El bullicio de estos últimos días en las calles de Barcelona ha servido para dinamitar el pacto tácito que el procesismo selló con las élites políticas de Madriz, consistente en fingir grandes cascadas de ira por la sentencia mientras se pretendía pactar en sordina una reducción de penas. El estallido de fuego en las calles ha provocado que Pedro Sánchez se haya disfrazado torpemente de policía y que Gabriel Rufián, en un intento desesperado para arrodillarse ante el PSOE, afirmase que también hay fascistas que llevan esteladas. Los partidos procesistas han visto que la gente, especialmente los jóvenes, cada día protestan menos por la sentencia y gasta más tiempo acusando a los políticos de tibiez y de ganas de mantener la poltrona. Por si quedaban dudas, el inefable Tardà se ha encargado de decirnos que la actual crisis podría solucionarse… con la varita mágica de ERC liderando el Govern de la Generalitat.

Como decíamos ayer, la virtud de este tiempo caótico ha sido el demostrar que las amenazas represivas por parte del Estado ―ya sea en forma de 155, de toda cuanta ley de seguridad nacional o con las balas de foam de los Mossos― sólo han hecho que aumentar la futura ingobernabilidad de España. Los partidos catalanes han intentado contrarrestar el vacío de poder con una nueva apuesta por una resolución simbólica a favor de la autodeterminación, una ley pomposa que será impugnada porque cualquier ley emitida en el Parlament caerá en el saco de los tribunales españoles. Afortunadamente, la población catalana asiste a todo este teatro con la misma incredulidad (y buen humor) que los gags de Quim Torra en el 30 Minuts cuando, tras constatar un silencio administrativo de Moncloa, espeta Quins collons impostando indignación. ¡Qué mal teatro!

¿Qué relevancia tienen los diputados catalanes en Madriz si estando allí en la actualidad han colaborado activamente en la represión contra sus electores? 

A diferencia del 1-O, cuando centenares de piolines atacaron a los electores que se disponían a votar, ahora es la propia policía catalana la que lidera los mandobles. Es un hecho probado que los partidos que conforman el Govern son cómplices de la represión contra la ciudadanía, y este solo hecho bastaría para que la población les negara el voto de cara al 10-N. ¿Con qué legitimidad pueden pedir el voto para el Congreso Esquerra Republicana de las Españas y Junts Pel Sou? ¿Qué relevancia tienen los diputados catalanes en Madriz si estando allí en la actualidad han colaborado activamente en la represión contra sus electores? A servidor le ha resultado muy difícil comprender cómo los ciudadanos catalanes han podido continuar fieles a los partidos que les mintieron sistemáticamente en las promesas de aplicación de independencia tas el 1-O. Pero que les voten tras esta escalada represiva ya sería la rehostia.

La independencia siempre será una posibilidad altamente remota si el electorado soberanista no dinamita las estructuras de poder que pretenden establecer un pacto entre el procesismo y el actual o futuro inquilino de Moncloa. El futuro reto ha de sobrepasar a los partidos, incluida la CUP, que se ha sumado a la petición de amnistía copiando la mala praxis catalanista de pedir en Madriz aquello que no ha sabido defender en casa. Sé que, de momento, eso parece imposible. Pero sólo lo apunto, para futuros artículos: ¿qué os parecerían dos millones de votos en blanco en las próximas elecciones generales?