Los discursos de Fin de Año de los diferentes presidentes autonómicos se han convertido en una tradición política y mediática. Cada vez son más sofisticados audiovisualmente y, cada vez más, intentan visibilizar que su administración autonómica tiene una institucionalidad de la que, hasta hace poco, o no eran conscientes, o no querían ejercer, o incluso renegaban. El president Pujol siempre explica que durante una visita a Extremadura a principios de los noventa (en plena reivindicación del traspaso de las competencias de seguridad a favor de los Mossos) un alto mandatario del PSOE extremeño le dijo: “no queremos que tengáis policía propia; no porque nos neguemos a que la tengáis, sino porque nosotros no la queremos para nosotros”. Durante mucho tiempo, el mal llamado “café para todos” autonómico no era exactamente una petición de nuevos recursos para unos, sino la negación para otros, especialmente en Catalunya.

El caso es que muchas autonomías han pasado de repudiar determinadas competencias (básicamente por el coste que comportaban) a simular que también tienen una singularidad propia que las hace merecedoras de hacer discursos de Fin de Año desde unos palacetes presidenciales, emitidos en canales de televisión autonómicos públicos, a los que todo el mundo se ha apuntado rápidamente. Es más, la tradición de hacer estos discursos de Fin de Año fue inventada a mediados de los años 80 por el president Pujol y el lehendakari Garaikoetxea aprovechando, precisamente, la creación de TV3 y Euskal Telebista como televisiones nacionales de Catalunya y Euskadi. Lo que entonces —y durante muchos años— fue criticado y ridiculizado, hoy es un formato imitado con fruición, normalidad y un punto de soberbia y fanfarronería.

Cuando los presidentes autonómicos piden “ni un euro más pero tampoco menos” obvian que, precisamente, llevan años recibiendo más

Y en cuanto al contenido de estos discursos, este año, como muchos de los últimos, la mayoría de los mandatarios han tenido un frente común: Catalunya. En esta ocasión, el pretexto ha sido la posibilidad (aún inconcreta) de un nuevo modelo de financiación que, resumido brevemente, supondría que la Generalitat dispusiera de un poco más del dinero que generan los catalanes con sus impuestos y que nunca acaban de retornar, por aquello del déficit fiscal. Según los últimos cálculos, los ciudadanos de Catalunya pagan en impuestos unos 75.000 millones de euros y, a cambio, reciben en servicios, inversiones y otros gastos públicos unos 55.000 millones de euros. Estos 20.000 millones de euros de diferencia, que suponen más o menos el 8,5% del PIB catalán, es lo que en términos académicos se conoce como déficit fiscal, aunque otras voces prefieren hablar de expolio. Por el contrario, la mayoría de las comunidades autónomas, como Extremadura, Andalucía, Asturias, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, son beneficiarias netas de este sistema. Es decir, cada año, estos territorios perciben más dinero del que recaudan en forma de tributos.

Buena parte de los presidentes de estas comunidades son los que han salido con un mismo mantra: “no queremos ni un euro más que el resto, pero tampoco menos” (que Catalunya). Bien, esta es una reivindicación imposible de cumplir, porque esto es exactamente lo que ha pasado históricamente debido a esta descompensación en las balanzas fiscales: cada año sí que reciben más euros que el resto. La solidaridad territorial puede ser justa o injusta, pero lo que sí que es seguro es que existe, y esto comporta, necesariamente, que si hay territorios que aportan más de lo que reciben, tiene que haber otros que reciben más de lo que aportan. De esta manera, pues, ha comenzado la larga campaña política contra la consecución de aquello que, a ojos de la mayoría de la sociedad catalana (vote lo que vote), parece una cuestión de justicia: que se vaya secando la diferencia entre lo que se paga y lo que se recibe.

Hace casi 20 años que el Estado español no publica los balances fiscales; y no por incapacidad logística sino por voluntad política

De todas maneras, hay un hecho previo tan importante como necesario y que es el punto de partida de la negociación: la publicación, por parte de la administración española, de estas balanzas fiscales. Todos estos cálculos sobre las diferencias en aportación fiscal de las comunidades autónomas se han hecho o bien desde las mismas instituciones (como la Generalitat) o desde el mundo académico, pero el Estado hace casi veinte años que no explica cómo se reparten el dinero entre los territorios del Estado. No es una forma de hablar: desde el año 2008, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, España no hace públicas las balanzas fiscales. Teniendo en cuenta que la Agencia Tributaria es una de las maquinarias más precisas de Europa, y que cada año sabe con una exactitud decimal cuántos euros hemos recibido y cuántos hemos declarado, no es difícil pensar que más que una cuestión de capacidad logística, las cifras no se hacen públicas por razones políticas. Y más concretamente, por no evidenciar la disparidad territorial que podría dar argumentos objetivos a reivindicaciones nacionales.

Si tan convencidos están de lo que dicen, la primera petición que deberían hacer estos presidentes es sumarse a la petición de transparencia y que, de manera unánime, pidan la publicación de los balances fiscales. Y que, entonces, repitan que “no quieren ni un euro más, pero tampoco menos”. Porque, más allá de Catalunya, el País Valenciano y las Islas Baleares son las otras dos demarcaciones más perjudicadas por el déficit fiscal. Dicho de otra manera, los Países Catalanes son la región más descompensada económicamente, y sin esto no se explicaría ni la degradación de los servicios públicos (además de otros factores) ni la existencia de estos mismos servicios públicos en otros puntos del Estado que, por sí solos, no se los podrían permitir. Así que la próxima vez que aparezca un presidente autonómico pidiendo que Catalunya no reciba un trato fiscal más justo está, precisamente, invocando una desigualdad que —entre otras cosas— le ha permitido crear la televisión pública desde donde está emitiendo el mensaje.