A pesar de las muchas veces que me he posicionado sobre esta lacra, creo que ahora es una buena ocasión para insistir, cuando en apenas una semana de abril de 2026 dos juicios de enorme trascendencia institucional se han abierto simultáneamente. En el Tribunal Supremo, el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama responden por la presunta trama de las mascarillas durante la pandemia. En la Audiencia Nacional, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el excomisario Villarejo y una decena de mandos policiales se sientan en el banquillo por la operación Kitchen, el presunto operativo parapolicial para sustraer documentación comprometedora a Luis Bárcenas. En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción investiga el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra, con ramificaciones que apuntan a fondos de origen venezolano. Lo que tenemos ante nosotros no es una sucesión de anécdotas judiciales: es la radiografía viva de un problema sistémico que debería interpelarnos como sociedad democrática.

Y, sin embargo, la cobertura mediática dominante sigue atrapada en los mismos vicios: la personalización trivial, el titular diseñado para la indignación efímera, la reducción de tramas complejas a duelos partidistas. No es un fenómeno nuevo. La cobertura del procés catalán ofreció un precedente revelador: buena parte de los medios nacionales optó por una narrativa binaria —constitucionalismo frente a secesionismo— que impedía comprender las dimensiones jurídicas, políticas e históricas del conflicto. El resultado fue una sociedad informada no para entender, sino para tomar partido deshumanizando y criminalizando al adversario. Aquella experiencia debería habernos enseñado que, cuando los medios renuncian a la complejidad, la democracia se empobrece. El deber del periodismo no es confirmar las convicciones de su audiencia, sino proporcionarle los elementos para formarse un juicio propio.

Conviene detenerse en los hechos con la frialdad que merecen. En el caso de las mascarillas, la Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García por delitos que incluyen organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación y malversación. La acusación describe un sistema organizado de adjudicación irregular de contratos públicos en plena emergencia sanitaria, cuando los ciudadanos morían en hospitales saturados. Que se aprovechase ese momento de vulnerabilidad colectiva para lucrar intereses particulares eleva la gravedad moral del asunto a una categoría que trasciende lo estrictamente penal.

En el caso Kitchen, lo que se investiga es aún más perturbador desde el punto de vista institucional: la utilización de los aparatos del Estado —policía, fondos reservados, servicios de inteligencia— no para proteger a los ciudadanos, sino para proteger a un partido político de las consecuencias de su propia corrupción. Según la acusación, se reclutó al chófer de Bárcenas mediante sobornos pagados con fondos reservados del Ministerio del Interior para sustraer documentos que vinculaban al PP con la financiación irregular de la trama Gürtel. Dinero público destinado a la seguridad nacional se habría empleado para obstruir la justicia. Estamos ante la instrumentalización de las instituciones democráticas contra la propia democracia.

El caso Plus Ultra añade una dimensión internacional inquietante: la investigación sugiere que fondos ilícitos procedentes de malversación cometida por funcionarios venezolanos se habrían canalizado a través de estructuras empresariales que, presuntamente, se beneficiaron de un rescate estatal español. Lo verdaderamente relevante de que estos procesos coincidan en el tiempo es lo que revelan en conjunto: un patrón transversal que ningún partido puede reclamar como patrimonio exclusivo del adversario. La trama Gürtel, con varias sentencias firmes confirmando la financiación corrupta del PP durante dos décadas, detonó la primera moción de censura exitosa de la democracia española. Pero el partido que llegó al poder gracias a esa moción enfrenta ahora sus propios procesos. El fenómeno no es de derechas ni de izquierdas: es estructural.

España ocupa el puesto 49 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional con 55 puntos sobre 100. Plataformas ciudadanas como Casos Aislados documentan 589 casos de corrupción con más de 8.000 implicados. Son cifras que deberían generar un debate de primer orden y, sin embargo, rara vez se presentan con el contexto necesario. Un juicio como el de las mascarillas, con 81 testigos y trece sesiones previstas, exige una cobertura que explique qué se declara, qué pruebas se presentan y qué implicaciones jurídicas tiene cada testimonio. En lugar de eso, el debate se polariza en torno a si Aldama es un “arrepentido creíble” o un “delincuente que busca rebajas”, como si la veracidad de un testigo se determinase por simpatías ideológicas. Con Kitchen ocurre lo mismo: la cobertura oscila entre el morbo de los audios de Villarejo y la especulación sobre si Rajoy sabía o no, sin ofrecer un mapa claro de las responsabilidades institucionales.

El gato de Ábalos constituye quizá el ejemplo más elocuente de esta patología informativa. Un sector significativo de la cobertura dedicó más espacio a las anécdotas sobre el felino del exministro que a explicar la estructura de la presunta trama. La frivolización cumple una doble función corrosiva: distrae la atención de los elementos sustanciales —los flujos de dinero, las cadenas de decisión, los controles que fallaron— y resta gravedad al caso en la percepción colectiva. Cuando un escándalo de corrupción se asocia con la imagen de un gato, se trivializa hasta parecer una comedia de enredo en lugar de la presunta sustracción organizada de recursos públicos en el peor momento sanitario de nuestra historia reciente. Los medios que priorizan lo anecdótico sobre lo estructural no solo desinforman: contribuyen activamente a la impunidad, porque una sociedad que se ríe de la corrupción es una sociedad que ha dejado de indignarse por ella.

Por primera vez, los tribunales examinan simultáneamente presuntas tramas vinculadas a los dos principales bloques políticos

Un periodismo democrático debería actuar como traductor entre la complejidad procesal y la comprensión ciudadana, ofreciendo cronologías claras, explicaciones accesibles de los tipos penales y seguimiento riguroso de cada sesión. Modelos como los suplementos diarios de Le Monde durante el caso Sarkozy o la cobertura de Odebrecht por Folha de São Paulo demuestran que es posible informar con rigor sin sacrificar la accesibilidad. Pero el rigor tiene también una dimensión jurídica ineludible. La Directiva (UE) 2016/343, de 9 de marzo de 2016, establece en su artículo 4 que las autoridades no se referirán a los sospechosos como culpables mientras no se haya probado su culpabilidad. Su considerando 16 precisa que ello se entiende sin perjuicio de la libertad de prensa, pero esta salvaguarda no es una carta blanca: es un recordatorio de que la libertad informativa debe ejercerse dentro del marco de responsabilidad que el ordenamiento europeo exige. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado que los juicios paralelos mediáticos pueden comprometer el derecho a un proceso justo del artículo 6 del Convenio Europeo. La presunción de inocencia no es un obstáculo para el periodismo de investigación: es su aliada, porque obliga a distinguir entre lo probado y lo alegado, que es lo que separa al periodismo riguroso del linchamiento mediático.

Si este artículo pudiera servir de libro de estilo para informar sobre la corrupción, sus principios serían estos. Primero, contexto siempre: cada caso debe situarse dentro del mapa más amplio de la corrupción estructural, no presentarse como episodio aislado. Segundo, abandonar lo anecdótico: la vida personal de los acusados, sus mascotas o sus relaciones sentimentales no son noticia cuando lo que está en juego es el funcionamiento de las instituciones. Tercero, respetar escrupulosamente la presunción de inocencia: utilizar el condicional y expresiones como “presuntamente” no es una formalidad burocrática, sino una exigencia que la Directiva 2016/343 y el Convenio Europeo elevan a obligación del Estado de derecho. Cuarto, explicar los mecanismos: cómo se adjudicaron los contratos, quién firmó, qué controles fallaron. Quinto, seguimiento sostenido: la corrupción no se agota en el titular del primer día. Y sexto, independencia frente al ciclo partidista: la credibilidad del medio se mide por su capacidad de aplicar el mismo rasero a todos, como bien debimos aprender del procés y como ahora debemos demostrar ante la coincidencia de los casos Ábalos y Kitchen.

La coincidencia de estos juicios es una oportunidad que no deberíamos desperdiciar. Por primera vez, los tribunales examinan simultáneamente presuntas tramas vinculadas a los dos principales bloques políticos. Esto debería servir para superar la lógica del “y tú más” y abrir un debate maduro sobre los mecanismos que han permitido que la corrupción prospere con independencia del color del gobierno. Pero ese debate solo será posible si disponemos de información veraz, contextualizada y comprensible. No necesitamos titulares incendiarios ni tertulias donde la indignación sustituye al análisis. Necesitamos datos, contexto, rigor procesal y la voluntad de explicar lo complejo sin simplificarlo hasta la caricatura. Porque, cuando la corrupción se banaliza, cuando se reduce a espectáculo o a munición electoral, los verdaderos beneficiarios son quienes la practican. Y los verdaderos perjudicados somos todos.