Lo que estamos viviendo estos últimos años parece estar desbordando cualquier previsión que pudiera plantearse. La pandemia nos ha pillado a todos absolutamente despistados y ha hecho que cada cual intente entender, asimilar y reaccionar como buenamente puede ante la cantidad de cuestiones de incuestionable relevancia que nos han caído encima.
De pronto, el miedo, la incertidumbre, y las medidas que hemos tenido que ir cumpliendo han sido la principal prioridad de nuestros hogares. Lo demás ha pasado a un segundo plano y cada cual, ha intentado decidir con base en su mejor voluntad.
Sin embargo, los daños están aquí y tardaremos tiempo en comprender su magnitud. No solamente los que han tenido que ver con nuestra salud, que han sido muchos y no únicamente a causa de este nuevo virus que ha venido a coparlo todo, sino porque la sanidad pública ha colapsado y son cientos de miles las personas que han visto cómo sus enfermedades, sus problemas de salud han quedado relegados suponiendo un aumento de su preocupación.
Los debates que se han suscitado en la esfera pública sobre la posibilidad de acceso universal a la atención sanitaria también pasarán factura. Lo veremos, puesto que toda la situación de caos generada supondrá una reconfiguración del sistema público. No tengo duda de ello, puesto que la gestión privada está aprovechando cada minuto para sacar provecho de las debilidades de la gestión pública. Una batalla que muy probablemente perderemos, puesto que nos han dividido y ha calado en buena parte de la sociedad aquello de que no todo el mundo debería tener derecho a ser atendido en igualdad de condiciones.
Lo decía esta semana el análisis de The Economist sobre la situación de las democracias en el mundo. De los 167 países que han analizado, concluyen que en términos generales se ha producido un retroceso en los dos últimos años causado por las medidas tomadas a causa de la pandemia. Y que se ha producido, esto me parece importante, una división en la sociedad entre quienes han asumido sin cuestionar nada el avance expansivo del Estado en la esfera individual, y la contraposición por parte de quienes defienden la libertad individual y su capacidad para tomar decisiones.
La ruptura social está sobre la mesa, ya lo avisó Owen Jones cuando señalaba que el consenso social del comienzo de la pandemia se estaba rompiendo en Reino Unido. Decía el analista político que era un error considerar que la gente que se estaba quejando por las decisiones gubernamentales era "antivacunas" o "negacionista". Y en mi opinión, tenía toda la razón.
Se ha producido una división en la sociedad entre quienes han asumido sin cuestionar nada el avance expansivo del Estado en la esfera individual, y la contraposición por parte de quienes defienden la libertad individual y su capacidad para tomar decisiones.
El tiempo pondrá y quitará razones. Pero lo que tengo claro es que el debate social es necesario y no se está dando lugar a ello. La política sigue en su vorágine de lucha de partidos, mientras la sociedad está planteando unas cuestiones de calado profundo sobre su percepción de lo público, de los derechos y libertades y sobre todo, de hasta dónde puede inmiscuirse el Gobierno de turno en lo que tiene que ver con tu libertad individual.
Esta semana hemos visto cómo la intervención de Joan Ramón Laporte en la comisión de la gestión de las vacunas en el Congreso de los Diputados ha sido censurada por buena parte de los medios de comunicación. Señalaba El País como respuesta a la carta de un lector, que no habían dado cobertura a este hecho al no considerarlo "noticiable", puesto que este experto daba argumentos que iban en línea con los de los "negacionistas". Una manera de justificar una censura de la realidad, puesto que una intervención de semejante calado, que se ha hecho viral en las redes y ha corrido por los teléfonos móviles de medio país no debería considerarse como algo "no noticiable".
Otra cuestión puede ser que los intereses de los accionistas de estos medios de comunicación puedan verse comprometidos si dan voces a quienes les señalan directamente. Esa es la cuestión y deberíamos plantearnos de qué manera podemos acceder a conocer la realidad cuando los principales medios están sesgando la información necesaria que tenemos derecho constitucional a recibir. Una vez más se vulneran nuestros derechos más fundamentales.
Catalogar a un experto de negacionista cuando no lo es viene siendo la tónica habitual que se está aplicando a quienes sencillamente denunciamos la vulneración de derechos de toda la ciudadanía con la excusa de la pandemia y sin justificación real de base científica. Se nos acusa de ser "negacionistas" cuando no hemos negado la existencia del virus, ni su peligrosidad en ningún momento. Lo que denunciamos tiene más bien que ver con las garantías de los procesos, con el atropello al debate necesario.
A España la han rebajado a "democracia defectuosa" y ya no puede presumir de ser una "democracia plena" según lo que cataloga The Economist. Una colleja bien dada, no solo por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, sino por la cantidad de atropellos constantes que se vienen produciendo en nuestro Estado: la ley mordaza sigue viva, los exiliados catalanes siguen sin poder pisar España y la cantidad de censura y persecución a los que no piensan como "deberían" es una constante.
Se ha extendido el odio entre la población, azuzado por medios de comunicación que han abierto una batalla campal contra los no vacunados. También contra los vacunados que critican las medidas llevadas a cabo, muchas de ellas ineficientes en términos sanitarios y realmente dañinas en términos económicos y sociales.
Vivimos una distopía que evidencia lo absurdo de las órdenes y de quienes las siguen sin rechistar. ¿Quizás esto era parte del experimento?
Nos han dinamitado como sociedad y ahora es evidente que estamos cada vez peor: somos menos permeables a las opiniones contrarias a lo que creemos la "única verdad". Un panorama que entristece a quienes defendemos la democracia, la autodeterminación (la de los pueblos pero también la de sus habitantes), la del diálogo, la transparencia y sobre todo, la de garantizar los derechos de toda la población.
Es una pena que denunciar todo esto hoy nos ponga en la picota y nos tache como "negacionistas". Porque somos, precisamente, afirmacionistas de las libertades y la convivencia sana entre todos.