La violencia siempre acostumbra a referirse a otro con el objetivo de desacreditarle en tanto que bárbaro y salvaje. Hay pocos estados del planeta que ―a pesar de contar con un ejército y una policía que ostente el monopolio exclusivo de la coacción contra los ciudadanos― adjetiven los procedimientos de sus respectivos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado como violentos. Por otro lado, en un mundo en el que los conflictos armados a gran escala van de capa caída, la violencia busca refugio en los discursos; justificar alegremente una forma de violencia policial como la que ha ejercido la administración española contra los ciudadanos catalanes con la inestimable ayuda de los Mossos, por ejemplo, puede llegar a tener un carácter mucho más forzoso y brutal que no el hecho de propinarle una hostia a un manifestante. El monopolio y el uso de la violencia, en definitiva, es hoy sobretodo patrimonio de los aparatos políticos del estado que pueden determinar qué o quién resulta violento.

Que la violencia haya irrumpido hace ya muchos meses en el debate político catalán es una noticia a celebrar, puesto que los electores son bien conscientes de que la coacción ruda va mucho más allá de quemar contenedores y puede ejercerse desde ámbitos de aparente legalidad como los tribunales o el poder ejecutivo. Que Jordi Cuixart sea condenado a un delito de sedición por los hechos acaecidos en Vicepresidència de hace dos años es una forma de brutalidad que supera una tonelada de balas de foam. Que la administración catalana viva con una tranquilidad sabatina el hecho que se haya vaciado la zona ocular de cuatro conciudadanos y destrozado el testículo de otro más es un forzamiento del respeto debido a los electores del país que provoca mucho más dolor que un golpe de porra en el trasero. Ahora sabemos, de hecho, que toda la dinámica autonómica se ha basado en la premisa coercitiva según la cual la autodeterminación conllevaría un estallido de violencia por parte del Estado.

Si alguna violencia se vive en Catalunya es la de unos políticos que hablan como beatas y que han comprado el vocabulario de los represores como si fueran los alumnos más aplicados de un vehemente españolismo

Que tras haber sufrido formas inauditas de represión judicial y política en la Europa (in)civilizada los líderes catalanes todavía medio pidan perdón por el hecho que unos ciudadanos corten la AP-7 durante unas horitas nos indica hasta qué punto el procesismo lleva muchos meses intentando cerrar un pacto neo-autonómico con el Estado que relegue la independencia a un asunto de excursión y sardanas. A base de impostar un pacifismo de pacotilla que no compraría ni una monja de clausura (y de excusar vergonzosamente la violencia policial, insisto), Junts pel Sou y Esquerra han comprado el relato español según el cual las manifestaciones ciudadanas deben de inscribirse en la problemática del orden público. Pero si alguna violencia se vive en Catalunya es la de unos políticos que hablan como beatas y que han comprado el vocabulario de los represores como si fueran los alumnos más aplicados de un vehemente españolismo.

Ahora sólo falta saber si recompensaréis la violencia ―discursiva y física― de nuestros líderes para con el pueblo cometiendo el sadomasoquista acto de votarles. Este es el único interés que, a mi modo de ver, tienen estas nuevas elecciones que han montado los españoles el próximo noviembre. Antes de ir a votar, recordadlo: de momento, hay cuatro ojos y un testículo menos. De vosotros depende que les salgan gratis a los responsables.

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