El 22 de mayo que viene, o Catalunya tiene nuevo president y nuevo Govern o habrá nuevas elecciones el 15 de julio. El plan final del president en el exilio, Carles Puigdemont, es el nombramiento de un president y un Govern provisional, como ha explicado en exclusiva Marta Lasalas en El Nacional, hasta que no sea posible otra cosa, es decir, la restitución, o, lo que es lo mismo, su propia (re)elección por el Parlament en tanto que candidato con más apoyos. A nadie se le escapa que la jugada es extremadamente compleja, pero tampoco hay nadie que haya presentado una alternativa que permita la cuadratura del círculo: respetar el mandato de las urnas el 21-D —la mayoría parlamentaria independentista con el diputado Puigdemont como candidato a la presidencia— y reabrir la Generalitat con un president y un Govern, lo cual, teóricamente, tendría que comportar el levantamiento del 155. Y, no obstante, el camino —que cada vez se estrecha más— sigue siendo incierto. ¿Por qué?

De entrada, porque Puigdemont, pendiente de la decisión final de la justicia alemana, ha roto con su plan para establecer un president y un Govern provisionales, la (cómoda) dicotomía entre president/Govern "efectivo" y "legítimo" (es decir, simbólico, en el exilio), planteada después del 21-D por ERC y el PDeCAT como salida pragmática a la situación. Con el nombramiento de un president y un Govern "provisionales", el president "efectivo" no sería otro que Puigdemont. A él correspondería la dirección política del Govern, mientras la gestión y ejecución de lo que se decida, a la fuerza, la llevará a cabo el president o presidenta nombrado por el Parlament, dentro de la "legalidad vigente". El presidente de la República, para entendernos, tendrá la acción de oro sobre la política del presidente de la autonomía y el Govern de la Generalitat. Lo cual requiere en primer lugar de alguien que acepte las condiciones, la "provisionalidad" del cargo, y que ERC, el PDeCAT y los independientes de JxCat, el núcleo duro de Puigdemont, se avengan a materializar la operación. No es ningún secreto que en las filas del independentismo no todo el mundo piensa de la misma manera sobre qué se tiene que hacer (lo contrario seria un milagro y, además, sospechoso); pero si republicanos y pedecautas llevan demasiado lejos su resistencia a los planes de Puigdemont acabarán coincidiendo con Soraya Sáenz de Santamaría.

Con el nombramiento de un president y un Govern "provisionales", el president "efectivo" no sería otro que Puigdemont

De todos modos, los dirigentes independentistas que dudan sobre la oportunidad de la fórmula, harían bien en leer con luces largas el anuncio que, como quien no quiere la cosa, hizo este domingo el delegado del gobierno español en Catalunya, Enric Millo. Nadie puede dudar, asegura, que el 155 se levantará de manera "automática" cuando se produzca la "restauración total de las instituciones de autogobierno" a través de la investidura de un president y el nombramiento de un Govern que cumplan todos los requisitos "legales". Sin embargo, atención: el 155 se podrá seguir aplicando en el futuro "focalizadamente, con una cirugía más fina, en función de las necesidades que haya". No haría falta, precisó, "volver a cesar a todo el mundo". Está claro que, para los populares, la autonomía que necesita Catalunya es la del Kurdistán turco.

Ahora hace unos días escuchaba de un exmiembro del Govern de la Generalitat de JxSí que la autonomía, tal y como la hemos conocido, no volverá. Las últimas palabras del virrey Millo lo ratifican. El régimen del "¡A por ellos!" y el 155 —su plasmación "constitucional"— no son un invento del independentismo, sino una estructura perfectamente trabada, articulada y con vocación de permanencia. Preparada, entre otras cosas, para responder a los fracasos en el exterior (euroórdenes) con un endurecimiento del funcionamiento de sus dispositivos de control en el interior (encarcelamientos). Una estructura dentro de la cual todo puede estar permitido, no sólo la represión del independentismo, como evidencia —o al menos esta es la inquietante tendencia que dibuja— la sentencia de la Manada. Hay un hilo negro que une a los que decidieron enviar a la policía a zurrar catalanes el 1-O y la ignominia del tribunal de Pamplona que, con la bendición de las más altas instancias del poder judicial español, ha decidido que la joven madrileña no fue violada por sus cinco agresores. España está empezando a dar miedo a muchos españoles. 

El independentismo no puede autoengañarse: el campo de juego en el que se le somete al #pressinginvestidura sigue siendo un campo de concentración con guardias y torres de vigilancia

También el delirante auto mediante el cual el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena procesó y reenvió a prisión a medio Govern, donde advierte que el supuesto golpe de estado de los líderes independentistas puede reactivarse tan pronto como recuperen el control de la Generalitat, tendría que ser una guía para los que acarician la idea de un (falso) retorno a la situación previa a la declaración de independencia del 27 de octubre y el 155. ¿Se imaginan las consecuencias que puede tener esta tesis si Llarena exprime el argumento para los nuevos líderes emergentes del independentismo?

El independentismo no puede autoengañarse: el campo de juego en el que se le somete al #pressinginvestidura sigue siendo un campo de concentración con guardias y torres de vigilancia. Por eso Puigdemont acierta cuando opone la "provisionalidad" del posible nuevo president y Govern a la asunción de una falsa "normalidad". Eso, o aceptar un país en que mientras Junqueras y los Jordis y el resto de miembros del último Govern están en la prisión o en el exilio, Inés Arrimadas se pasee por la Feria de Abril de Santa Coloma de Gramenet con vestido de faralaes rojo-España y después clame contra los "supremacistas" y los "excluyentes" que no la votan.