Carta abierta de Ramon Cierco Noguer, empresario andorrano y máximo accionista de Banca Privada d'Andorra (BPA) hasta su nacionalización, dirigida al jefe del Gobierno del Principado de Andorra, Xavier Espot Zamora.

 

CARTA ABIERTA AL JEFE DE GOBIERNO

Muy Ilustre Señor Jefe de Gobierno,

Han pasado más de seis años desde que estalló el mal llamado caso BPA y, en puertas de la apertura del juicio, aparecen en el horizonte muchas más sombras que luces.

El origen de la nota 311 del FinCEN contra BPA fue la comunicación oficial que los EE.UU. dirigieron al ministro Gilbert Saboya el 26 de agosto del 2014 (seis meses antes del 311), en la cual advertían con la máxima dureza de las prácticas de un banco que ingresó 16 millones de euros en efectivo. Eran de dinero sucio de la mafia holandesa de la droga. Usted sabe, Sr. Jefe de Gobierno, que este banco no era BPA.

Los americanos exigían control de efectivo en los ingresos bancarios. El Gobierno de aquel momento, del cual usted formaba parte, actuó con negligencia, y eso tuvo como consecuencia la caída de BPA y la grave debilitación de todo el sector. Ante una advertencia de la magnitud de la que hablamos, un gobierno responsable tendría que haber activado todos los mecanismos para satisfacer las exigencias de los americanos.

Quizás lo hicieron para salvar el banco de los dieciséis millones, o porque la policía patriótica española ya había actuado, o por las dos cosas, el caso es que se sacrificó la BPA como chivo expiatorio para "salvar los muebles", como usted mismo declaró en La Vanguardia recientemente. Meses después se aclaró todo cuando Anton Smith, agregado de Economía en la embajada americana en España y Andorra, afirmaba contundentemente que la razón de la emisión del 311 fue la respuesta inadecuada del Gobierno de Andorra a la carta que les habían remitido. Le sugiero que vea el vídeo explicativo.

Inmediatamente se puso en marcha toda la maquinaria del Estado: intervención del jefe de gobierno culpabilizando al banco, detención preventiva de Joan Pau Miquel durante cerca de dos años, personación del Gobierno como actor civil contra BPA, declaraciones de ministros y políticos criminalizando al banco y una furibunda campaña mediática a veces clamando patriotismo. Lo hicieron todo para generar la animadversión contra el entorno BPA, y lo siguen haciendo a través de sus peones. En ningún momento se apeló a la presunción de inocencia; el Estado quería que BPA fuera culpable, lo necesitaba para ocultar su negligencia y sus posibles prácticas espurias con el fin de "salvar los muebles" y, quién sabe si, también, por alguna revancha pendiente.

Lo que no se quiso en la intervención de BPA fue salvar los muebles de la entidad. Parece, pasados estos años, que se entregó el banco desinformando a los americanos sobre determinados casos ya judicializados y reportados por el propio banco al regulador —el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (Inaf)—, confiando en que, una vez intervenido, encontrarían de todo. No fue así y es por esta razón que contrataron Price Waterhouse, pagándole decenas de millones de euros por un análisis de cuentas nunca visto de esta magnitud en toda la historia de la banca.

Estos gastos fueron el inicio de una gestión catastrófica, que continuó con la errónea decisión de optar por la resolución de la entidad, que era solvente, tal y como afirma el peritaje independiente que figura en autos administrativos de la Batllia. Siguió el proceso de venta del banco por 30 millones de euros, de los cuales finalmente Flowers sólo pagó tres. También la pérdida por falta de respuesta por la venta de las filiales más valiosas, Banco Madrid y BPA Panamá, por las cuales se habrían obtenido cantidades multimillonarias.

Una importancia destacada tiene el asunto de los CoCos, que reportó un beneficio para Vall Banc —y de rebote a JC Flowers— de cerca de 85 millones de euros y la consiguiente pérdida para lo que quedaba de BPA, en manos de la AREB. Se interpuso una querella por este hecho y el fiscal general, tan hiperactivo para atacar todo lo referente a BPA, aunque tenga que recorrer toda América Latina —eso sí, solamente para ir en contra de BPA, nunca contra otros bancos—, se opuso y pidió el archivo. El juicio no avanza y hace años que no practican las pruebas solicitadas por el querellante. En este vídeo corto encontrará una explicación más completa.

Como, curiosamente, tampoco avanza el caso Valora, que ha quedado relegado al limbo de la justicia andorrana. Valora fue una estafa de más de 20 millones de euros con centenares de afectados. La justicia no actúa desde hace cerca de 10 años. ¿Quién habrá detrás, que no permite que progrese nada? Permítame decirle, Sr. Jefe de Gobierno, que cuando la justicia está en el limbo, la democracia también lo está, y eso es lo peor que le puede pasar a un estado de derecho.

Estas y otras actuaciones, como mínimo negligentes, por parte del Gobierno y de sus representantes, han ocasionado pérdidas inmensas a la entidad. Este, Sr. Jefe de Gobierno, es un punto clave: el Estado no quiere asumir su responsabilidad en esta desgraciada gestión, tiene que encontrar a un culpable. ¿Y sabe por qué? Porque si no, el culpable es él. Lo es por la desastrosa actuación ante la amenaza de los americanos, y lo es por su devastadora intervención en la resolución y gestión de BPA.

La maquinaria del Estado está en marcha con todo su poder sobre los medios, la Fiscalía, el poder legislativo y la justicia. La connivencia pasa por nombramientos de piezas afines desde el Consejo Superior al Tribunal Constitucional, pasando por allí donde puede, que es mucho.

Sabemos que, cuando se habla de este tema, se invocan la separación de poderes y la independencia de la justicia. ¡Qué falacia, Sr. Jefe de Gobierno! Se ensañan con todo lo que tiene que ver con BPA y no actúan cuando las mismas acciones las cometen otras entidades andorranas. Eso ha valido una queja al CSJ y una querella por prevaricación contra el fiscal general, el Sr. Alfons Alberca. Podrá observar en este enlace cómo, en casos muchas veces idénticos, la Fiscalía actúa enérgicamente contra BPA y omite cualquier intervención si se trata de otros bancos. No es casual, obedece a una estrategia buscada y diseñada desde muy altas instancias. Y no se puede esgrimir que hay muchos casos abiertos gravísimos. ¿Sabe por qué? Porque cuando es contra BPA se vuelven gravísimos, pero en los mismos, si son de otros bancos, la justicia no actúa. Por lo tanto, o no eran gravísimos o se omite la obligación de perseguir los delitos, y eso sería prevaricar, tal como se denuncia en la querella contra el fiscal general.

Esta agresividad contrasta con la situación judicial en España, donde todos los casos han sido absueltos o archivados. Cada una de las sentencias favorables en torno a BPA tendrían que haber sido recibidas con satisfacción por parte del Gobierno, porque era la prueba de que se habían hecho bien las cosas, que Andorra lo hacía bien. Pues no, ustedes lo silenciaban y sus peones no tardaban en replicar. Esta es otra prueba de su arbitrariedad, la maquinaria necesitaba condenas en España, pero nadie fue condenado. Ahora tienen urgencia en juzgar y condenar. Hay que hacerlo deprisa porque el caso Emperador-Gao Ping ya ha definido el perímetro de acusaciones y estas son de materia fiscal, por lo tanto, no delictiva en nuestro país en el momento de los hechos.

La estrategia, orquestada vaya a saber en qué oficinas, es clara: hay que encontrar a un culpable que pague los platos rotos, y todo vale. Se pondrán todos los medios para conseguirlo. El Consejo Superior de Justicia acaba de inadmitir a trámite un escrito que manifiesta la arbitrariedad con la que actúa la Fiscalía General. La táctica es diáfana, cada pieza tiene que hacer lo que se le encarga. Y lo más urgente es cerrar la causa 81 con una sentencia que permita encontrar culpables que paguen. Los verdaderos culpables, Sr. Jefe de Gobierno, son los que, a causa de su negligencia ante la amenaza de los americanos y la posterior horrible gestión de la crisis que provocaron, han generado este descalabro económico y social.

Sé a lo que me expongo expresando lo que espero que esté leyendo. Empezando por los ataques en los medios y en las redes. (Le recuerdo que un ministro suyo fue condenado por injuriarme a mí y a mi hermano en una red social y usted lo ratificó como ministro justo después; por mucho menos habría dimitido o sido cesado en cualquier gobierno democrático). Sin olvidar todas aquellas piezas que tienen bien situadas en el tablero de la justicia y de la Fiscalía, dispuestas a acatar lo que el Gobierno necesite.

Han hecho de este caso una razón de estado. No hay peor abuso de poder que valerse de esta razón. El Estado nunca puede ser pretexto para aplicar una justicia singular por encima de los principios de legalidad; no en una sociedad democrática. La justicia tiene que ser independiente y libre. Es, justamente, la última resistencia contra los abusos.

 

Reciba, Muy Ilustre Señor Jefe de Gobierno, la expresión de mis sentimientos más respetuosos.

 

Ramon Cierco Noguer