Hay países que se gobiernan. Y hay países que se limitan a narrarse.

España, desde hace casi ocho años, ha ido deslizando su centro de gravedad desde la gestión hacia el relato. No porque falten instituciones, leyes o presupuestos, sino porque el Gobierno parece haber asumido que lo esencial ya no es que las cosas funcionen, sino que parezcan funcionar. La prioridad no es la administración eficaz de lo público, sino la producción constante de un discurso que sostenga la apariencia de normalidad. Pero los Gobiernos pueden vivir durante un tiempo instalados en la ficción. Lo que no pueden hacer es eternizarla. Porque llega un momento en que la realidad deja de obedecer al relato.

El colapso ferroviario, que también se ha vuelto rutina en Catalunya, es el ejemplo más visible y cotidiano de ese desmoronamiento silencioso. Trenes suspendidos, averías sistemáticas, infraestructuras obsoletas, usuarios convertidos en masas resignadas a una incertidumbre permanente. No estamos ante una crisis técnica ni ante un episodio coyuntural. Estamos ante un síntoma político. El tren, como la justicia, no admite maquillaje: funciona o no funciona; llega o no llega. Y cuando falla de manera estructural, lo que se revela no es una avería, sino un modelo de Estado que ha aprendido a sobrevivir más de símbolos que de servicios.

Durante años se nos repitió que España era una democracia consolidada, una potencia europea homologable, un país moderno. Pero la modernidad no se mide por declaraciones institucionales ni por retóricas patrióticas. Se mide por derechos materiales: por la capacidad de un ciudadano de desplazarse sin miedo a quedar atrapado en un andén; por procedimientos judiciales tramitados en plazos razonables y con recursos suficientes; por instituciones que funcionen sin necesidad de heroicidades diarias. Lo que estamos viendo, tanto en las vías como en los juzgados, es exactamente lo contrario: un colapso estructural que ya no puede ocultarse.

La justicia española lleva años instalada en una saturación crónica. Macrocausas que se eternizan, recursos que duermen durante años, juzgados desbordados, procesos que se convierten en penas anticipadas y reformas que, más que reales, son cosméticas y con pretensiones de control. El tiempo como castigo, la dilación como método, el procedimiento como instrumento de desgaste. Y, sin embargo, frente a este panorama, el Gobierno insiste en la misma lógica: anunciar reformas, crear plazas, producir titulares. Pero el problema no es solo de medios; es de modelo. Es la incapacidad de concebir la justicia neutral entendida solo como servicio público y no como dispositivo de control ciudadano y del adversario.

A ese mismo cuadro debe añadirse otro pilar esencial del contrato democrático: la sanidad pública. Conviene precisarlo: su gestión está descentralizada y recae en las comunidades autónomas, pero su deterioro no surge en el vacío. La presión asistencial, la disponibilidad de profesionales y la financiación efectiva quedan condicionadas por decisiones estatales —modelo de financiación, reglas presupuestarias, normativa básica y política de recursos humanos— adoptadas lejos del territorio y que acaban impactando allí donde la ciudadanía se atiende de verdad. Y, al mismo tiempo, esa carga se gestiona con instrumentos autonómicos que ya van al límite. Listas de espera interminables, profesionales exhaustos, urgencias colapsadas, atención primaria debilitada, déficit de planificación. Se habla de la sanidad como de tantas cosas en España: como de un símbolo del Estado social, como de una conquista intocable. Pero la realidad cotidiana es otra: conseguir una cita médica se ha convertido en una carrera de obstáculos, acceder a un especialista es una espera que desespera, y el sistema se sostiene más por el sacrificio de sus trabajadores que por una estructura racional y una buena gobernanza.

Cuando transporte, justicia y sanidad se degradan de forma persistente, lo que aparece no es solo un problema de presupuesto o de mala organización, sino el deterioro del Estado como garante de derechos básicos

Transporte, justicia y sanidad tienen algo en común: no admiten ficción. Atienden o no atienden; resuelven o no resuelven; funcionan o se derrumban. Cuando se degradan de forma persistente, lo que aparece no es solo un problema de presupuesto o de mala organización, sino el deterioro del Estado como garante de derechos básicos. No estamos ante crisis sectoriales. Estamos ante un modelo que se resquebraja.

Lo ferroviario, lo judicial y lo sanitario comparten raíz. Son manifestaciones de un poder que ha invertido enormes cantidades de energía en conservarse, en sostener su relato territorial y en combatir políticamente lo que no puede integrar democráticamente, mientras descuidaba la gestión de lo esencial. Se han movilizado recursos para perseguir urnas, para fabricar causas, para convertir discrepancias políticas en delitos imaginarios. Pero no se ha sido capaz de garantizar un tren puntual, un juzgado operativo o una atención primaria que no viva en saturación permanente. Esa es la paradoja de un Gobierno obsesionado con imponerse: cuanto más se concentra en el control simbólico, más se deteriora en su funcionamiento material.

Y en ese mismo patrón debe leerse otra decisión reciente que resume como pocas la ausencia de planificación, de seriedad y de modelo estructural: la voluntad de regularizar de golpe a más de medio millón de personas extranjeras en situación irregular, decidida desde la metrópoli, sin contar con las autonomías, sin articulación territorial, sin estrategia social ni institucional, como si la inmigración fuese un expediente administrativo que puede resolverse con un anuncio, como si el país real no existiera más allá del BOE.

No se trata aquí de discutir el fondo humano del fenómeno migratorio, ni de negar la realidad de cientos de miles de personas que viven y trabajan sin derechos plenos. Esa realidad existe y exige respuestas. Lo que resulta insostenible es que el Gobierno español aborde una de las cuestiones más complejas del siglo XXI —la inmigración— del mismo modo con que aborda todo lo demás: improvisación, centralismo, relato, medida espectacular y ausencia de estructura.

La inmigración no debe ser un problema de marketing político. No es una cifra a regularizar en bloque cuando conviene. Es una cuestión profundamente territorial, social y económica. Afecta a servicios públicos, a vivienda, a escuela, a sanidad, a integración cultural, a mercado de trabajo. Exige planificación, coordinación con los municipios, políticas lingüísticas, estrategias comunitarias, interlocución con el tejido productivo. Exige apego al territorio. Y nada de eso puede hacerse desde un despacho en Madrid dictando una regularización masiva como quien lanza un salvavidas institucional para corregir años de dejación.

La metrópoli produce el relato y la periferia administra el impacto, con presupuestos tensados y servicios públicos al límite. Un acto unilateral, sin negociación territorial, sin financiación suficiente y sin un diseño institucional

Y aquí está el punto que incomoda, precisamente porque revela la arquitectura disfuncional del Estado: se decide desde Madrid, pero se gestiona en el territorio. Se anuncia una regularización de dimensiones masivas como gesto político, pero la carga real —escolarización, atención sanitaria, atención social, vivienda, primera acogida, integración cotidiana— recae de manera inmediata sobre comunidades autónomas y municipios. El Gobierno firma el titular y reparte las consecuencias. La metrópoli produce el relato y la periferia administra el impacto, con presupuestos tensados y servicios públicos al límite. No es una crítica a la regularización en sí, sino a la irresponsabilidad de plantearla como acto unilateral, sin negociación territorial, sin financiación suficiente y sin un diseño institucional que permita convertir el derecho en integración real; en definitiva, es una decisión antidemocrática en la forma en que se ha adoptado.

Esta decisión, presentada como gesto humanitario o como solución administrativa, es el reflejo más exacto de la falta absoluta de un modelo inmigratorio serio. Sánchez no tiene política migratoria: tiene episodios. No tiene estructura: tiene parches. No tiene planificación: tiene anuncios. Y ese modo de actuar no solo es ineficaz; es irresponsable, porque convierte un fenómeno de enorme sensibilidad social en un instrumento más del cortoplacismo político.

Catalunya, una vez más, es el territorio donde ese desorden se vuelve tangible antes que en ninguna otra parte. Catalunya es receptora histórica de inmigración y ha demostrado capacidad de integración, trabajo comunitario y cohesión, pese a las dificultades. Pero también soporta sobre sus infraestructuras y servicios —transportes, justicia, sanidad— un peso enorme sin disponer de las herramientas institucionales necesarias. Se decide desde Madrid cuántas personas se regularizan, en qué condiciones, con qué requisitos, sin que el país que debe integrar, escolarizar, atender desde los centres d’atenció primària y organizar esa realidad tenga capacidad decisoria.

Ese es el núcleo del problema: no es solo una medida migratoria. Es un acto de poder central que confirma que el Gobierno concibe el territorio como periferia administrativa, no como sujeto político. Se legisla sobre Catalunya sin Catalunya. Se decide sobre la realidad catalana sin participación catalana. Y luego se exige que las instituciones catalanas gestionen las consecuencias sin competencias ni recursos.

Por eso, decisiones como esta hacen más necesaria que nunca una cuestión que no es ideológica ni identitaria, sino estrictamente funcional y democrática: el traspaso integral a Catalunya de las competencias en materia de inmigración.

Catalunya no puede seguir atrapada en un modelo donde las decisiones estructurales se toman lejos, sin responsabilidad territorial, y las consecuencias se gestionan aquí, sin competencias

No puede haber política migratoria seria sin proximidad territorial. No puede haber integración real sin capacidad de planificación local. No puede hablarse de cohesión social mientras la competencia decisoria permanezca en manos de un Gobierno que actúa con lógica metropolitana, desconectada del terreno. Catalunya necesita poder gestionar su modelo migratorio porque es Catalunya quien vive la inmigración en sus escuelas, en sus centres d’atenció primària, en sus barrios, en su mercado laboral, en su lengua, en su tejido comunitario. No Madrid.

Un Gobierno que no puede garantizar trenes ni justicia eficaz, que deja deteriorarse la sanidad pública, que improvisa regularizaciones masivas sin coordinación territorial, ha perdido la noción de lo que implica gobernar. Y cuando un Gobierno es incapaz de gobernar y se limita a construir narrativas, todo se convierte en relato: la unidad, la solidaridad, la modernidad, el humanitarismo. Pero mientras se recitan esas palabras, los trenes se detienen, los juzgados colapsan, los hospitales se saturan, las políticas migratorias se improvisan, y la ciudadanía percibe —con una claridad cada vez más dolorosa— que el sistema no funciona y, por ende, solo ven como salida los cantos de sirena de grupúsculos ultras que saben gritar, pero no gestionar; que saben criticar, pero no aportar soluciones; que saben conciliar resentimientos y odios compartidos, pero sin ningún proyecto de futuro.

Catalunya no puede seguir atrapada en un modelo donde las decisiones estructurales se toman lejos, sin responsabilidad territorial, y las consecuencias se gestionan aquí, sin competencias. El colapso ferroviario, el colapso judicial, el deterioro sanitario y el desorden migratorio son expresiones distintas de la misma enfermedad: un Gobierno agotado, más preocupado por conservar poder y consolidar su relato que por administrar la realidad.

Y cuando el desmoronamiento alcanza lo cotidiano —cuando no se puede llegar al trabajo, cuando la justicia no resuelve, cuando un médico no llega a tiempo, cuando la inmigración se improvisa— ya no hay relato que lo sostenga. Ya no hay bandera que repare una vía. Ya no hay retórica que sustituya una sentencia. Ya no hay anuncio que cure una urgencia saturada ni que integre a una sociedad.

Entonces queda solo una evidencia: gobernar no es narrarse. Gobernar es gestionar. Y Catalunya necesita, más que nunca, las herramientas para hacerlo por sí misma.