La Policía Local de Alicante comenzaba esta semana a aplicar la conocida "ordenanza de la vergüenza", que consiste nada más y nada menos que en poder multar con sanciones de hasta 3.000 euros a las personas sin hogar que "ocupen espacios públicos".
El equipo de gobierno de Alicante, formado por PP y Cs, anunció el pasado mes de febrero que llegarían la aprobación definitiva de la ordenanza en cuestión (llamada oficialmente "de convivencia cívica") a un pleno extraordinario que se celebraría el pasado 15 de febrero. Y así fue.
El concejal de seguridad, José Ramón González defendía la norma considerando que era "justa, útil y solidaria para hacer de Alicante una ciudad mejor y más segura". Afirmaba que la medida era demandada por los propios alicantinos.
Sin embargo, durante meses, antes de la aprobación de esta norma en el Ayuntamiento, habían sido muchas las manifestaciones de distintos colectivos que exigían la retirada de la ordenanza de la vergüenza. Miles de personas han venido criticando que solamente se recojan medidas coercitivas contra las personas más vulnerables, en lugar de plantear refuerzos sociales para sacarles de su situación. La iniciativa, según los distintos colectivos que la señalan como vergonzosa, favorece el uso discriminatorio de los espacios de la ciudad y criminaliza a las personas más vulnerables.
Las consecuencias de aplicar esta medida son diversas y todas nefastas para las personas que, lejos de merecer multas, lo que necesitan son ayudas. ¿Dónde van a estar estas personas si no pueden estar, ni siquiera, en las calles? ¿Qué ocurre cuando se sanciona a una persona sin recursos y se le impone una multa de hasta 3.000 euros?
Pagamos impuestos para que todos tengamos lo más básico; no para que desde las instituciones se asfixie a los más vulnerables
La respuesta a esta pregunta es clara: cuando a una persona se le impone una multa y no puede pagarla, aparecerá registrada como deudora para la Administración, lo que supondrá que no pueda acceder a ayudas sociales. Por no hablar, además, de que esas multas impagadas pueden generar intereses de demora, por lo que una multa impuesta iría aumentando con el paso del tiempo, asfixiando más aún a la persona en situación de vulnerabilidad.
La ordenanza de la vergüenza es de una injusticia tan evidente, que clama al cielo. Por eso, Unidas Podemos acudió a la justicia para denunciarla y el pasado 7 de abril se conoció la admisión a trámite en el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana. En el recurso, Unidas Podemos considera que se limitan los derechos de las personas sin hogar y de las mujeres que ejercen la prostitución.
Pero la ordenanza de Alicante no es la única y ni siquiera es nueva. Ya se puso en marcha anteriormente y fue en 2015 retirada cuando se desalojó al Partido Popular del gobierno. La propia Federación Española de Municipios y Provincias lo plantea como una propuesta mediante la sanción a las personas que duerman en la calle o que busquen en la basura .
En Barcelona, en San Sebastián de los Reyes, en Segovia o en Puerto de Santa María también existen elementos de exclusión social, según Eduardo Melero, investigador que ha realizado un estudio sobre las ordenanzas locales como instrumento de exclusión social.
Sobre la primera pregunta que me planteaba, Gonzalo Caro, coordinador de la unidad de causa de Hogar Sí, la responde: a día de hoy no existen en España suficientes plazas para alojar a todas las personas sin hogar, por lo que la pregunta se responde sola. Las personas que duermen en la calle no tienen, en muchos casos, otra opción. ¿Cómo se puede llegar a pensar en multar a alguien que se encuentra en estas terribles circunstancias?
Lo político no puede alejarse de esta manera de lo necesariamente humano. Creo que sobran palabras para relejar el sentimiento que todos compartimos: pagamos impuestos para que todos tengamos lo más básico. No para que desde las instituciones se asfixie a los más vulnerables.