diversas que anualmente destinan a entidades, asociaciones, agrupaciones, empresas, organismos, cooperativas, mesas, observatorios, comisiones, subcomisiones, comités, grupos de trabajo, oenegés y cualquier otro colectivo. Y una vez que el ciudadano lo ha visto en toda su dimensión, ha certificado lo que hacía tiempo que se temía: que hoy la política catalana es un nido de amiguismo, clientelismo, influencias, abusos, canonjías y comederos que desvía el dinero público, los impuestos que él ha satisfecho, a lucros privados que dan grima.

Ante ello, la respuesta de los que gracias a estas iniciativas han quedado bien retratados —principalmente todos los partidos que en un momento u otro han estado en el Govern de Catalunya, que quiere decir básicamente PSC, Comuns, ERC y JxCat— ha sido o hacerse el sueco o no hacer caso del mensaje y responsabilizar al mensajero o recurrir a una excusa que cansa de tanto que la utilizan para todo: que todo es culpa de la extrema derecha. Todo ello es la evidencia de que, ciertamente, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, como dice el dicho popular. Y, mientras tanto, la distancia entre la clase política y la gente normal y corriente de la calle se va haciendo cada vez mayor. Tanto, que llegará el día en que, si esta clase política continúa así, la ciudadanía la perderá definitivamente de vista.