Ante los enésimos lamentos mortuorios por la inmersión y el catalán en la escuela, pondremos un poco de luz a la histeria fúnebre de la tribu. Empecemos con lo más elemental: la imposición del 25% de español en las aulas (como, de hecho, todas las sentencias precedentes de la judicatura enemiga con respecto a la lengua) nunca se cumplirá. Puedo asegurar que la amenaza del TSJC no será efectiva por el simple hecho de que la administración española cuenta solo con dos inspectores para vigilar y auditar los programas escolares de los cientos de institutos que hay en el país. Este par de almas funcionariales dejadas de la mano de Dios son un producto del pacto del Majestic entre Pujol y Aznar: reduciendo a los inspectores casi a la nulidad, el 126 se aseguró de que la administración española nunca podría meter mano a la inmersión y el presidente que los jueces irían corrigiendo la omnipresencia del catalán en la escuela (que el PP catalán, por cierto, encontraba la mar de bien), aun amparando casos muy aislados.

Hay que detenerse en este punto del pacto del Majestic, pues explica muy bien el núcleo procedimental de cómo Barcelona y Madrid aprovecharon la autonomía para vender las respectivas motos, hacer un poco de ruido, y que nadie se acabara haciendo daño. Pujol sabía que la mejor forma de contrarrestar la legalidad española era fortificar una idea de poder inmune en Catalunya mientras intentaba que CiU fuera imprescindible en el Congreso (por eso nunca osó cambiar el Estatuto de Autonomía y siempre intentó arrasar en el Parlament, haciéndose necesario en Madrid). Aznar entendió perfectamente que el tema de la inmersión era un asunto menor en la política española y escuchó muy bien la perfecta transición musical de sus bases cuando pasaron del “Pujol, enano, habla castellano” al “Pujol, guaperas, habla lo que quieras”. El 126 sabía que no podía contrarrestar la fuerza de Madrid y sus togas a través de una administración española como es la Generalitat; lo importante era tener poder.

Si nos alejamos del foco llorica del procesismo con este famoso porcentaje, aquí lo importante es hablar de la otra cara de la moneda de la que nadie habla: un 75% de catalán en las aulas que sabemos a ciencia cierta que la Generalitat no está haciendo respetar

La historia nunca se repite de la misma manera; en la actualidad, y con Ciudadanos preparando su propio funeral, el PP ha abanderado la lucha contra la inmersión (que se practica religiosamente, by the way, en el país de su máximo mandatario), los partidos catalanes no tienen ninguna idea de país ni de poder que sustente su demagogia, y los convergentes envían a Madrit a unas chicas bien extrañas que no servirían ni para camareras. La estructura del autonomismo, a su vez, se repite con el plus de una judicatura mucho más politizada que hace lustros. Pero de los fantasmas de la repetición del pasado emergen las particularidades de un nuevo presente. Sin referentes políticos y trinchada por las mentiras del procés, la población catalana ha recibido la noticia del 25% con una madurez y determinación muy positivas: tanto la comunidad educativa como los padres de la nación han entendido que eso de nuestra lengua, como siempre ha pasado, lo salvaremos los ciudadanos.

De hecho, sabemos a ciencia cierta que muchos institutos del país (especialmente del Àrea Metropolitana de Barcelona) irían de rodillas hasta Montserrat si nuestra patrona les asegurara que el español sólo tiene un 25% de presencia en sus aulas. Si nos alejamos del foco llorica del procesismo con este famoso porcentaje (la inmersión, insisto, no peligra por un cuarto del temario en español ni por añadir una troncal en el idioma del enemigo en el plan de estudios, como servidor la tuvo en cada uno de sus años formativos), aquí lo importante es hablar de la otra cara de la moneda de la que todo el mundo calla: a saber, un 75% de catalán en las aulas que sabemos a ciencia cierta que la Generalitat no está haciendo respetar. Esta es la pregunta incómoda que hay que hacer a la clase política. ¿Por qué no se cumplen los porcentajes que marca la ley? ¿Qué directrices siguen los inspectores de la Generalitat —que no son dos, ni tres, ni cuatro— para que la inmersión se acabe cumpliendo en las aulas?

Si hablamos de cifras (tema menor, insisto; pues la lengua no responde a cuotas, sino a una idea de fondo que la fortifique, proveniente de la política), a mí lo que me exalta es este 75% de catalán que todo el mundo sabe ficticio, pero que la administración no puede ni asumir sin que le queden las costuras a la vista. Si os preocupa el catalán, en definitiva, preguntad a vuestros responsables por este 75%. Entiendo que dé mucha pereza hablar con los farsantes que, justo hace cuatro días, habían aprobado los presupuestos al PSOE a cambio de blindar la lengua y de no sé qué cachondeo de los subtítulos en Netflix. Acto seguido, cuando la respuesta sea el silencio, preparaos para no votarlos nunca más y procedamos cuanto antes a una regeneración de la clase política tribal. Pues si la medida de nuestro poder la marca esta gente, como os podéis imaginar, será mucho mejor que nos vayamos apuntando a clases de chino. Que cumplan el 75% y, si no pueden, que se piren.