Con el fin de comprender las diversas posiciones y propuestas ante el conflicto lingüístico en las escuelas, primero hay que definir bien el contexto sociolingüístico y político en el que se produce este conflicto.
Los datos sociolingüísticos son inequívocos: nos encontramos en pleno retroceso en el uso social y en el uso escolar del catalán. Por otra parte, desde hace décadas, la inmersión lingüística retrocede dando lugar a un bilingüismo de hecho, ante la pasividad de los sucesivos gobiernos de la Generalitat.
A su vez, la derecha y la extrema derecha, con la connivencia judicial, ejercen por todos los Països Catalans una presión continuada para imponer más presencia del castellano en detrimento del catalán. Este hecho se produce con la colaboración activa o la permisividad de los sucesivos gobiernos españoles, tratándose, pues, de una política de estado.
La sentencia del TSJC que impone el 25% de castellano en el conjunto de las escuelas no es la primera: en la última década, casi 80 centros escolares ya están aplicando este porcentaje por imperativo judicial, sin que ningún Govern de la Generalitat se haya opuesto a todo esto.
Ahora que quedan pocos días para el cumplimiento del plazo dado por el TSJC al Departament d'Educació para la aplicación del 25% de lengua castellana en todo el sistema educativo, habría que esperar por parte del Parlament y del Govern de la Generalitat una respuesta, conjunta con la comunidad educativa, para defender la inmersión lingüística ante estos ataques a la escuela catalana y oponerse a la aplicación de la sentencia.
En un contexto de regresión en el uso social y escolar del catalán, una conjura parlamentaria, de espaldas a la mayoría social favorable a la inmersión, legisla en favor del uso vehicular del castellano acabando así con la inmersión lingüística
Nada más lejos de la realidad, nos encontramos con un acuerdo del Govern, ERC, JxCat, PSC y comuns, sin diálogo ni negociación con la comunidad educativa y excluyendo a la CUP-NCG, basado en dos instrumentos: una ley que incluye el castellano como lengua curricular, es decir, vehicular, dado que podrá ser utilizada en materias diferentes a la del aprendizaje del idioma como impone el TSJC en su sentencia, y un decreto que deja en manos de cada centro determinar en su proyecto lingüístico cuál será la presencia del castellano y del catalán que se aplicará, abriendo la puerta a la segregación escolar por motivo de lengua y debilitando la función del catalán como lengua común y de cohesión.
En un contexto, pues, de regresión en el uso social y escolar del catalán, una conjura parlamentaria, de espaldas a la mayoría social favorable a la inmersión, legisla, postrándose a la sentencia, en favor del uso vehicular del castellano, acabando así con la inmersión lingüística.
El cinismo y la hipocresía que acompañan a esta operación tienen pocos límites, y, en su defensa, sus promotores y promotoras no se privan de decir que todo es para defender la inmersión lingüística y para proteger a los equipos docentes, ni de mentir argumentando que son medidas dialogadas con la comunidad educativa. El PSC, sin embargo, no deja de recordarles que se trata de medidas para garantizar el uso vehicular del castellano y no aplicar la sentencia del TSJC.
La situación, desgraciadamente, no es nueva. Hace tiempo que ERC y JxCat han abandonado la confrontación con el Estado en la defensa de nuestros derechos colectivos y toda pretensión de soberanía para ejercerlos. Muy al contrario, han apostado claramente por la gestión de sus intereses autonómicos y por la estabilidad institucional, rehuyendo el conflicto, asumiendo claudicaciones y renuncias, y haciendo suya la "agenda del reencuentro", con el PSC como gran aliado. Ahora también con la lengua. ERC, JxCat y el Govern de la Generalitat forman parte del problema, y sostienen un statu quo que tenemos que confrontar y superar si queremos defender la lengua, la escuela catalana y los derechos colectivos.
El derecho a la lengua catalana, también en la escuela, como lengua común y compartida entre las diversas comunidades lingüísticas de los Països Catalans, es un derecho fundamental al cual no podemos ni queremos renunciar, por lo que tenemos que luchar con uñas y dientes.
Tenemos que confrontar la sentencia del TSJC aplicando la legislación catalana actual, o, si hay que remacharla, con nueva legislación que establezca con claridad el catalán como única lengua vehicular, y que establezca un único proyecto lingüístico en el conjunto del sistema educativo evitando así la segregación escolar en razón de lengua. Además, también hay que revertir los recortes en la educación y garantizar los recursos necesarios para una escuela verdaderamente inclusiva en que la inmersión se pueda aplicar con garantías de éxito.
Esta confrontación, sin embargo, no puede ser sólo institucional, es necesario que vaya acompañada por una movilización nacional y local, por todos los Països Catalans, que nos dote de una hegemonía que haga inaplicable esta sentencia y las que puedan venir.
Nos jugamos la lengua y nos jugamos el país.
Carles Riera, diputado de la CUP-NCG